Aunque fueron aprobadas ayer en la cámara de diputados, las reformas al artículo 122 constitucional, lo cierto es que aún falta mucho por recorrer para que se transformen en una ley que pueda afectar a la ciudad de México, al contrario de lo ha dicho, una y otra vez, el jefe de gobierno capitalino: falta que se apruebe en el senado y que luego se apruebe en la mayoría de los congresos estatales, que regrese a San Lázaro, que se le dé el visto bueno y se publique en el Diario Oficial y a partir de entonces deberán pasar otros 30 días para que la ley entre en vigor. Incluso a partir de allí será cuando una parte de los recursos que le entrega la Federación al DF deberán ser destinados exclusiva y obligatoriamente a la educación: no hay en términos estrictos un recorte.
Aunque fueron aprobadas ayer en la cámara de diputados, las reformas al artículo 122 constitucional, lo cierto es que aún falta mucho por recorrer para que se transformen en una ley que pueda afectar a la ciudad de México, al contrario de lo ha dicho, una y otra vez, el jefe de gobierno capitalino: falta que se apruebe en el senado y que luego se apruebe en la mayoría de los congresos estatales, que regrese a San Lázaro, que se le dé el visto bueno y se publique en el Diario Oficial y a partir de entonces deberán pasar otros 30 días para que la ley entre en vigor. Incluso a partir de allí será cuando una parte de los recursos que le entrega la Federación al DF deberán ser destinados exclusiva y obligatoriamente a la educación: no hay en términos estrictos un recorte.
Un punto central en este debate es la posición de los estados de la república ante esta reforma: no recuerdo que un solo gobernador, un solo estado, se haya opuesto a la misma, incluyendo a los perredistas. No pueden oponerse porque la situación que vive el DF desde hace más de diez años es sí una agresión económica, pero a los estados de la república, no al DF. En realidad cuando se diseñó la descentralización educativa durante el gobierno de Carlos Salinas siendo secretario de Educación Ernesto Zedillo, la única entidad que quedó fuera del esquema fue el Distrito Federal, que entonces no tenía como ahora ni un congreso local ni un gobernante electo por el voto popular. Quien gobernaba entonces la ciudad de México era el ahora diputado por el PRD, Manuel Camacho Solís, en aquellos años junto con Luis Donaldo Colosio y Pedro Aspe, uno de los tres principales aspirantes a suceder a Salinas. No se incluyó en el esquema de descentralización adoptado al DF por dos razones: primero, porque éste seguía dependiendo por entero del gobierno federal y no se percibía entonces ninguna reforma que fuera a modificar ese status; y segundo, porque Manuel Camacho dio entonces la pelea para que no se modificara el mismo, tanto por las negociaciones que tendría que realizar con sectores de la disidencia magisterial en la capital como por la mucho más pragmática razón de que cualquier inestabilidad en la capital podría terminar siendo contraproducente para su causa, que era la candidatura priista en el 94. Así se hizo, aunque el final de esta historia ya lo conocemos: el candidato fue Colosio (que había sido, lo tendrían que recordar ahora algunos de los opositores de la medida, uno de los más insistentes en que la descentralización educativa se diera en todo el país en las mismas condiciones), Luis Donaldo fue asesinado y quien finalmente llegó a la presidencia de la república, fue Ernesto Zedillo, el mismo hombre que había organizado ese proceso desde la SEP.
Pero, pese a sus convicciones, Zedillo tampoco descentralizó al DF durante su gobierno: no lo hizo por la presión social derivada de la crisis, que se sintió en la ciudad de México como casi en ningún otro lugar del país. Zedillo decidió abrir una válvula de escape a esa presión con las reformas de 1996, que permitieron elegir al gobernante de la capital por voto directo, dándole una amplísima autonomía en términos políticos, administrativos y de seguridad, en los hechos equivalente al de cualquier gobernador. En pleno proceso electoral tampoco se dio la descentralización y menos aún cuando en los primeros comicios, en 1997, triunfó Cuauhtémoc Cárdenas y éste fue sucedido, cuando se fue a la campaña electoral, por Rosario Robles. Una vez más se intentó descentralizar la educación en el DF antes de las elecciones del 2000, pero entonces no alcanzaban los votos para sacar adelante la reforma, quizás porque el PAN aspiraba también a ganar la capital y temía que ello le pudiera restar votos.
