El debate que se está escenificando entre la cámara de diputados y la de senadores por la ley de ingresos del año próximo es uno de los conflictos políticos que escenifican mejor que muchas declaraciones y sesudos análisis porqué estamos en una situación institucional tan difícil.
Para Carlos Díaz Caíto y Mauricio Achar: dieron tanto que se fueron antes de tiempo.
El debate que se está escenificando entre la cámara de diputados y la de senadores por la ley de ingresos del año próximo es uno de los conflictos políticos que escenifican mejor que muchas declaraciones y sesudos análisis porqué estamos en una situación institucional tan difícil.
En la superficie, lo que existe es sólo una diferencia de interpretaciones: la cámara de diputados decidió, entre otras medidas para la ley de ingresos del 2005, aumentar el precio promedio de referencia de la mezcla mexicana de crudo de los 23 dólares propuestos por el gobierno federal a 27 dólares promedio por barril, con lo que logró un aumento sustancial de recursos para el presupuesto. Al mismo tiempo, para contar con mayores recursos sin aumentar la recaudación fiscal, decidió incrementar el déficit presupuestal de 0.1 por ciento, que era la propuesta de la Secretaría de Hacienda, a 0.3 por ciento. Finalmente, en otra medida que ha sido muy debatida, decidió modificar los sistemas de contabilidad de inventarios que cambia radicalmente la contabilidad (y el costo fiscal) de muchas empresas y estableció un nuevo régimen fiscal para Petróleos Mexicanos. La ley de ingresos, con esas modificaciones fue aprobada, por primera vez en la historia contemporánea de México, con el voto en contra del partido en el poder: o sea que el PAN votó en contra mientras que el PRI, PRD, PVEM, PT y Convergencia votaron a favor de esas modificaciones.
La iniciativa aprobada por los diputados pasó a la cámara revisora apenas la semana pasada, y desde un principio los senadores dejaron trascender que no estaban de acuerdo con lo que se había aprobado, por lo menos en varios puntos. En otro hecho insólito la cámara de diputados publicó el fin de semana un desplegado pidiéndole a los senadores que aprobaran la ley de ingresos sin modificaciones argumentando, entre otras cosas, que no tendrían tiempo para sacar adelante el presupuesto de egresos que tendría que estar aprobado para el próximo 15 de noviembre. En realidad, resulta claro que se trataba de una presión de otras características: en última instancia en la cámara de diputados tuvieron la iniciativa de ley de ingresos desde mediados de septiembre y la sacaron apenas a fines de la semana pasada, no le podían exigir al senado que en apenas dos días revisaran la iniciativa y la regresaran para su aprobación definitiva.
Los senadores han hecho valer su opinión y harán algunas reformas importantes a la ley de ingresos: el precio del petróleo se establecerá en 23 dólares por barril pero se dispondrá que los cuatro dólares adicionales que habían calculado los diputados se mantendrán "encorchetados" de forma tal que si el crudo alcanza ese precio o lo rebasa, el gobierno federal tendrá la obligación de utilizar esos recursos en infraestructura (desde obras públicas, hasta salud y educación) pero no podrá utilizarlos en gasto corriente. Al mismo tiempo, los senadores proponen que el déficit se reduzca del 0.3 por ciento propuesto a un 0.22 por ciento. También están revisando (pero allí no tenían al momento de escribir estas líneas un acuerdo, porque como siempre se cruza el tema de los contratos de servicios múltiples) el régimen fiscal de PEMEX y también el sistema de contabilidad de las empresas, por lo menos para que sea un proceso gradual que no sea tan gravoso para las empresas. Entre los diputados hay posiciones divergentes sobre estos temas, pero la mayoría reclama que el senado no realice cambios, aunque como cámara revisora tiene todo el derecho a hacerlo.
