Este domingo habrá elecciones en Tamaulipas, Sinaloa, Puebla, Tlaxcala y elecciones locales en Michoacán, para elegir presidentes municipales y diputados; pocos meses después habrá elecciones, en febrero, en Guerrero y Quintana Roo. Todos, quizás con la única excepción de Puebla y Tlaxcala, son estados con una importantísima presencia del narcotráfico y la capacidad de decisión del mismo en esos estados, particularmente en Tamaulipas, Sinaloa y Michoacán. Eso se ha reflejado en una guerra que ha dejado, ya, centenares de muertos en los tres estados.
Este domingo habrá elecciones en Tamaulipas, en Sinaloa, en Puebla y en Tlaxcala, además de elecciones locales en Michoacán, para elegir presidentes municipales y diputados; pocos meses después habrá elecciones, en febrero, en Guerrero y Quintana Roo. Todos, quizás con la única excepción de Puebla y Tlaxcala (una excepción relativa, recordemos que en Puebla fue detenido Benjamín Arellano Félix), son estados con una importantísima presencia del narcotráfico y la capacidad de decisión del mismo en esos estados puede ser muy importante, particularmente en Tamaulipas, Sinaloa y Michoacán. Eso se ha reflejado en una guerra que ha dejado, ya, centenares de muertos en los tres estados.
Y es que el narcotráfico también vota y puede decidir quién o quiénes gobiernan los estados en donde tiene un poder decisivo. Muchas veces hemos insistido en que el narcotráfico se basa en su poder local: en el control de municipios, regiones, en ocasiones estados, mucho más que en las grandes estructuras de control nacional. Estas son mucho más caras y resultan importantes en términos operativos, pero para su estrategia de control necesita del poder local. Así controla tanto la producción como el tránsito (y en ocasiones el consumo) sin preocuparse demasiado de las grandes estrategias en su contra. ¿Para qué buscar comprar un secretario de estado, un funcionario federal de altísimo nivel, si éste puede resultar más vulnerable que un funcionario local, que cuesta menos pero tiene capacidad de otorgar protección en los espacios de operación reales de los distintos grupos de narcotraficantes? Claro que en ocasiones se llega a controlar a personajes clave de la política o la seguridad, como ocurrió en su momento con Mario Villanueva o con Jesús Gutiérrez Rebollo o hace algunas semanas, en otra dimensión de poder real, con el funcionario de la AFI, Domingo González Díaz. Pero lo importante es el control, el poder local.
Entonces, los cambios en ese ámbito siempre alteran los delicados equilibrios internos y suelen generar, como lo estamos viendo, guerras abiertas entre los distintos grupos del narcotráfico, tratando de mantener o aumentar sus posiciones. No es un tema menor: el control de esos espacios es decisivo para el manejo de cada uno de los cárteles.
No nos engañemos. Muchos de los municipios de Sinaloa, estén gobernados por panistas, priistas o perredistas, son controlados por el narcotráfico. Lo mismo sucede con buena parte de Tamaulipas o en Michoacán (o en Guerrero). Los vacíos son los que explican, en buena medida, los numerosos ajustes de cuentas que se han dado. Pero también los nuevos equilibrios. No sabemos cuál ha sido la razón de fondo para la ruptura entre la mayoría de los integrantes del holding de Juárez (Juan José El Azul Esparragoza, Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada) con el hombre que controla esa plaza, Vicente Carrillo Fuentes, y que llevó al asesinato de su hermano Rodolfo en Sinaloa y luego a una sucesión de ajustes de cuentas que está lejos de terminar. Pero preguntémonos si ello no tiene relación, por ejemplo, por el cambio de administración en Ciudad Juárez o en las alianzas que pudiera haber establecido Rodolfo en el proceso de sucesión sinaloense o en el peso que ha adquirido Esparragoza, el verdadero jefe de ese grupo (que no es un nuevo cártel, esa organización es la que siempre ha existido en torno a Juárez, con la diferencia de que, por alguna razón, Esparragoza, Guzmán y Zambada, han decidido deshacerse de Vicente Carrillo y tener el control de toda la organización, tomando en cuenta que esos tres narcotraficantes, sin duda, han crecido en los últimos años mucho más que su socio ahora convertido en enemigo) en amplias zonas de Tamaulipas y Nuevo León, además de su influencia histórica entre muchos otros grupos del crimen organizado en todo el país.
