Muchas de las principales variables de la política nacional se están definiendo en estos días en los ámbitos judiciales. La confrontación, el enfrentamiento, el fracaso en muchos sentidos, de la política lleva a que buena parte de los diferendos, empezando por los electorales, terminen en las manos del poder judicial para que decida, finalmente a quién le da la razón. Pero también está sucediendo otra cosa: el poder judicial está asumiendo sus propias responsabilidades. En la declaración del presidente de la Corte, Mariano Azuela, iba implícito el mensaje: la Suprema Corte está decidida a cumplir con su responsabilidad y ?obligar? a los políticos y funcionarios a acatar las resoluciones judiciales.
Muchas de las principales variables de la política nacional se están definiendo en estos días en los ámbitos judiciales. La confrontación, el enfrentamiento, el fracaso en muchos sentidos, de la política lleva a que buena parte de los diferendos, empezando por los electorales, terminen en las manos del poder judicial para que decida, finalmente a quién le da la razón. Pero también está sucediendo otra cosa: el poder judicial está asumiendo sus propias responsabilidades. Lo dijo con claridad el presidente de la Corte el lunes al hablar de los desacatos judiciales: no son una norma ni ocurren todos los días, dijo Mariano Azuela, pero existen y se dan tanto por la terquedad de los políticos como por su ignorancia. Y en la declaración iba implícito el mensaje: la Suprema Corte está decidida a cumplir con su responsabilidad y "obligar" a los políticos y funcionarios a acatar las resoluciones judiciales.
Ayer el poder judicial intervino directamente en dos asuntos claves en la política nacional: el pleno de la Corte desestimó la controversia constitucional que había presentado la Asamblea Legislativa del DF, respecto al proceso de desafuero del jefe de gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador. La Asamblea alegaba que existía una invalidez de la averiguación previa y que, además la vista del juez sobre el caso no tendría que haberse enviado a la cámara de diputados para decidir o no el desafuero del jefe de gobierno sino a la propia asamblea. La Corte ni siquiera entró al fondo de la controversia: simplemente desechó la misma por improcedente. De esa forma cae uno de los principales argumentos legales que tenía guardado el perredismo respecto al caso López Obrador. En los hechos lo que sostuvo la Corte es que deben ser la comisión instructora y la cámara de diputados las que deben decidir sobre el juicio de desafuero para que, a partir de allí, se decida cómo se procesará la acusación por desacato del jefe de gobierno. No juzgó el fondo del asunto, como tampoco lo podrá hacer la cámara de diputados, respecto a si López Obrador es culpable o no de lo que se lo acusa.
A la resolución de la Corte siguió una declaración muy desafortunada del presidente nacional del PRD. Leonel Godoy aseguró que esa decisión de la Corte demostraba los acuerdos políticos, los intereses que están detrás del desafuero de López Obrador: en otras palabras, como la resolución no fue la que esperaba el dirigente del PRD, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha vuelto a convertir, recordemos que lo mismo ya lo había dicho el propio López Obrador, en parte del complot en contra del jefe de gobierno. Es un error político y de apreciación absoluto. Si el presidente del PRD y el jefe de gobierno consideran que incluso la Corte está completando en su contra, eso quiere decir que han terminado por involucrar en un mismo paquete a todas las instituciones, a los tres poderes de la Unión. No es digno de un hombre como Godoy con una sólida formación jurídica ni de uno de los principales partidos políticos del país, mucho menos del gobernante de la capital y de una de las ciudades más grandes del mundo.
Porque además resulta profundamente injusto: la Corte ha demostrado que busca con seriedad y persistencia no sólo la independencia y autonomía que le garantiza la constitución, sino también el espacio en el escenario político que la situación exige. Apostar a otra cosa es hacerlo a una aventura política inviable o jugar al chantaje.
