Ayer, el jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador se volvió a enojar y lo hizo en público y amenazó con romper todo convenio de colaboración con el gobierno federal. No le gustó que la sección instructora de la cámara de diputados rechazara 22 de las más de 70 pruebas que había presentado en su descargo y sobre todo porque en comisiones, en la cámara de diputados, se hubiera apoyado una decisión que se venía postergando desde hace años: obligar al DF que, como todas las entidades federativas del país, se haga cargo del costo de su propio sistema educativo.
El jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, como todo político al que no le gusta compartir espacios de poder, tiene un carácter muy voluble, que hasta podría terminar siendo un problema de personalidad: cada vez que se decide algo que no le gusta, se enoja, explota con facilidad, se niega a contestar preguntas que no están dentro de su guión. Algunos pensarán que se trata sólo de una puesta en escena para sólo operar en las condiciones que considera más propicias, pero en realidad, según comentan algunos de sus colaboradores, es su forma de reaccionar ante los contratiempos. Y no ese no es, precisamente, el mejor rasgo de un gobernante.
El hecho es que ayer López Obrador se volvió a enojar y lo hizo en público. No le gustó al jefe de gobierno que la sección instructora de la cámara de diputados rechazara 22 de las más de 70 pruebas que había presentado en su descargo (que eran todas las que había presentado basado en el argumento del complot en su contra, que evidentemente no tiene validez jurídica) y sobre todo porque en comisiones, en la cámara de diputados, se hubiera apoyado una decisión que se venía postergando desde hace años: obligar al DF que, como todas las entidades federativas del país, se haga cargo del costo de su propio sistema educativo. Sólo en ese terreno el gobierno federal le transfiere al gobierno capitalino unos 5 mil 300 millones de pesos anuales.
El hecho es que en la mañana Andrés Manuel hizo berrinche en público, dijo una y otra vez que estaba muy enojado, casi se cae al intentar salir atropelladamente sin contestar preguntas del salón donde ofrece cotidianamente su conferencia de prensa, y mucho más importante que eso, amenazó abiertamente con romper todo convenio de colaboración con el gobierno federal si el congreso aprobaba esa iniciativa presupuestal que no surge del gobierno sino del propio legislativo.
En realidad, el jefe de gobierno, una vez más se muestra tan irreflexivo como intolerante. Las razones son muchas: la ciudad de México depende, casi por completo, de su colaboración con el gobierno federal y otras entidades de la república, y la actitud de soberbia, la tendencia a no aceptar lo que en los estados de la república es algo más que una realidad, no ayuda precisamente a hacer más llevadera esa colaboración. Comencemos con el caso de la educación: el hecho es que todos los estados de la república se hacen responsables, desde la descentralización educativa, eso quiere decir desde hace más de diez años, de pagar por el sistema local de educación. Es verdad que se parte de transferencias federales pero cada vez que se quiere transformar y mejorar ese sistema los estados deben hacerlo con sus propios recursos. La única excepción es la ciudad de México y eso ha generado innumerables confrontaciones burocráticas porque los gobernadores asumen que existe un trato desigual entre sus entidades y la capital del país. En ocasiones esas comparaciones son injustas pero se alimentan de la ignorancia de las autoridades locales respecto a este problema real. Más temprano que tarde, el gobierno de la ciudad de México, si quiere estar en igualdad de condiciones con las otras entidades federativas deberá no sólo exigir los derechos sino también asumir sus obligaciones.
