Los resultados en Veracruz son una clara demostración, de lo que sucederá a nivel federal en el 2006. Es muy probablemente que el domingo Fidel Herrera haya ganado para el PRI la elección de gobernador, pero la diferencia será menor a un punto. Acción Nacional duplicó el número de cabeceras municipales en su poder. Dante Delgado, tuvo un crecimiento notable, quedándose con el control de unos 40 municipios. Gobernar, por lo tanto no será sencillo para nadie y cualquiera que sea el gobernador tendrá que establecer una serie de acuerdos a sus adversarios para evitar que los seis años se transformen en una larga parálisis en un estado, que en los últimos años retrocedía aceleradamente en sus principales indicadores sociales y económicos.
Los resultados electorales en Veracruz son una clara demostración, un ejercicio de lo que muy probablemente sucederá a nivel federal en el 2006: una elección a tercios, con una diferencia mínima entre los distintos contendientes, con una división aún más marcada en los ámbitos municipales y legislativos, con un margen de abstención relativamente alto (en Veracruz la participación pese a lo cerrado de la competencia y a la politización que se presume existe en ese estado, apenas si superó el 50 por ciento, pese a que por primera vez se votaba no sólo por gobernador sino también por presidentes municipales y congreso local en una misma jornada electoral). El desafío es electoral pero, sobre todo es de gobernabilidad.
Es muy probable que el domingo Fidel Herrera finalmente haya ganado para el PRI la elección de gobernador, pero la diferencia será menor a un punto (unos 30 mil votos en una elección de tres millones de votantes), mientras que tendrá minoría en el congreso y perdió 48 municipios de los 115 que el PRI tenía en su poder, mientras que Acción Nacional duplicó el número de cabeceras municipales en su poder, llegando a 90. Dante Delgado, cuya figura en el estado es, sin duda, más importante que el peso conjunto del PRD y Convergencia, tuvo un crecimiento notable y llegó casi a los 29 puntos quedándose con el control de unos 40 municipios. Gobernar, por lo tanto no será sencillo para nadie y cualquiera que sea el gobernador tendrá que establecer una serie de acuerdos con sus adversarios del domingo para evitar que los seis años se transformen en una larga parálisis en un estado que, en los últimos años, ha visto como retrocedía aceleradamente en sus principales indicadores sociales y económicos. Un estado tan rico como Veracruz no se puede dar esos lujos.
Pero, además, elecciones como la de Veracruz (y más aún la de hace un mes en Oaxaca) demuestran que ante la reducción de electores (los índices de abstencionismo siguen siendo más altos de lo acostumbrado), los partidos están recurriendo cada vez más al aparato y al dinero para sacar adelante las elecciones, lo que lleva a mayores debates sobre la legitimidad de los procesos electorales. Esa combinación entre resultados electorales muy cerrados, con la percepción (en muchas ocasiones justificada) de irregularidades, lleva a la judicialización de los procesos y ello entorpece aún más la gobernabilidad futura. Sumemos a eso que, en los estados se está comprobando que las instituciones electorales no son tan firmes como a veces se creía y que a nivel federal, el IFE y el Tribunal estarán sobrecargados de presiones y el panorama para los futuros procesos electorales, incluyendo los comicios federales del 2006, no es muy alentador.
Veracruz es una demostración de ello. Lo cerrado de la elección veracruzana no sólo podría llevar a una solicitud, como ya lo ha hecho Dante Delgado, de anulación de los comicios, sino también de anulaciones parciales, de casillas o distritos, que ante lo cerrado del resultado podrían modificar el mismo en forma radical: 30 mil votos, si aceptamos la versión del PRI, en unos comicios de más de 3 millones de votos literalmente no son casi nada. Esa presión recaerá en el Trife que dirá, como ocurre con Oaxaca, la última palabra sobre los comicios del domingo.