Otra demostración de cómo el poder judicial está buscando sus nuevos espacios, lo tenemos en la otra resolución de ayer: un tribunal colegiado decidió pedir la remoción del secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, acusándolo también del desacato a una resolución del tribunal exigiéndole la dotación de tierras a un ejido en el estado de México. La información generó mucha confusión en la tarde de ayer, pero finalmente quedó en claro que como ese tribunal no tiene atribuciones para decidir esa remoción, la misma quedó en manos de la Suprema Corte para que allí se decida, finalmente, primero, si existen elementos que atemperen o justifiquen el desacato (ya el secretario de la Reforma Agraria ha argumentado que entregar esas mil 200 hectáreas a ese ejido implicaría despojar a otros cinco ejidos de su tierra y propuso un pago en dinero que reemplace esa dotación de tierras). Lo importante en todo caso es que, una vez más, es la propia Corte la que decidirá si la SRA y su secretario están en lo correcto o si, aplicando la resolución del tribunal colegiado, Salazar Adame debe ser removido de su cargo por desacatar una orden judicial, le guste o no al gobierno federal.
Y hay muchos otros casos: ayer hablábamos además de López Obrador, del caso del PAN del DF y de Santiago Creel, de los 24 delegados perredistas en el DF que también sobrepasaron gastos en el 203, del caso de Maricarmen Ramírez en Tlaxcala, o de Amalia García en Zacatecas, o de lo sucedido el primero de agosto en Oaxaca o el domingo pasado en Veracruz. Y mucho más se podría incorporar a la agenda judicial de temas eminentemente políticos. No será menor el papel de la Corte o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya lo vamos a ver, cuando se acerquen y se den las elecciones federales en el 2006. La polarización y la confrontación, el fracaso de la política lleva a una vía de cada vez mayor judicialización de la política. Y para que ello no se convierte en un fracaso monumental la única opción es la aceptación de parte de todos los actores de que la justicia puede ser lo que es: un juez legítimo y cuyas decisiones deben acatarse en la resolución de todos esos conflictos. De otra forma recurrir a cada rato a la justicia para casi todo y luego desconocer sus fallos cuando no favorecen a alguno de los actores en lucha no sólo es absurdo, termina siendo criminal.
Eso sucede también, porque, como dijimos, falla, ha fracasado la política como vía de conciliación y acuerdo entre la mayoría de esos actores, lo que deja en una situación aún más difícil a los propios magistrados y ministros. Claro que en todo esto existen intereses políticos y que muchos fallos pueden no gustarnos: en lo personal, por ejemplo, estoy convencido de que en Oaxaca hubo un evidente fraude electoral, pero el que deberá decidir si eso fue así o si existen pruebas para comprobarlo, es el Tribunal Federal, y los distintos actores tendrán que acatar esa decisión aunque mantengan su lucha en el terreno político. Estoy convencido de que el posible desafuero de López Obrador no ayudará demasiado a la gobernabilidad del país ni a transitar hacia el 2006 con la tranquilidad necesaria, pero también creo que la Corte y la justicia deben cumplir con su papel y decidir si el jefe de gobierno violó o no alguna ley; y lo mismo es aplicable para Santiago Creel en el caso de los gastos del 2000 en el DF o en la posible remoción de Salazar Adame. Si no partimos todos de aceptar la legitimidad del árbitro central ¿que sentido tiene entonces que participemos en el juego?
Qué bueno que la Suprema Corte esté cumpliendo con su papel. Es verdad que en el terreno de la justicia hay todavía mucho por hacer, que en los estratos más bajos de ésta aún existe y en ocasiones imperan, los intereses oscuros e incluso la corrupción, pero lo importante es que, desde la reforma de fines del 94, la Corte ha logrado ir asumiendo cada día más su papel como un poder autónomo y estando sana la cabeza existen posibilidades reales de que el resto del cuerpo judicial realmente pueda regenerarse.
Pasando a otra cosa. Una última pregunta respecto a López Obrador: ¿será verdad que fue un destacado priista, sobre todo en los últimos días, el que finalmente gestionó la construcción de la vía alternativa para llegar al hospital ABC de Santa Fé que fue la que ocasionó, originalmente, el proceso contra López Obrador?