Don Javier Quijano Baz, es, sin duda, uno de los abogados más respetados y respetables de nuestro país. Su trabajo, por ejemplo, en defensa de Canal 40 ha sido notable desde el punto de vista jurídico. Pero es un mal analista político. Se debe reconocer que acaba de acuñar un magnífico slogan político, una frase pegadora que poco y nada tiene que ver con el derecho ni con la propia realidad que vivimos.
Don Javier Quijano Baz, es, sin duda, uno de los abogados más respetados y respetables de nuestro país. Su trabajo, por ejemplo, en defensa de Canal 40 ha sido notable desde el punto de vista jurídico. Pero es un mal analista político. Se debe reconocer que acaba de acuñar un magnífico slogan político, una frase pegadora que poco y nada tiene que ver con el derecho ni con la propia realidad que vivimos.
Don Javier asegura que el hipotético desafuero a Andrés Manuel López Obrador es, en los hechos, un virtual golpe de estado, "un vulgar golpe palaciego", y en el camino desacredita, me imagino que con un principio que puede ser aplicado para cualquiera, todo proceso de desafuero. En otras palabras, si siguiéramos la tesis de Don Javier, nadie que tenga un cargo de elección popular podría ser desaforado, haya cometido o no un delito, porque sería una forma de utilizar el poder para "condenar y quitar derechos políticos": lo mismo podrían argumentar René Bejarano o Ricardo Aldana que López Obrador. Por supuesto, para Don Javier el argumento sólo es aplicable al caso del jefe de gobierno. En todo caso, parece argumentar, el punto de debate no es si se cometió o no un delito sino cuáles serán sus consecuencias. Soy de los que cree que el juicio de desafuero no ayudará en nada a mejorar el ambiente político nacional. Pero también estoy convencido de que existe un marco legal que no se puede ignorar, y que quizás López Obrador no es el culpable del desacato del que es acusado, pero lo absurdo es que haya rechazado toda defensa legal y se haya centrado en un solo punto: que no se cometió delito alguno cuando es evidente que no se cumplió con la resolución de un juez, impidiendo así cualquier negociación sobre el tema en el marco de la propia legalidad. Cuando el presidente de la Corte, Mariano Azuela habla de los "caprichos" de los gobernantes parece estar recordando a López Obrador. No cumplió el GDF con ésa y otras resoluciones por un simple capricho político, para hacer un ejercicio casi machista de poder. No se puede quejar ahora si alguien tiene que pagar las consecuencias de ello.
Raúl Trejo Delarbre diseccionó ayer con precisión los argumentos políticos y jurídicos presentados por Quijano Baz. Sin embargo, la reflexión sobre el supuesto golpe de estado, puede ir mucho más allá.
Primero lo obvio. Las palabras no pueden rebajarse de esa forma. El doctor Quijano Baz y los que repiten con el slogan del "golpe de Estado", se ve que jamás han siquiera observado de cerca un golpe de Estado de verdad, su verdadero significado y sus consecuencias. Me ha tocado verlos y sufrirlos: en Argentina, en Chile, en Uruguay. Los hemos visto en nuestros vecinos centroamericanos. Incluso un golpe de Estado no lo fue, con lo brutal y terrible del hecho, ni siquiera el asesinato de Colosio, tampoco lo sería el desafuero, aunque resultara injusto, de López Obrador. Un golpe de Estado fue el derrocamiento y el asesinato de Francisco I. Madero. Un golpe de Estado implica la abolición de instituciones, de poderes, de garantías, el desconocimiento de cualquier forma de representación popular.
