La forma en que opera la procuraduría de justicia del Distrito Federal es cada día más incomprensible: después del largo show que se montó ayer en San Lázaro para proceder al desafuero de René Bejarano, éste salió tranquilamente hacia su casa, donde pasaron algunas horas para que obtuviera, ya sin fuero, una extraña suspensión provisional para evitar que fuera detenido, extendida por un juez federal de Pachuca, donde se comprobó, con esta decisión, que allí también hace aire.
La forma en que opera la procuraduría de justicia del Distrito Federal es cada día más incomprensible: después del largo show que se montó ayer en San Lázaro para proceder al desafuero de René Bejarano, éste salió tranquilamente hacia su casa, donde pasaron algunas horas para que obtuviera, ya sin fuero, una extraña suspensión provisional para evitar que fuera detenido, extendida por un juez federal de Pachuca, donde se comprobó, con esta decisión, que allí también hace aire.
Pero eso no es lo más increíble: ayer mismo, después de que se dio a conocer esa información, la gente de Bernardo Bátiz informó que tardará unos cuatro días en tener lista la orden de aprehensión del desaforado diputado local. ¿Por qué cuatro días?¿a qué se dedicaron estos ocho meses?¿no podrían haber trabajado el puente y, después de que estuvo lista la resolución de la sección instructora, por lo menos, tener lista la orden de aprehensión para estos días? Más raro aún: Bejarano cuando difundió el miércoles supuestas pruebas del complot, que tomó de los expedientes del proceso que se le sigue a él y a Carlos Ahumada, volvió a violar la ley: está prohibido por ley divulgar partes de procesos penales en curso y evidentemente, sin la colaboración de la propia PGJDF no hubiera podido obtener esa información, que la propia procuraduría, gentilmente, aceptó como pruebas del supuesto complot, eregido una vez más como cortina de humo de los verdaderos delitos cometidos por Bejarano y asociados. Obviamente, la PGJDF no inició demanda alguna contra quien, al divulgar esa información estaba cometiendo un delito más.
Ayer el debate, nuevamente, se alejó del punto principal: qué había hecho Bejarano con esos cinco o seis millones de dólares que él mismo y Ahumada reconocen haber intercambiado; en qué se usaron esos recursos; qué sabía de esas operaciones López Obrador; cuáles eran las tareas sucias que, dijo Bejarano, realizaba incluso sin que el propio jefe de gobierno conociera, porque éste no quería enterarse de ello. La última versión de Bejarano de que fue con Ahumada por el pedido de Rosario Robles y que le entregó a ella ese dinero, no tiene lógica alguna: todo mundo sabía que la relación política entre Bejarano y Robles era inexistente, mejor dicho, existía pero no era de amigos ni aliados, sino de adversarios internos. ¿Qué necesidad hubiera tenido Robles de enviar a Bejarano para que Ahumada le diera un dinero destinado a ella? Pero más allá: ¿es tan torpe e ingenuo el señor Bejarano como para aceptar dócilmente órdenes de uno de sus principales adversarios políticos y además para ir a cometer un acto que sabía perfectamente que era ilegal? Todo lo demás, incluida la peregrina historia del complot (que por supuesto dista mucho de estar "documentado") es parte de la escenografía secundaria. La historia original es la de la corrupción y sobre ella deben responder los principales implicados. Pero incluso si hubiera un complot, no se basó en la invención de datos y videos, sino en información dura, en una lógica de corrupción generalizada que en lugar de atacarse y detenerla se ha tratado de ocultar.
Todo ello, fuera del triste antecedente que sentaron ayer los diputados al aceptar desaforar a Bejarano. No porque no lo mereciera, sino porque al haberse separado hace ocho meses de su cargo como diputado local, Bejarano ya no debía tener fuero. El fuero protege funciones, no personas, cuando se abandona un cargo no es lógico mantener esa protección. El antecedente que sentaron los diputados ayer, en ese ámbito, es funesto, porque la sociedad, lo que quiere es que cada vez se reduzcan más los fueros, no que se amplíen hasta para que los diputados lo utilicen, como el suplente de Bejarano, para no pagar la renta. Pero el acuerdo entre Pablo Gómez y Emilio Chuayffet sigue en pie, y se votó de esta manera por una sencilla razón: si no lo desaforan antes, el jefe de gobierno capitalino podrá conservar el fuero cuando renuncie al DF para presentarse como candidato presidencial y así, incluso, se dará el absurdo de que será un candidato en campaña, pero protegido por el fuero.
