¿Para qué nuestros políticos se llenan la boca con tanta fraseología, con tantas palabras huecas e ignoran de tal manera los documentos que ellos mismos suscriben? Si simplemente se analizara el documento firmado hace apenas unas semanas por el jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, junto con todos los demás gobernadores del país, el hoy famoso debate sobre el artículo 122 y la descentralización educativa no tendría, simplemente, razón de ser. Por lo menos no en la histérica lógica en la que lo han colocado los defensores a ultranza del jefe de gobierno.
¿Para qué nuestros políticos se llenan la boca con tanta fraseología, con tantas palabras huecas e ignoran de tal manera los documentos que ellos mismos suscriben? Si simplemente se analizara el documento firmado hace apenas unas semanas por el jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, junto con todos los demás gobernadores del país, el hoy famoso debate sobre el artículo 122 y la descentralización educativa no tendría, simplemente, razón de ser. Por lo menos no en la histérica lógica en la que lo han colocado los defensores a ultranza del jefe de gobierno.
Sucede que en el documento final de la Convención Nacional Hacendaria se establece con toda claridad el acuerdo de descentralizar el sistema educativo de la capital del país y se acepta que el GDF se regirá para ello por los mismos mecanismos que el resto de las entidades federativas del país. En la página 46 en el capítulo titulado "Estrategia Dos: consolidar los mecanismos de gasto en materia de educación que permitan definir el nivel competencial, eficientar el ejercicio del gasto, desregular la operación y contribuir a la reducción de asimetrías en la provisión del servicio a la población", se establecen 32 acciones para cumplir con esa estrategia destinada, sobre todo, como lo dice, a "contribuir a la reducción de asimetrías en la provisión del servicio a la población". En el punto 6 (página 47 del documento de la Convención Nacional Hacendaria distribuido públicamente) se dice, en el mejor lenguaje burocrático, que "es necesario adecuar el marco jurídico que regula la prestación de bienes y servicios educativos, para aplicar los esquemas de distribución competencial propuestos y los mecanismos de gasto necesarios para satisfacer dicha contribución competencial". O sea que hay que modificar las leyes para mejorar el esquema de distribución de recursos. En el 7 se propone que se mantenga la figura de las aportaciones federales a los ámbitos estatal y municipal "y la aportación de recursos autónomos que cada ámbito de gobierno deberá dar para la prestación de los diferentes servicios educativos". En otras palabras: mantener el sistema actual mediante el cual la federación aporta aproximadamente el 77 por ciento de los recursos y los estados el 23 por ciento restante.
Pero, incluso para que quedara claro que el DF no está excluido de este mecanismo, el punto 9 está dedicado exclusivamente a la capital del país. "El modelo debe incluir, dicen las resoluciones de la Convención Nacional Hacendaria, al Distrito Federal en la asignación de los recursos federales, bajo las mismas consideraciones que el resto de las entidades federativas".
El acuerdo alcanzado por todos los gobernadores del país y el jefe de gobierno capitalino, firmado hace menos de dos meses, en el ámbito de la educación incluye muchos otros aspectos, pero para el tema de debate actual éste es el fundamental. Apenas en agosto pasado, Andrés Manuel López Obrador firmó un documento público en el que aceptó la descentralización del sistema educativo del DF y respaldó, con absoluta claridad, que el sistema de distribución de recursos para todos los estados se mantuviera como hasta ahora e incluye específicamente al DF en ello, sin ningún tipo de subterfugios ni de interpretaciones equívocas.
¿Qué puede argumentar el jefe de gobierno ante ello?¿que, como ocurrió con las reuniones con Mariano Azuela, no recuerda haberlo firmado o que no tiene su agenda a mano?¿que no sabía lo que firmaba?¿que los demás gobernadores del país lo engañaron, lo llevaron al oscurito y le hicieron firmar unos papeles en blanco?¿que existe un complot de gobernadores en su contra? No estamos hablando de supuestos ni de los términos de una plática privada entre algunos políticos, sino de los documentos públicos, de los acuerdos adoptados por la Convención Nacional Hacendaria, acuerdos que, además, debemos recordar, que fueron, todos ellos, adoptados por unanimidad. Y nunca el jefe de gobierno se quejó de esos acuerdos hasta que se avanzó en el Congreso con esta iniciativa, al igual que con otras que emanaron de la Convención, con la cual los legisladores se comprometieron a sacarlos adelante lo más rápido posible.
