Esta semana 45 presos considerados de alta peligrosidad fueron trasladados del penal de La Palma, mucho más conocido como Almoloya, en el estado de México, al de Puente Grande, en Jalisco. Entre ellos se encontraban el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, Mario Abierto, y el célebre narcotraficante, Rafael Caro Quintero. El traslado había sido decidido por el nuevo secretario de seguridad pública, Ramón Martín Huerta, varias semanas atrás, pero diversos acontecimientos, incluido el asesinato en el propio reclusorio del narcotraficante Miguel Angel Beltrán Lugo, apodado el Ceja Güera y un traslado de presos realizado en Sonora, lo postergaron.
Esta semana 45 presos considerados de alta peligrosidad fueron trasladados del penal de La Palma, mucho más conocido como Almoloya, en el estado de México, al de Puente Grande, en Jalisco. Entre ellos se encontraban el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, Mario Aburto, y el célebre narcotraficante (pero que está a punto de cumplir 20 años en prisión, Rafael Caro Quintero. El traslado había sido decidido por el nuevo secretario de seguridad pública, Ramón Martín Huerta, varias semanas atrás, pero diversos acontecimientos, incluido el asesinato en el propio reclusorio del narcotraficante Miguel Angel Beltrán Lugo, apodado el Ceja Güera y un traslado de presos realizado en Sonora, lo postergaron. Finalmente unas horas antes se convocó a los principales mandos de la PFP para que llevaran a cabo esa operación, la que se concretó sin contratiempos.
Para la mayoría ese traslado fue una respuesta a la presión que estaban ejerciendo las organizaciones del crimen organizado que operan dentro del propio penal de La Palma, encabezados por Osiel Cárdenas y Benjamín Arellano Félix y fue una suerte de carta de presentación, como su primera operación en gran escala, de Ramón Martín Huerta y de los nuevos mandos de la PFP: el almirante José Luis Figueroa como su nuevo comisionado y el general Tomás Valencia Angeles como jefe del estado mayor de esa fuerza policial (dos muy buenos nombramientos de Huerta). Para otros la acción fue importante pero no alcanza a desarticular la organización que se ha dado dentro del penal entre miembros de distintos grupos del crimen organizado, e incluso se ha argumentado que ello podría aumentar la presión en el penal de Puente Grande.
La impresión de que algo sigue sin funcionar en el sistema penitenciario la tuvimos el mismo domingo pasado cuando ocho miembros de una peligrosa banda de secuestradores pudieron fugarse del penal mexiquense de Neza Bordo haciendo un alarde de fuerza y organización, portando incluso metralletas. ¿Tiene relación esto con lo sucedido en Almoloya? Es muy probable: se dice que quienes organizaron la fuga de los secuestradores de Neza Bordo, son parte de la banda de los rescatados, apodados los Macizos: éstos están relacionados con el famoso secuestrador Daniel Arizmendi, el Mochaorejas. Y éste se ha unido muy estrechamente a Osiel Cárdenas y Benjamín Arellano en Almoloya: trabajan juntos. Casualmente son Los Zetas, bajo las órdenes del primero, los que han organizado ya fugas en un penal de Baja California, en el de Apatzingan en Michoacán y varias otras en penales de Tamaulipas. Así que la fuga de Neza sí podría tener relación con lo que sucede en Almoloya.
No son los únicos casos. La semana pasada un sobrino de los Arellano Félix, menor de edad pero ya formaba parte de un grupo de sicarios, fue rescatado por un comando de un centro de reclusión para menores en Nuevo Laredo, apenas unas horas después de haber ingresado en él.
Y la verdad es que la situación sigue siendo preocupante y trasciende lo que sucede en las cárceles aunque tiene relación con ello. Este fin de semana pasado, también en Nuevo Laredo, que ha sido uno de los centros de los mayores ajustes de cuentas entre grupos del narcotráfico, se encontraron cinco personas asesinadas en una casa. Por si quedaran dudas sobre el móvil de las muertes, se hallaron cartulinas que advertían a los narcotraficantes Joaquín El Chapo Guzmán y Arturo Beltrán Leyva, del cártel de Sinaloa, que el mensaje era para ellos y que ya no enviaran gente a ese territorio. Los cuerpos de seguridad atribuyeron esos asesinatos a Los Zetas que trabajan. Apenas unos días atrás, un comando de 18 personas había sido detenido en esa misma ciudad, todos pertenecientes también al grupo de El Chapo, con un formidable arsenal en su poder. La semana pasada, como dijimos, otro de los principales sicarios de ese grupo, El Ceja Güera, había si asesinado de cinco tiros en pleno comedor de Almoloya. Antes había sido asesinado (estrangulado) otro interno y un alto funcionario del mismo reclusorio también fue muerto a tiros en uno de los camiones de transporte de la cárcel a Toluca.