Otro ejemplo de eso es la deuda pública. Cada estado es responsable directo y único de la deuda que contraiga. El único cuya deuda es avalada por el gobierno federal es el DF. En estos días se ha agudizado el problema del agua: la mayoría del agua necesaria para surtir a la ciudad de México viene desde muy lejos, particularmente de los sistemas Lerma y Cutzamala y esos sistemas son financiados por la Comisión Nacional del Agua, que es una entidad federal. El problema no es sólo el financiamiento sino también que muchas regiones del país se ven privadas de agua para que ésta sea enviada al DF. En estos días estamos asistiendo a un conflicto (que no es artificial) con pobladores que se ven afectados por el sistema Cutzamala y quienes se hacen responsables de negociarlo no son el gobierno de la capital sino de los estados involucrados y el gobierno federal. ¿Cuánto ha invertido el gobierno de la ciudad de México desde 1997 hasta ahora para apoyar la solución del problema del agua para la capital? Desde fines del 98 existe un conflicto abierto entre el gobierno federal (a través de la CNA) y el gobierno de la ciudad respecto a las obras hidráulicas y de drenaje (por el hundimiento natural de la ciudad de México éste podría colapsarse en cualquier momento por falta de mantenimiento y tendríamos una inundación…pero de aguas negras). Existen incluso recursos de la CNA dispuestos a utilizarse en ello, pero hasta ahora los avances han sido mínimos.
En las semanas pasadas se saturó el llamado Bordo Poniente, el mayor basurero a cielo abierto del mundo, ubicado en el estado de México y donde se deposita la basura de la capital. Los sucesivos gobiernos del DF, y por supuesto también el de López Obrdor, no han invertido un peso en plantas de procesamiento de basura, el principal depósito ya se ha saturado y ahora se quiere ampliar o se demanda otro nuevo que, obviamente se debería establecer en alguno de los estados circunvecinos: por la dinámica de vientos, prácticamente la única posibilidad sería en el estado de México. Como mostramos en este espacio en alguna oportunidad, el GDF le tiene echado el ojo a unos terrenos que están exactamente en el mismo lugar en donde se pensaba construir el nuevo aeropuerto de la ciudad de México. Muchos consideran que en buena medida la oposición pública y declarada del gobierno de López Obrador a esa obra, al aeropuerto, se debió al interés de conservar esos terrenos para transformarlos en los nuevos depósitos de basura de la ciudad, asumiendo que parte de esos terrenos son federales. Paradójicamente los ejidatarios de Atenco habrían luchado para evitar la construcción del principal aeropuerto del país en los confines de su municipio pero en contrapartida se encontrarían, el día de mañana conviviendo con el mayor basurero de México. La única forma de avanzar en este grave problema son las plantas de tratamiento y casi nada se ha hecho al respecto en la capital. Pero se exige al estado de México y a la Federación que les solucionen el problema. Y éste, como otros, terminará estallando y los costos los pagará la sociedad.
¿Tiene razón en enojarse el jefe de gobierno y amenazar con romper todo convenio de colaboración con las autoridades federales? Por supuesto que no, lo que debería hacer, insistimos es no sólo exigir los derechos sino también asumir las responsabilidades y trabajar con una estrategia de largo plazo para la ciudad que hoy, sencillamente no se tiene. Es más, lo que se hizo en las administraciones de Cárdenas y Rosario Robles, en la mayoría de los casos se echó para atrás en el periodo de López Obrador por las diferencias políticas de éste con sus antecesores. Tampoco ha habido avances en la relación con los estados circunvecinos y con el gobierno federal.
¿Qué pasaría si se suspendiera, como amenaza López Obrador, la colaboración con el gobierno federal? En el ámbito legal existiría, incluso, la posibilidad de que, simplemente, el jefe de gobierno fuera removido de su cargo por el congreso porque está obligado a respetar esos convenios. Pero, suponiendo que eso no sucediera, lo cierto sería que la ciudad se convertiría en un caos porque depende de otros para todos sus servicios esenciales. Claro, con la mira en el 2006 se podría decir que eso formaría parte de un capítulo más de la "acción concertada", del "complot", del "golpe de Estado". Lo cierto es que las demandas y exigencias de un gobierno local no pueden validarse sin que se asuman, también, las responsabilidades. Y eso no lo está haciendo el jefe de gobierno.