Paradójicamente, en todo caso se acerca mucho más al concepto de golpe de Estado, el sistemático desconocimiento de las decisiones de los tribunales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del que hace gala el propio López Obrador, más que la propuesta de desafuero existente en su contra. Es casi absurdo, apenas esta semana, al mismo tiempo que respaldaba la tesis del golpe de Estado en su contra, el jefe de gobierno sostenía que no le importaban las decisiones de la Corte, que en ella privaba "el estado de chueco y no de derecho" y sistemáticamente se ha negado a declarar que aceptará lo que decida la justicia en su caso, o en cualquier otro. El jefe de gobierno, en su propia lógica, ha construido un complot en su contra donde participan el poder judicial (comenzando por la propia Suprema Corte), el legislativo, el ejecutivo, los panistas, los priistas, algunos perredistas, incluyendo (aunque ahora no ha insistido demasiado en el tema) desde el departamento de Estado estadounidense hasta los principales medios de comunicación (a los que de todas formas invita a la inauguración de sus obras inconclusas y éstos asisten gentilmente). ¿Qué hará Andrés Manuel si llega a la presidencia?¿reconocerá las decisiones de una Suprema Corte de la que se ha burlado una y otra vez?¿reconocerá a un Congreso en el que sin duda no tendrá mayoría propia y que una y otra vez ha descalificado?¿por qué tendría que cambiar de actitud hacia los otros poderes de la Unión al tener el poder federal si ahora, que tiene parte de él, los desconoce y descalifica?¿no optará, como hizo Hugo Chávez en su momento, en dar un golpe de estado "institucional" (antes había intentado dos militares) para desaparecer esos poderes, esas instituciones que tanto les molestan para crear otras a su imagen y semejanza? No hay nada más cercano al golpe de Estado en un gobernante (y a pesar de que su único objetivo parece ser su campaña en el 2006, el jefe de gobierno no debería olvidar que todavía es eso, uno de los principales gobernantes del país) que el negarse a reconocer las atribuciones y potestades de los otros poderes institucionales. Y López Obrador lo ha hecho sistemáticamente.
Pero la suya es, además, una lógica de ejercicio de poder. El jefe de gobierno ha desconocido, se ha saltado la legalidad una y otra vez, dentro y fuera de su partido. ¿Acaso no fue una suerte de golpe de estado en el partido la forma en que derrocaron las corrientes de López Obrador a Rosario Robles de la presidencia del PRD luego de la elección del 2003? Más tarde, después de los videoescándalos, ¿no se depuró de todos los sectores críticos a López Obrador a la dirección del PRD?¿por qué terminaron fuera del partido Rosario Robles o Ramón Sosamontes pero permanecen en él todos los cercanos a René Bejarano y Carlos Imaz, incluyendo sus esposas que sabían, en los dos casos que estaban recibiendo dinero en forma ilegal? Hace dos semanas se dio la famosa marcha en defensa de López Obrador, pero ¿no se convirtió ésta en un acto de campaña del propio jefe de gobierno en pos de su candidatura para el 2006? Ese día, López Obrador se asumió como candidato presidencial e incluso presentó su programa de 20 puntos. ¿Se respetó la legalidad del partido?¿cuándo el PRD decidió que la marcha contra el desafuero se convertiría en la marcha de apoyo a la candidatura de López Obrador? Lo más grave de esto es que son muy pocos los que aceptan, como lo reclama una y otra vez Cuauhtémoc Cárdenas, que en su partido hay una legalidad interna que se debe respetar y que ninguno de los órganos de gobierno ha decidido nada respecto a la candidatura presidencial y menos aún respecto al programa. Pero mientras el acto de López Obrador consumió los esfuerzos y recursos de todo el PRD nacional resultó que a Cárdenas se le reprochó no haber estado allí, o a Lázaro Cárdenas el haber cometido el pecado de irse cuando López Obrador comenzó a presentar su "proyecto de nación" (que no consultó con un solo dirigente partidista) y era evidente el cambio de sentido del acto, que ya había pasado del rechazo al desafuero al lanzamiento del candidato. Lo paradójico es que, dirigentes del PRD han criticado a Cárdenas porque dijo que su proyecto político, dado a conocer hace meses, es mucho más sofisticado, completo y llevaba un proceso de discusión mucho mayor que el de Andrés Manuel, como si los 20 puntos se hubieran convertido en el programa del PRD.
El hecho es que el jefe de gobierno se ha quedado con el control de su partido sin pasar por ninguno de los mecanismos institucionales del mismo y deshaciéndose de todos sus adversarios internos. Es verdad, en un sentido estricto, tampoco es un golpe de estado, pero en términos internos, en la historia del PRD es lo más parecido a ello. En última instancia lo que tendría que ser importante es que López Obrador se comprometa con la legalidad, dentro y fuera de su partido, con el respeto a las decisiones de otras instituciones e instancias de poder que están para controlarlo. Cualquier aspirante a la presidencia de la república que no parta de ese principio, no merece, ni siquiera, serlo.