En Tijuana entre martes y miércoles hubo otros cuatro ejecutados. Con ellos la cifra de muertos por ajustes de cuenta entre distintos grupos del narcotráfico suma, sólo en Tijuana, la escalofriante cifra de 257 muertes, y eso que los Arellano Félix suelen hacer desaparecer a muchas de sus víctimas, con lo que el número podría ser incluso mayor. En Sinaloa, no existe una cifra oficial, pero se habla de que las muertes por ajustes de cuentas han superado ya las 600 este año, algo similar está ocurriendo en Tamaulipas, y recordemos que en ambos estados habrá elecciones locales y cuando ello ocurre los propios grupos del narcotráfico entran en un proceso de competencia y desestabilización, buscando ganar o recuperar posiciones.
En el estado de México, el procurador de justicia, Alfonso Navarrete Prida, ha advertido del problema potencial que se está dando en la zona aledaña a Almoloya porque con ingentes recursos (en la casa en la que fue detenido un comando de Osiel Cárdenas hace unas semanas en Metepec y en plenas Lomas de Chapultepec, en el DF, este grupo tenía un laboratorio para la elaboración de cocaína para venta en el mercado capitalino y dos millones de dólares que se consideran que estaban destinados a mantener "aceitado" el apoyo de internos, familiares, abogados y funcionarios penitenciarios) las familias, los abogados y los amigos de los principales internos en Almoloya poco a poco están copando la zona, comprando y rentando propiedades.
Las autoridades federales tienen múltiples pruebas de cómo los principales detenidos en La Palma, como el propio Osiel Cárdenas o su ahora aliado Benjamín Arellano Félix, siguen manejando desde el penal de máxima seguridad sus negocios al detalle. Y sólo pueden hacerlo teniendo control sobre una parte de quienes prestan servicio en ese centro, y con la colaboración de ciertos abogados y familiares.
Estas historias son parte, una parte espectacular pero mínima, de lo que está ocurriendo en buena parte del país, donde la violencia crece sin que tenga un dique que la contenga: cada vez hay más muertos, cada día el desafío de estas organizaciones a las autoridades es mayor y a veces pareciera que el estado, simplemente, está rebasado. Es verdad que se nos dirá que todo lo relatado es parte de un capítulo particular de la vida nacional que podría catalogarse, solamente, como la consecuencia de la guerra entre los distintos grupos del crimen organizado a partir de la detención o muerte de varios de sus principales líderes: o sea como consecuencia de los éxitos obtenidos en la propia lucha contra el crimen organizado. En parte es verdad. También lo es que la situación es compleja porque tenemos un sistema legal que no se ha adecuado con la velocidad necesaria a los requerimientos del crimen organizado.
Por ejemplo, cuando se dice que el traslado de Almoloya de estos 45 detenidos puede no ser relevante se comete un error: lo es, porque quita presión a ese penal y si bien no se pudo trasladar a los que parecen ser los principales contralores del penal, también es verdad que al haber menos internos el control sobre ellos puede ser mayor, lo mismo que la exigencia de rendición de cuentas hacia los propios guardias y funcionarios carcelarios. El punto es que no se puede trasladar a los Osiel o los Arellano o los Arizmendi, porque están sujetos a proceso y la ley impide su traslado. Sólo pueden ser traslados personajes como Abuerto o Caro que tienen ya sentencia en firme. Y más de dos tercios de los detenidos en Almoloya aún están bajo proceso.
Algunos en el gobierno federal siguen pensando que la solución a estos desafíos sigue siendo la extradición de muchos de estos personajes que son requeridos por el gobierno de Estados Unidos. Que sólo así, dicen, se romperá la red de complicidades. Muchos reaccionan, en automático, con el rechazo a esta medida. Quizás tengan razón, pero se debe reflexionar seriamente sobre las verdaderamente mejores opciones para romper con un cáncer que sigue avanzando.