Se cumple una semana del repentino cambio en la secretaría de seguridad pública federal, por el cual llegó a esa posición el entonces subsecretario de Gobierno de la SG, Ramón Martín Huerta en reemplazo de Alejandro Gertz Manero que, en la versión oficial obtuvo del presidente Fox la autorización para jubilarse. En los hechos, como ya dijimos en este espacio, la razón de la salida de Gertz y su reemplazo por Huerta es sencilla: el gabinete de seguridad no funcionaba como tal prácticamente desde el inicio de este sexenio.
Se cumple una semana del repentino cambio en la secretaría de seguridad pública federal, por el cual llegó a esa posición el entonces subsecretario de Gobierno de la SG, Ramón Martín Huerta en reemplazo de Alejandro Gertz Manero que, en la versión oficial (que nadie creyó) obtuvo del presidente Fox la autorización para jubilarse.
En los hechos, como ya dijimos en este espacio, la razón de la salida de Gertz y su reemplazo por Huerta es sencilla: el gabinete de seguridad no funcionaba como tal prácticamente desde el inicio de este sexenio, por las evidentes diferencias existentes entre el propio Gertz con el procurador Rafael Macedo de la Concha, con el secretario de la Defensa, el general Vega García y también con el secretario de Gobernación, Santiago Creel, y particularmente (en esa dependencia) con quien resultó su sucesor, Ramón Martín Huerta. El área de seguridad nunca funcionó en forma homogénea y a eso se agregaron los enfrentamientos con los hombres que habían creado el sistema nacional de seguridad pública, el almirante Wilfrido Robledo Madrid y el ahora director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Genaro García Luna, todo ello en un contexto inocultable: la lucha por el control de un sistema nacional de seguridad pública que luego de un inicio, en el sexenio pasado, con increíble fuerza y enormes inversiones (que se reflejó en resultados), fue decayendo hasta convertirse en una máscara. En medio de esa decadencia, la insistencia desde la SSP en cambiar los equipos de comunicaciones del sistema, que (como los de la PGR y la Defensa e incluso los de las principales instituciones de seguridad estadounidense) son de la empresa francesa MATRA, por los estadounidenses de Motorola. Esa batalla política se decidió, la semana pasada con la salida de Gertz. Tan evidente había sido esa lucha que Gertz, que llegó a demandar penalmente a Robledo Madrid, García Luna y otros funcionarios de la anterior Policía Federal Preventiva, decidió no designar a nadie al frente de esa corporación policíaca y él mismo fungía, simultáneamente, como secretario de seguridad pública y comisionado de la PFP.
Pero si esos eran los graves problemas estratégicos que se daban en el área de seguridad pública desde el inicio del sexenio, mucho más grave era lo que estaba sucediendo en las últimas semanas en áreas neurálgicas para la seguridad, particularmente en los penales federales de alta seguridad como el de La Palma. Ya en el semanario Milenio, el 19 de enero pasado habíamos advertido que en La Palma se estaba preparando la fuga de importantes detenidos, como Osiel Cárdenas y Benjamín Arellano Félix, quienes estrecharon una sólida alianza en el penal (ambos fueron detenidos con pocas semanas de diferencia el año pasado) a la que se sumaron otros narcotraficantes importantes, secuestradores como Daniel Arizmendi (nadie quería asumir la defensa del llamado mochaorejas, hasta que Osiel gestionó la contratación de un defensor para el secuestrador que, desde entonces cambió radicalmente su actitud en el penal) e incluso algunos de los detenidos acusados de ser parte del EPR.
La operación política realizada por Osiel, secundado por Benjamín Arellano, en la cárcel de Almoloya fue notable: crearon una asociación de abogados defensores y de familiares; amenazaron y compraron; adversarios de dentro y de fuera del penal fueron asesinados o intimidados; organizaron las cosas de forma tal de tener el virtual control de buena parte de lo que sucedía en el penal al mismo tiempo que reclamaban por mayores derechos en él como si fueran especialmente hostigados. Cuando se dan las fugas de presos ligados a Osiel Cárdenas en los penales de Apatzingan y Matamoros organizadas por el principal brazo operador de Osiel, el grupo de Los Zetas (que ha penetrado ya no sólo en Tamaulipas, sino también en Nuevo León, San Luis Potosí, el norte de Veracruz, en Baja California y Michoacán) se comenzó a especular con que Los Zetas intentarían tomar el penal de La Palma para liberar a Osiel y Benjamín. Incluso semanas atrás cundió la alarma cuando Osiel, Benjamín y Arizmendi tomaron las oficinas del director del penal exigiendo mejores condiciones de detención. La advertencia era evidente, si tres de los principales delincuentes podían llegar a las oficinas del director del penal podían hacer cualquier cosa dentro de él. El hecho fue negado por la SSP, pero confirmado extraoficialmente por otras instituciones de seguridad pública federal, incluso con los detalles sobre lo ocurrido, lo que demostraba que el control interno del penal se había perdido.