"El 87 % contra la resistencia civil de AMLO"
Esa podría haber sido la cabeza de ayer, en primera plana de Milenio Diario, el periódico en el que soy columnista desde su fundación. Sin embargo, prefirieron titular que "13 millones apoyaban la resistencia civil" de López Obrador si lo desaforaban, lo que es, simplemente y leyendo la encuesta, una falsedad, un forma tergiversada de leer e interpretar un estudio estadístico que no hace justicia a la trayectoria de un periódico serio, plural e influyente como Milenio Diario, al contrario.
Es más, estoy absolutamente seguro que Maria de las Heras, la mejor encuestadora política de México, no aprobó esa cabeza e incluso la forma en que se publicó esa encuesta. Primero, porque no se incluye, como siempre, información e interpretación alguna sobre la encuesta escrita por ella. Pero también porque en la nota metodológica dice que la encuesta se levantó hace un mes: el 6 de octubre. ¿Qué lógica tiene publicar una encuesta con un mes de antigüedad cuando todos sabemos que una encuesta es una suerte de fotografía social de un momento determinado?
Pero independientemente de ello, lo tendencioso del titular se desprende de la lectura de la propia encuesta. La pregunta en la que se basa el titular es "si estaría dispuesto a participar en una marcha o manifestación" (si se vota el desafuero a López Obrador), lo que evidentemente no es lo mismo que "apoyar la resistencia civil". Pero lo notable de ello no es que el 20 por ciento (que es el porcentaje electoral tradicional del PRD) acepte la posibilidad de participar en una marcha de apoyo a López Obrador, sino que el 80 por ciento, no está dispuesto a apoyar una movilización de esas características por esa causa: ¿desde cuándo es más importante el apoyo de un 20 por ciento a una movilización que la oposición del otro 80 por ciento? Pero incluso, nuestro periódico se equivoca por partida doble en la primera plana cuando dice que ese porcentaje es de los que "apoyan la resistencia civil". En realidad, cuando María pregunta sobre quienes apoyarían algunas medidas de resistencia civil como dejar de pagar impuestos o servicios, sólo el 13 por ciento apoyaría esa medida (extrapolado a electores, sólo el 8 millones 400 mil de un universo de más de 67 millones), o sea que el 87 por ciento está en contra de la mentada resistencia civil. Cuando María pregunta si estarían dispuestos a participar en bloqueos de calles o carreteras, el índice disminuye aún más, y se queda en sólo 10 por ciento, o sea que el 90 por ciento de la población rechaza esas medidas.
Al contrario de la forma en que se presenta la encuesta de María de las Heras, una lectura casi obvia demuestra que, y eso sería lo más importante, el 56 por ciento opina que López Obrador tendría que tratar de llegar a un acuerdo con el PRI y el PAN para buscarle "una salida política al asunto", o sea que la mayoría de la gente no está de acuerdo con el conflicto y el enfrentamiento que plantea el jefe de gobierno. El 52 por ciento de los encuestados "piensan que con la teoría del complot (AMLO) sólo le está dando la vuelta al problema en lugar de enfrentarlo", lo que quiere decir que la mayoría de la población no cree en la teoría del complot. Cuando se pregunta qué sucedería si Roberto Madrazo y los diputados del PRI apoyaran el desafuero de López Obrador, un 45 por ciento dice que la imagen que tienen del PRI y de Madrazo empeoraría (es el mismo 45 por ciento que dice que jamás votaría por el PRI o por Madrazo) mientras que el 19 por ciento opina que mejoraría, un 28 por ciento que quedaría igual y un 8 por ciento dice que depende o que no sabe. Cuando se pregunta, en el caso de ser desaforado el jefe de gobierno y que no pudiera participar en las elecciones, si el presidente electo mantendría su legitimidad, el 54 por ciento dice que sí, un 8 por ciento dice que dependería del candidato, un 11 por ciento no sabe y sólo un 27 por ciento (una vez más en el rango de votación actual del PRD), sostiene que ese presidente no tendría legitimidad.
Las encuestas, sobre todo las que realiza María de las Heras, son serias y responsables, permiten medir la opinión pública y ofrecer una visión de un momento, que es informativamente muy útil. No se vale, por las razones que sea, manipular, con presentaciones que resultan falsas, sus resultados: ni María de las Heras ni nuestros lectores lo merecen. En todo caso, si se interpretara con objetividad la encuesta que ayer leímos, tendríamos que concluir que, por lo menos el 87 por ciento de la población no está de acuerdo con la estrategia planteada por López Obrador de resistencia civil, mientras que más de la mitad de los ciudadanos no se traga la tesis del complot.