La impecable y puntual información que publicó mi amigo Carlos Marín lunes y martes pasado en su columna en Milenio Diario sobre una reunión del presidente Fox, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, el procurador Rafael Macedo de la Concha y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela, en la semana santa de este año, antes de que se diera a conocer la solicitud de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, ha causado, lógicamente muchas controversias y puntos de vista encontrados sobre el tema, sobre todo una vez que el propio procurador Rafael Macedo de la Concha ha confirmado que sí se realizó ese encuentro.
Para Carlos Salomón, con solidaridad,
en esta hora tan dolorosa
La impecable y puntual información que publicó mi amigo Carlos Marín lunes y martes pasado en su columna en Milenio Diario sobre una reunión del presidente Fox, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, el procurador Rafael Macedo de la Concha y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela, en la semana santa de este año, antes de que se diera a conocer la solicitud de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, ha causado, lógicamente muchas controversias y puntos de vista encontrados sobre el tema, sobre todo una vez que el propio procurador Rafael Macedo de la Concha ha confirmado que sí se realizó ese encuentro.
Se ha pedido desde la renuncia del presidente de la Corte, hasta se ha justificado plenamente ese encuentro. Ha servido, según algunos para confirmar el complot contra el jefe de gobierno hasta considerarlo, precisamente un descargo respecto al mismo del propio presidente de la república. Todo puede ser posible pero cuando se quiere saber qué terreno se pisa en estos temas se debe partir de la realidad y no de los slogans publicitarios, que pueden ser atractivos para ciertas causas. No veo porqué los representantes de dos poderes de la Unión no pueden reunirse; no comprendo porqué cuando existen temas que afectan la gobernabilidad del país éstos no deben ser tratados con seriedad y respeto: ocurre en México y en todos los países democráticos del mundo, sin que ello implique la intromisión de un poder en el otro. Como dijo Macedo de la Concha, el procurador y el presidente de la Corte se reúnen en forma cotidiana; y los miembros de la Corte, afortunadamente, hace años dejaron el ostracismo y suelen reunirse con políticos, con periodistas, con empresarios. El propio procurador capitalino Bernardo Bátiz, ha tenido que reconocer que su jefe, López Obrador, se ha reunido en muchas ocasiones con los miembros de la Corte; es pública y notoria la amistad y cercanía del propio Andrés Manuel con el ex presidente de la Corte y actual magistrado, Genaro David Góngora Pimentel, con quien se reúne muy frecuentemente y nunca se ha pedido, por ello, que Góngora Pimentel deje de ser miembro de la Corte o se abstenga de votar en casos que involucren al GDF o a su jefe de gobierno. Es legítimo y legal que los interesados puedan entrevistarse con los miembros de la Corte (o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) que llevan un caso de su interés para tratar de exponerles sus posiciones y opiniones. Se podrá argumentar que en esta ocasión, según la versión publicada con atingencia por Carlos Marín, se habló de un tema judicial. Es verdad, pero de un tema que afecta también la gobernabilidad del país, y lo hizo el presidente de la Corte que es además el presidente del Consejo de la Judicatura que es el encargado de valorar el trabajo y las decisiones de los jueces, como el que solicitó el desafuero de López Obrador. No veo porqué ello descalifica el trabajo de las autoridades, sobre todo cuando según el mismo reportaje, no se torció en ningún momento el curso de los hechos en el ámbito legal.
Lo que sí creo es que estamos imbuidos en una lógica perversa, de la cual en buena medida es responsable con sus teorías del complot y similares el jefe de gobierno capitalino pero también el gobierno federal por su pésima capacidad de operación y falta de claridad en sus objetivos. Es una lógica perversa porque está trastornando el sentido de lo que constituye la base de la política, sobre todo en una sociedad que pretende ser democrática: la capacidad de negociación, de interlocución, de poder transformar la realidad a través del pacto y el diálogo en lugar de la confrontación y la violencia. ¿Desde cuándo la negociación debe ser percibida como parte de la transa, de la conspiración, del complot?¿desde cuándo la relación entre políticos de distinto signo partidario, de distintas formaciones e ideologías, de diferentes estratos de poder debe ser estigmatizada?