Ya ni siquiera se trata de debatir si es correcto o no implementar ya las reformas al 122, si existe tiempo para reorganizar el nuevo modelo con base en lo acordado. Lo verdaderamente importante es que hace apenas dos meses el jefe de gobierno capitalino aceptaba públicamente lo que ahora rechaza y considera parte de un intento de golpe mortal contra la ciudad de México. Si el jefe de gobierno no leyó los acuerdos que firmó entonces o pensó que no se transformarían en leyes, es otro problema, es parte de su responsabilidad. Pero que nadie se llame a engaño: la descentralización, tal y como fue propuesta por el congreso, con la actual distribución de responsabilidad fiscales, fue aceptada y aprobada por el jefe de gobierno. Si ahora considera que se equivocó o que lo engañaron que lo diga, pero no puede decirse sorprendido.
El punto es otro y debemos insistir en ello. Se trata, una vez más de una medida propagandística, de un intento de transformar en un escándalo algo que tendría que ser parte, en todo caso, de una revisión de su propio modelo de gobierno. Pero lo ha hecho de la peor manera: regresando a los peores y más desprestigiados hábitos del más añejo perredismo y, una vez más, ocultando la verdad. En realidad, pareciera que lo ocurrido en estos días con el tema educativo es, sobre todo, una suerte de amenaza, un ensayo político para la hora del desafuero, no sólo del jefe de gobierno sino del verdadero líder de los diputados que tomaron San Lázaro y de los manifestantes que ayer ocuparon las calles, para la inminente resolución del desafuero de René Bejarano, el mismo que se llenaba los bolsillos con los billetes de Ahumada y al cual el gobierno de la ciudad sigue protegiendo. Y esa es la mayor de la provocaciones, ya no para el sistema político sino para la sociedad, para la gente que lo vio robar sin que nada le frene, ni siquiera una tímida descalificación de su propio jefe.
El recurso del método en el PAN
Finalmente el PAN ha logrado ponerse de acuerdo en el mecanismo para elegir a su candidato presidencial. Lo que comenzó como un reglamento álgido y lleno de potenciales prohibiciones y normas, se fue convirtiendo en un acuerdo laxo y con pocas precisiones. El cálculo fue correcto: el reglamento original si se hubiera votado, hubiera contenido tantas prohibiciones y por lo tanto tantas posibles violaciones a la norma que hubieran expuesto a los precandidatos panistas no sólo a sanciones internas sino a multas y penas del propio IFE a todo el partido, en un marco en el cual, todos los demás partidos, actuarían sin presiones al no tener reglamentados con esa precisión sus proceso internos. Entonces, no habrá límites, sólo algunas normas generales para el proceso previo al inicio formal de la precampaña, que será en abril próximo, para concluir entre septiembre y octubre del 2005.
En ese periodo se definió que se desarrollará un sistema similar al de las primarias estadounidenses con debates y elecciones regionales (serían cuatro o cinco comicios internos) que, al igual que lo sucedido en Estados Unidos, donde sólo participaran militantes y adherentes, que podría llevar, avanzado ese proceso, al descarte de algunos candidatos o el apoyo de ellos a alguno de los punteros, con la idea de tratar de no llegar a una segunda vuelta en el proceso de selección del candidato.
Ahora se debe seleccionar la comisión de siete miembros que se encargará de coordinar y dirigir este proceso. Y eso llevará también, muy probablemente, a adelantar algunas semanas la elección del nuevo presidente nacional del PAN, que sería designado muy probablemente a principios de febrero en lugar de los primeros días de marzo como está estipulado, para que la nueva dirigencia no inicie funciones a sólo unos días del comienzo de la precampaña. Mientras tanto, los virtuales precandidatos pueden hacer prácticamente lo que quieran, aunque la mayoría se está dedicando a tratar de amarrar sus redes, convencidos de que salvo casos muy particulares, como el de Santiago Creel o en menor medida Francisco Barrio, que pueden publicitarse con cierta facilidad por sus posiciones en Gobernación y la cámara de diputados, el momento no es el adecuado por luchar por la popularidad sino por la consolidación interna de fuerzas.