En realidad, las investigaciones más recientes realizadas por la autoridades (y que fueron uno de los detonantes para el cambio de Gertz por Huerta) demostraron que si bien se han realizado numerosos proyectos y ensayos para evaluar la posibilidad de organizar una fuga tomando desde fuera La Palma, la posibilidad de que ésta se dé estriba, sobre todo, en el control creciente que ese grupo de detenidos tiene sobre el penal. El golpe que recibió una célula del cártel del Golfo en días pasados (un operativo que, insistimos, fue decisivo para el cambio en la SSP federal) con la detención de 13 personas y la incautación de varias viviendas, incluyendo una que funcionaba como un laboratorio de procesamiento de cocaína en plena Lomas de Chapultepec en la ciudad de México, permitió confirmar mucha información sobre cómo funciona esa red de comunicación y control dirigida sobre todo por Osiel Cárdenas desde la cárcel supuestamente de máxima seguridad: se descubrieron cartas con indicaciones muy específicas de Osiel hacia los miembros de esa célula (que entre otras responsabilidades estaba encargada de la comunicación con Osiel en la cárcel) y que van desde órdenes para ciertas operaciones financieras hasta indicaciones para ajusticiar determinados adversarios; teléfonos celulares enlazados con el que tenía Osiel en Almoloya; un par de armas cortas que se pensaba que serían entregadas al propio Osiel o a su gente dentro del reclusorio; direcciones de otros miembros de la organización e incluso elementos detallados sobre cómo, con quiénes y a qué costo, se estaba tomando el control, desde dentro de La Palma, utilizando exactamente los mismos mecanismos que le permitieron a Joaquín El Chapo Guzmán, tener el control interno de Puente Grande, hasta que en el enero del 2001 decidió fugarse de ese penal de máxima seguridad en Guadalajara.
Incluso el laboratorio descubierto en las Lomas, lo mismo que la red establecida en torno a él, permiten observar cómo funciona este esquema de protección y control. Para que el mismo sea viable se necesita dinero, mucho dinero: en la casa se encontraron dos millones de dólares en efectivo pero también quedó en claro que la mitad de la droga procesada en ese lugar era para el mercado, el narcomenudeo, de la ciudad de México (aquí, donde el procurador Bernardo Bátiz asegura que no está asentado ningún cártel de la droga) con el objeto de mantener la organización y obtener los recursos para la operación local y su enlace con La Palma. Se comprobó cómo desde la cárcel se daban órdenes para ciertos operativos locales y cómo por los mismos mecanismos, llegaban órdenes a los equipos externos para realizar no sólo actividades ligadas al narcotráfico sino también secuestros y otros "negocios" del crimen organizado.
El dinero es el que mueve los mecanismos de protección: los abogados en muchas ocasiones son los que garantizan la inmunidad de los detenidos, a través, precisamente de recursos que llegan a los más insospechados lugares (desde jueces y magistrados hasta personajes del palacio legislativo de San Lázaro, cuando ello es necesario), todo mientras los enlaces con los guardias de la prisión, vía la corrupción o el miedo, permite la operación sin mayores dificultades. Ahí está uno de los mayores problemas en términos de seguridad pública y una de las mayores desventajas de las autoridades a la hora de enfrentar estos desafíos. ¿Pueden romperse esas tramas? Sí, pero uno de los principales instrumentos para hacerlo, como sería la posibilidad de extraditar a algunos de estos personajes para romper de hecho esas redes, hoy parece bloqueado, precisamente por la intervención de muchos de estos intereses. Por lo pronto, una fuga de grandes capos del narcotráfico no es imposible, pero lo que sí es una realidad cotidiana es que ellos, en La Palma y en muchos otros penales del país, simplemente están teniendo el control interno y manejando, desde sus celdas, un buen porcentaje del crimen organizado. En esa historia se debe ahondar para descubrir muchas tramas ocultas o incomprensibles en el México de hoy.