La lógica perversa no se formó ahora, sino de tiempo atrás y tiene su origen en los días posteriores a las elecciones del 88, con un entonces FDN marcado, en buena medida con razón, por la desconfianza. Cuando el PAN aceptó que el gobierno de Salinas podía legitimarse en los hechos aunque hubiera tenido un origen ilegítimo en las urnas, esa desconfianza se acentuó y, dentro del propio naciente PRD comenzó a crecer una corriente (en su momento incluso avalada por el propio Cárdenas) de rechazar cualquier lógica negociadora. Así cuando Porfirio Muñoz Ledo y Jorge Alcocer participaron y llegaron a importantes acuerdos para el PRD en la reforma electoral de 1989-90, fueron descalificados por su propio partido, lo que terminó propiciando la salida de ellos y de muchos hombres y mujeres del perredismo, como José Woldenberg, Rolando Cordera, Gilberto Rincón Gallardo, que no aceptaron esa lógica de rechazo al diálogo y la negociación. Luego vinieron los capítulos que los priistas más reaccionarios y los perredistas más ultras (tan parecidos unos con otros) llamaron las concertacesiones. No fueron mecanismo que respetaron escrupulosamente la legalidad, fueron acuerdos en las cúpulas, pero destrabaron problemas graves para la gobernabilidad del país, sobre todo cuando la legalidad electoral parecía estar muy atrás de la realidad política: pero esas concertacesiones (y ahora a más de una década de distancia ello puede percibirse con claridad) abrieron los caminos para la democratización del país y para el pluralismo político que ahora gozamos. Es verdad, el método llegó a deformarse, a desgastarse. Pero ello fue también responsabilidad de que muchos actores políticos (uno de ellos, en aquella época Vicente Fox), deslegitimaron la negociación y el acuerdo, insistiendo en que éste se daba en los "oscurito" y pervertía la "auténtica" lucha política.
En realidad era al revés: esa lógica de confrontación que nos llevó a la violencia en el 93-94, se dio por la insuficiencia en el diálogo, por la poca capacidad para transformar el conjunto del escenario político a partir de éste. Y no tan paradójicamente, las tres principales víctimas de esa violencia fueron hombres con una enorme capacidad de negociación: el cardenal Posadas, Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu. Perdimos hombres capaces, talentosos y perdimos, sobre todo, la capacidad de aprender a resolver con base al diálogo y la negociación sin estigmas. La historia posterior es más conocida, sobre todo después de la crisis del 95, el canibalismo priista se sumó, públicamente, a esa tendencia e incluso un panismo que había sabido abonar en ese terreno de la negociación, terminó en la lógica contraria. Cuando hoy nos preguntamos porqué no salen muchas reformas estructurales básicas para el país, olvidamos, por ejemplo, que el mismo "no al IVA" que hoy enarbolan los duros del PRI, la enarbolaron años atrás (tan irracionalmente como ahora) los panistas, incluyendo al entonces precandidato Vicente Fox; que el rechazo a la reforma energética que presentó Luis Téllez después de las elecciones del 97 proviene de los mismo grupos políticos que ahora la reclaman; que si la reforma del Seguro Social que encabezó Genaro Borrego en 1996 no pudo ir más allá, fue porque el entonces presidente nacional del PAN, Carlos Castillo Peraza no pudo o no quiso cumplir con los compromisos asumidos por su partido con el gobierno y los legisladores panistas se sumaron a la oposición a esa reforma. Todo midiendo un costo político mezquino, todo pensando que con esas actitudes se podía acceder más rápido al poder aunque luego, como vimos, cuando se llegara a él se descubriera que se habían destruido los instrumentos para llevar la nave en la dirección correcta. No negociar, no dialogar no se convirtió en sinónimo de intolerancia e incapacidad, a veces hasta de estupidez, sino de lo que ahora conocemos como "honestidad valiente" en cualquiera de sus versiones partidarias. En realidad, el político que no sabe negociar, que no sabe dialogar, que no escucha, que sólo tiene relación con los suyos, que exige la incondicionalidad como parte de la disciplina, no sólo es un mal político: es un intolerante que tarde o temprano acabará, o intentará hacerlo, con la democracia.