Ya hemos dicho que los 20 puntos presentados por Andrés Manuel López Obrador el domingo pasado son un regreso a los tiempos, en el programa, en la forma y en el fondo, de José López Portillo. Por cierto, un atento lector me reclamaba una diferencia fundamental, decía, de éste López con su antecesor: la corrupción que rodeo a don José y que en su opinión no contamina a don Andrés. Lamentablemente no es así, el populismo y el estatismo, la política que no acepta rendición de cuentas, generaba antes y propicia ahora corrupción.
Ya hemos dicho que los 20 puntos presentados por Andrés Manuel López Obrador el domingo pasado son un regreso a los tiempos, en el programa, en la forma y en el fondo, de José López Portillo. Por cierto, un atento lector me reclamaba una diferencia fundamental, decía, de éste López con su antecesor: la corrupción que rodeo a don José y que en su opinión no contamina a don Andrés. Lamentablemente no es así, el populismo y el estatismo, la política que no acepta rendición de cuentas, generaba antes y propicia ahora corrupción. Por ejemplo, ¿de dónde salieron, operadores de primer nivel de quién, eran los Ponce Meléndez, los Bejarano, los Imaz, los Flores Millán?¿cuál de esos casos de corrupción fue denunciado, descubierto por el jefe de gobierno? ¿cuál de esos funcionarios fue realmente perseguido por esta administración?: porque el hecho es que unos están libres y operando, y a los otros aparentemente, con complicidad o negligencia, se los dejó escapar. Una pregunta más: ¿acaso el principal operador y movilizador del domingo no fue el mismo Bejarano que vimos en los videos?¿no es su esposa la diputada Dolores Padierna la que apenas el sábado quedó formalmente al frente de esa corriente perredista?.
Pero en el contexto de esa lógica paternalista, no hubo en el discurso de López Obrador, ningún punto de los 20 que presentó el domingo, en el que se extendiera más que en el del IMSS. Cualquiera pensaría que si se está hablando de un nuevo proyecto de nación, lo que haría el jefe de gobierno sería, como hizo el presidente Luis Inácio Lula da Silva en Brasil, sería proponer y realizar una profunda reforma a un sistema de jubilaciones y pensiones que no sólo está poniendo en una grave crisis al sistema económico del país, sino a los propios pensionados y jubilados; una crisis que estallará precisamente en los primeros años de la próxima administración, independientemente como se llame quien nos gobierne entonces.
Pero López Obrador que ha sido tan insistente con el Fobaproa no quiere comprender que, cada año tenemos una suerte de silencioso Fobaproa en el sistema de pensiones y nos estamos aproximando aceleradamente a una situación en la cual, como ocurrió hace algunos años en Argentina, el sistema de pensiones sencillamente quebrará. No se trata de catastrofismo futurista o de política ficción. Es una realidad de la que no podemos escaparnos sin reformas serias en ese ámbito.
Pero la estrategia de movilización que ha diseñado el jefe de gobierno para defenderse del desafuero, necesita de la participación de grupos como el sindicato del Seguro Social y de la UNT, necesita de causas que vayan más allá del propio desafuero para justificar la movilización popular: el PRD no puede organizar una marcha como la del domingo todos los días, esa base se la tienen que dar esos grupos sindicales, sobre todo el sindicato del IMSS y el SME (además de los grupos clientelares como los Francisco Villa y los panteras que dependen de Bejarano, lo mismo que los numerosos contingentes con maestros disidentes de Michoacán, Guerrero y Oaxaca) con sus propias demandas asociadas a la oportuna defensa de López Obrador.
Por eso el domingo, cuando habló del sistema de pensiones, López Obrador sostuvo que sí quiere una reforma pero que la misma no puede pasar por modificar los derechos adquiridos de los trabajadores actuales ni de los futuros. Entonces no habrá reforma porque ésta, como hemos dicho no se puede limitar, para solucionar la crisis financiera, sólo a abolir, como propuso López Obrador, las pensiones de los ex presidentes de la república y la de los altos funcionarios. Sin duda se deben haber cometido excesos en esos ámbitos, pero el problema es estructural, de fondo y no se solucionará con fraseología hueca.
El problema es que López Obrador no puede presentar un verdadero nuevo proyecto en ese tema neurálgico (y sin él no puede construir un nuevo proyecto de nación, miremos, insisto el caso de Lula) porque necesita la movilización de esos grupos sindicales y se ha comprometido, ya, con ellos. El ejemplo no le gustará al jefe de gobierno ni a sus más acérrimos defensores pero está haciendo lo mismo que Salinas de Gortari en la campaña electoral del 88, cuando el entonces candidato unos días antes de las elecciones llegó a un acuerdo con el SME para que votaran por el PRI a cambio de no liquidar (cuando ello era imprescindible porque estaba quebrada y era una decisión gubernamental ya tomada) y fusionar con la CFE, a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Ahora López Obrador ha llegado a un acuerdo con el sindicato del IMSS y los de la UNT para no realizar reformas en los sistemas de pensiones y jubilaciones de esos sectores si éstos se movilizan en su favor.
Y ambas partes están cumpliendo con su parte en el trato: López Obrador los incluyó con sus demandas intactas en su proyecto del domingo y éstos se movilizaron ayer y lo volverán a hacer hoy defendiendo sus intereses y los del jefe de gobierno. Una movilización que, paradójicamente, terminará afectando a los más pobres, que, en la lógica discursiva de López Obrador deberían ser los más beneficiados: ¿cómo puede justificar el sindicato del IMSS su paro el día de hoy?. Es verdad, mantendrá, trabajando bajo protesta, sólo el servicio de urgencias en sus hospitales, pero ¿qué sucederá con los miles de cirugías programadas, con los partos, con los velatorios, con la guarderías, con los millones de pensionados que deberían cobrar hoy su pensión?
Este paro del IMSS es, aunque no les guste el término a sus dirigentes y a los de la UNT, profundamente impopular: va contra los intereses populares, porque además se realiza para defender los intereses de un grupo en contra de los de la mayoría de la población. El punto está no sólo en la tímida reforma realizada en el pasado periodo extraordinario sino en la revisión del contrato colectivo de trabajo del propio IMSS que deberá concluir el 15 de octubre a la medianoche. Y en él, se quiere impedir la modificación de las condiciones del contrato colectivo no para los actuales trabajadores, pero sí para los nuevos, no permitiendo como hasta ahora un retiro con 25 o 28 años de servicio, con una pensión indexada anualmente y con un 30 por ciento adicional al último salario percibido; con una liquidación al concluir sus funciones equivalente a lo mismo que le correspondería si hubiera sido despedido; con tres meses de aguinaldo y 30 días hábiles de vacaciones al año; o la autorización para tres faltas injustificadas cada más. Si esas fueran las mismas condiciones de todos los trabajadores del país, quizás tendría lógica esta movilización pero el hecho es que son 45 millones de afiliados al IMSS, la enorme mayoría de los trabajadores y sus familias del país, los que financian a los 350 mil empleados de base del Seguro Social que tienen esas prerrogativas.
Es un grave error el que está cometiendo el sindicato del Seguro Social y una grave irresponsabilidad la que asume lópez Obrador porque si el día de mañana logra superar el desafuero, si es candidato, gana la elección y llega a la presidencia de la república se encontrará con un monstruo que el mismo ayudó a crear y que será inmanejable.