Desde el 2000 hasta ahora el tema de la descentralización de la educación en el DF se ha planteado una y otra vez, y siempre fue postergado por alguna razón extraña al mismo. Finalmente, se llegó a un acuerdo en principio para ello a fines del año pasado, la propuesta se aprobó en la comisión de educación el 18 de mayo de este 2004, se incluyó en la Convención Nacional Hacendaria porque siempre ha sido una demanda de los gobernadores de todo el país, se aprobó también en la CNH (con el respaldo del propio gobierno capitalino) y ahora terminó siendo aprobada en la cámara de diputados. No hay razón alguna para el escándalo y el desgarre de vestiduras de algunos distinguidos miembros del perredismo. Es una medida justa, que más temprano que tarde se tenía que adoptar y que el propio PRD defendió en muchas oportunidades cuando, en el pasado, se habló de impulsar un auténtico federalismo. Como hemos dicho en otras oportunidades, puede haber varias maneras de aplicarse este mecanismo, pero todos tienen que partir del compromiso del propio gobierno del DF, quién sea quien lo encabece, en asumir parte de la responsabilidad presupuestal de ese gasto.
¿Por qué todos los gobiernos estatales han apoyado esta medida? Por obvias razones: ellos están invirtiendo mucho dinero en el propio proceso educativo. Por ejemplo, Baja California invierte más del 78 por ciento de sus participaciones federales totales en la educación básica y destina importantes recursos propios al mismo (equivalentes, en el año 2000, al 25 por ciento del mismo); el estado de México utiliza casi el 67 por ciento de las participaciones federales para la educación básica y aporta un 33 por ciento del gasto total de recursos propios; Chihuahua utiliza el 63 por ciento de las participaciones en educación básica; Durango el 59 por ciento; Nuevo León, prácticamente el 50 por ciento del total. En Michoacán, donde gobierna Lázaro Cárdenas, el estado utiliza el 44 por ciento del total de las aportaciones para el gasto en educación y aportaba un 9.5 por ciento del total de sus propios recursos; el muy pobre estado de Chiapas utiliza casi el 40 por ciento de las aportaciones federales en sus propios gastos en educación y aportaba un 13 por ciento adicional; y en Zacatecas que ahora encabeza la perredista Amalia García se gasta el 36.54 por ciento de las aportaciones en educación básica, más una aportación propia de poco más del 10 por ciento. Incluso estados con tantas dificultades como Oaxaca e Hidalgo, utilizan casi el 11y el 8 por ciento respectivamente de sus aportaciones totales en educación.
El estado que tiene una mayor carga educativa es el estado de México: recibe 16 mil 500 millones de pesos y en el 2002 gastaba 11 mil 400 millones de esos recursos para solventar el gasto educativo, teniendo el mayor índice promedio de alumnos en educación básica del país. ¿Porqué entonces, el gobierno del DF recibe 15 mil 284 millones de pesos de participaciones y no está obligado a gastar, para educación básica ni un centavo?¿Cuál es el argumento de mínima justicia y equidad que se puede esgrimir ante ello?
Pero, además, existen otros datos que muestran lo injusto del reclamo de la gente de López Obrador. Mientras que los recursos para educación destinados por el gobierno federal para el DF han crecido en 57 por ciento durante este sexenio, para el resto del país sólo han crecido un 35.5 por ciento, poniendo más presión financiera en los propios estados. El gasto presupuestal por alumno en el DF es el doble que en el resto del país. Pero existe un dato adicional: todos los estados reciben recursos que deben entregar, obligatoriamente, por ley, a sus municipios, equivalentes al 20 por ciento del total. La única entidad que no tiene esa obligación es el gobierno del DF cuya área central se queda literalmente con todo el presupuesto generado por las participaciones federales y no distribuye nada a sus delegaciones (que serían el equivalente a sus municipios). Como si ello fuera poco, de todo el Fondo de Fomento Municipal, destinado a todos los municipios del país, el DF se lleva la cuarta parte de los recursos, aunque la administración central de la ciudad tampoco distribuye un solo peso a las delegaciones de esos recursos que tendrían que estar destinados a ella. Lo mismo sucede con toda la recaudación de predial, que queda en manos del gobierno central de la ciudad.
El problema, entonces no es que le reducirán los recursos a la capital, sino que la misma tendrá que destinar, una parte de esas participaciones federales a la educación, como lo hace todo el resto del país. Quizás tendrá que reducir los miles de millones que se gastan en publicidad, o hacer un esfuerzo mayor de recaudación fiscal local para mantener sus cifras actuales, quizás buscar legalizar a los cientos de miles que viven, cobijados por los líderes locales del ambulantaje o legalizar los taxis o autobuses piratas que manejan los dirigentes locales del partido, o cobrarle la energía elec´trica a las unidades habitacionales controladas por sus propios líderes clientelares. También es verdad que se necesitan más recursos en general para la educación y la ciencia, que los actuales son insuficientes y además podrían eficientarse mejor. Pero lo que no puede aceptarse como argumento es que se está agrediendo a la ciudad de México sólo porque se la deja en las mismas condiciones que al resto de México.