Por eso resulta tan irresponsable la ligereza con que todos los partidos asumen el tema del narcotráfico dentro de sus propias estructuras y su presencia potencial en las campañas. Todos están acusando a los otros, en la enorme mayoría de los casos sin pruebas, de relaciones con el narcotráfico, y de esa forma le hacen un enorme favor al crimen organizado al trivializar un problema que es verdaderamente grave y termina siendo una acusación más que, ante la generalización, pierde todo interés y sentido. Por otra parte, cuando existen datos duros, antecedentes reales que deberían movilizar a sus dirigencias para apartarse y apartar a sus candidatos de ese foco de infección, pasa todo lo contrario: comienzan las defensas tan a ultranza como inexplicables.
En los últimos días y en relación con las próximas elecciones, todos se han acusado de estar relacionados con el narcotráfico en Tamaulipas y Sinaloa. En el primer estado, ha sido una constante para los candidatos en la zona fronteriza y para la campaña del candidato priista, Eugenio Hernández, y por extensión al gobernador Tomás Yarrington…pero no han mostrado una sola prueba de sus dichos. No sé si los argumentos del panista Gustavo Cárdenas y el perredista Alvaro Garza son verídicos, lo que sí resulta muy verosímil es que en muchas campañas en el estado debe estar involucrado el narcotráfico, incluyendo las del PRI, el PAN y el PRD. Por eso las acusaciones en general sobre el tema, o la utilización de la relación con el narcotráfico como una suerte de publicidad negativa sin la fuerza de las pruebas pierde sentido. Un ejemplo de ello lo vimos con el desplegado de legisladores panistas de Tamaulipas demandándole al gobierno federal que intervenga en el estado para poner orden ante Los Zetas. Tienen razón en la descripción de la situación, se equivocan en otras cosas: por ejemplo, al exigir esa intervención asumen que el gobierno federal no lo está haciendo, cuando una y otra vez la PGR insiste en los golpes que le ha dado a esa organización. Sin ir más lejos apenas la semana pasada se dieron a conocer las detenciones de dos de sus líderes y de varios sicarios. La acusación en ese sentido termina revirtiéndose. Por el contrario, si tuvieran datos duros, pruebas sobre la protección de autoridades estatales o municipales a los Zetas sería muy distinto. La generalización en la acusación abarata incluso, los costos de cualquier delito: si todos son corruptos o todos están ligados al narcotráfico y todo se basa en dichos ¿para qué la ciudadanía se va a preocupar en interesarse en la cosa pública?
Lo mismo está sucediendo en Sinaloa. El presidente del PRI, Roberto Madrazo, actuó con ligereza la semana pasada cuando en forma implícita o explícita (las versiones de prensa no se ponen de acuerdo) involucró a Manuel Clouthier y a sus familiares, incluyendo el actual candidato panista a gobernador, en temas relacionados con el narcotráfico. ¿Por qué? Porque no tenía las pruebas de sus dichos, sólo versiones y porque, obviamente, Clouthier ya no puede defenderse ni de esa ni de ninguna otra acusación. Como actuó con ligereza el presidente nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena al extender de un funcionario policial que acompañaba a Rodolfo Carrillo al momento de su muerte en Culiacán el 11 de septiembre pasado, a todo el gobierno sinaloense la relación con el narcotráfico. No dudo que una u otra cosa pueda tener elementos de verosimilitud, pero lo importante no es eso: es tener pruebas y exhibirlas.
En ese sentido, el mayor error en este asunto ha sido del propio PAN porque la presencia de dos de sus candidatos en las exequias de un conocido narcotraficante en el municipio de Sinaloa de Leyva, no puede ser justificada. El PAN, con razón, ha demandado una investigación penal sobre el caso, pero el punto no es legal, es político: con ligas o no con el narcotráfico, dos candidatos no pueden estar en los funerales de un reconocido delincuente ofreciendo sus respetos a él y a su familia. No hay margen para el error en ese sentido. Mucho menos cuando esos candidatos, en lugar de aceptar su equivocación, reivindican su participación. Para romper con las especulaciones, el panismo inmediatamente tendría que haber retirado ambas candidaturas, porque el daño político ya estaba hecho y, como ha ocurrido, sólo podía aumentar.
El hecho es que el narcotráfico sí interviene en esas y en muchas otras campañas electorales y cuanto más locales son las elecciones, mayor es su capacidad de penetración. Lamentablemente, con las acusaciones generalizadas, son los propios partidos y sus candidatos, de todas las fuerzas políticas, las que le brindan la mejor de las cortinas de humo para ocultarse.