Pero ello se repite una y otra vez. Ya el caso de López Obrador queda en manos de la cámara de diputados pero, sobre todo de la Suprema Corte de Justicia; ya el de Santiago Creel en las instancias electorales, sobre todo en el Tribunal federal. Pero hay casos menos espectaculares pero igual de importantes. Por ejemplo el caso de Amalia García en Zacatecas que tiene en una situación muy difícil al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Amalia García me parece una de las mujeres más destacadas y encomiables del sistema político: pocos, muy pocos como ella con el grado de respetabilidad ganado entre prácticamente todos los sectores. Triunfó, además, en las elecciones en Zacatecas con un margen no tan amplio como se esperaba pero con bastante holgura. Pero resulta que el PRI presentó una queja ante el tribunal federal que podría quitarle la elección a Amalia: dicen los priistas que en el 2003 (y el caso se reflejó en los medios) Amalia exigió al propio TEPJF que se le entregara su credencial de elector para hacer uso de sus derechos en esos comicios (la credencial se había extraviado y no había llegado a tiempo su reposición). Amalia ganó en el tribunal y éste obligó al registro federal de electores que le entregara su credencial a la dirigente perredista. Pero el problema es que en la propia resolución del Trife se establece que esa credencial es del DF y que Amalia tenía en la capital su residencia…y según las leyes zacatecanas para ser candidato a gobernador se requiere demostrar cinco años de residencia en ese estado antes de los comicios. Lo que suceda en Zacatecas está en manos del Tribunal incluso con un agravante: si decide en contra del PRD, Amalia no podría ser candidata en una elección extraordinaria.
Hay otros casos igual de complejos. Nadie prestó la más mínima atención a la resolución del Instituto Electoral del DF de la semana pasada fuera de la resolución de éste de que el PAN y Santiago Creel había sobrepasado los gastos de campaña en el año 2000 en poco más de 2 millones de pesos, lo cual, si termina siendo aceptado por el tribunal electoral local y el federal no sólo redundaría en una sanción al partido sino también en una vista al MP local que podría incluir una sanción penal para el dirigente del partido o para el propio candidato e inhabilitar así a Creel para el 2006. De eso se ha hablado y mucho, pero se ignoró la otra resolución que tomó el IEDF ese mismo día, que descubrió que el PRD rebasó los gastos de campaña en 14 de las 16 delegaciones capitalinas en el 2003, por poco más de 5 millones de pesos. Y por lo tanto, esos 14 delegados podrían ser enjuiciados y perder sus puestos de acuerdo a lo que decidan los tribunales locales y federales en el ámbito electoral. No es un problema menor: independientemente del desafuero o no de López Obrador, ello generaría un gravísimo problema político pero también de gobernabilidad en la ciudad de México (si a eso sumamos la renuncia, obligada de Carlos Imaz y las "fugas" de los delegados de la Gustavo A. Madero y Tláhuac, la situación no se ve nada sencilla).
La política se está jugando cada vez más en los tribunales, ante comicios cada vez más cerrados. Y no sé si las autoridades electorales que ya se encuentran seriamente presionadas por estos temas, estarán en condiciones de soportar las presiones adicionales que se generarán en el 2006 si los comicios son como se los espera, con diferencias de un puñado de votos entre uno y otro contendiente. Lo que está en juego es, sí, el sistema electoral, y es verdad que deben realizarse algunas reformas al mismo, pero más importante que ello es que se garanticen, desde ahora, las reformas que permitan, independientemente del resultado del 2006, la gobernabilidad futura del país. Con los instrumentos actuales ello será una tarea titánica. Y no somos Estados Unidos, donde los demócratas a pesar de tener indicios firmes de que pudiera haber habido fraude en su contra en Florida, a pesar de haber obtenido mayor número de votos que los republicanos, aceptaron sin regateos la decisión (de 5 votos contra 4) de la Suprema Corte que decidió que el triunfador en el año 2000 fue George Bush y no Al Gore. Nuestro sistema político no está preparado para ello.