El punto, en todo caso, va más allá. Por una parte, los diputados no tomaron en cuenta las resoluciones sobre el tema adoptadas en la Convención Nacional Hacendaria. Todos los trabajos de la Convención donde participaron los gobernadores del país, además de los propios legisladores y de representantes del gobierno federal, en las que se depositaron tantas expectativas, fueron ignoradas por los diputados. En otra oportunidad se podrá analizar si tuvieron o no razón, pero el hecho es que la mayoría de los gobernadores tomaron eso casi como una afrenta. Al mismo tiempo, los senadores son quienes representan, en el ámbito legislativo, el pacto federal: en el terreno teórico, mientras los diputados representarían al pueblo, los senadores representan a los estados de la República. Al no incluir la ley de ingresos las propuestas de la Convención era casi obligatorio que los senadores la modificaran para darle una visión a esa legislación más acorde con lo planteado en esos meses de trabajo.
Pero la diferencia va más allá, y en la forma se refleja el fondo del debate. Esas posiciones divergentes representan, en buena medida, dos visiones en el priismo (e incluso en sectores del perredismo) que no pueden ignorarse. Mientras en la cámara de diputados se imponen las posiciones que podrían denominarse como más populistas (aunque en realidad, y pese a que tiene elementos de esa característica, la ley de ingresos aprobada no puede como populista, aunque no deja de ser preocupante que el incremento de los ingresos se calcule exclusivamente con base en el precio del petróleo y el del déficit, mientras no se toma medida alguna para aumentar la recaudación ni la base de contribuyentes) mientras que los senadores, por experiencia política y por la presión de los gobernadores, quieren privilegiar finanzas más equilibradas y evitar movimientos bruscos que, luego, terminen propiciando recortes, además, insistimos, de que el agravio de ignorar la CNH lastimó, una vez más, las relaciones entre los mandatarios estatales y los líderes de los diputados.
En los hechos, se podría ir más allá: esas posturas divergentes lo que están escenificando son las dos posturas básicas que coexisten en el PRI: la del dirigente nacional del partido, Roberto Madrazo, que controla la mayoría de la bancada en la cámara de diputados, y la de Enrique Jackson, que refleja la posición de la mayoría de los sectores no madracistas y en esta coyuntura, también, de los gobernadores. No es un dato menor, cuando resulta cada vez más evidente que muy probablemente en la recta final de la designación del candidato priista, se enfrentarán esas dos corrientes y muy probablemente esos dos hombres en busca de la candidatura presidencial. Esos son los mensajes que están enviando desde ahora para diferentes clientelas políticas, pensando, por supuesto, en el paquete económico del 2005, pero también en ver cómo se posicionan mejor para el 2006.
Por cierto, no es muy diferente la situación en el PRD. En la cámara baja las posiciones del lopezobradorismo son muchas, pero en el senado la presencia del cardenismo es importante, lo mismo que la relación de los senadores con los gobernadores perredistas, es distinta a la que tienen con López Obrador. Allí también están jugando, en torno a la ley de ingresos, con sus propias cartas.
Y Bejarano sigue ahí
Ayer el procurador general de la república, Rafael Macedo de la Concha aceptó que René Bejarano manipuló, como aquí habíamos dicho, las pruebas del supuesto complot que presentó la semana pasada. Que utilizó partes de documentos que están orientados en otro sentido en las investigaciones para presentarlos en forma manipulada, interesada; que el nombre, incluso, de Carlos Salinas aparece en un documento, dijo Macedo, en una forma completamente diferente a la que dio a entender Bejarano. Este nunca mostró las pruebas que decía tener y que decía haber copiado del expediente, y no lo podía hacer porque es información falsa y manipulada, como lo confirmó ayer el procurador. Además de que divulgando esa información estaría, como también dijimos, cometiendo un nuevo delito. Es ya una costumbre en el llamado señor de las ligas, que se acrecienta porque lo puede hacer con impunidad. Cuando presentó documentación falsa sobre los presuntos estados de cuenta bancarios de Rosario Robles, documentos que inmediatamente después se supo que eran burdas falsificaciones, no le hicieron nada. Ahora presenta nuevamente pruebas falsas y manipuladas y no pasa nada. Pero con Bejarano se aplica la frase juarista: "a los amigos justicia y gracia".