El llamado ?reloj legislativo?, congela el horario de la cámara de forma tal que el 17 de noviembre pueda votarse algo como si fuera el 15 del mismo mes y que, por lo tanto, ignora el tiempo real, se ha demorado, en esta ocasión, más que nunca. Los diputados, que tenían que tener concluido el presupuesto de egresos para el año próximo como máximo el lunes pasado, decidieron congelar el tiempo en la cámara y darse tiempo hasta mañana para aprobar un muy cuestionado presupuesto.
El llamado "reloj legislativo", con congela el horario de la cámara de forma tal que el 17 de noviembre pueda votarse algo como si fuera el 15 del mismo mes y que, por lo tanto, ignora el tiempo real, se ha demorado, en esta ocasión, más que nunca. Los diputados, que tenían que tener concluido el presupuesto de egresos para el año próximo como máximo el lunes pasado, decidieron congelar el tiempo en la cámara y darse tiempo hasta mañana para aprobar un muy cuestionado presupuesto. El argumento fue que el senado, al ajustar el déficit presupuestal y mover algunas regulaciones fiscales menores, redujo los ingresos y por ello se debieron ajustar los gastos. En realidad, las bancadas del PRI y el PRD decidieron realizar un ajuste importante en el presupuesto, lo que modificó muchas de las políticas del gobierno federal.
Esto ha llevado, incluso, a la amenaza de un veto presidencial al presupuesto si éste, mañana, termina siendo aprobado sin modificaciones. No nos engañemos: salvo que en la cámara se vote mañana alguna locura presupuestal no habrá veto porque sería lo mismo que firmar una ruptura con el congreso para el resto del sexenio, pero porque tampoco, aunque algunas reformas sean poco afortunadas, es para tanto. Existen mecanismos como para atemperar las modificaciones de los diputados y el propio PAN que fue tan duro con la aprobación de la ley de ingresos en la cámara de diputados, terminó aprobándola, con modificaciones mínimas en la de senadores y refrendándola en la cámara baja al día siguiente.
Ese no es el problema: parece serlo en realidad, más el antecedente, que no es bueno para el futuro, si asumimos que difícilmente volveremos a tener un gobierno con mayoría parlamentaria propia en los próximos años, de que se modifiquen los presupuestos del ejecutivo sin mantener una negociación seria con éste para atender las prioridades del propio gobierno.
De todas formas, el punto sigue siendo el de los ingresos: el presupuesto no termina de cuadrar ni deja conforme a nadie porque sencillamente no alcanza y cuando lo hace es porque, como ocurrió ahora, se realizaron movimientos contables, con el precio del petróleo o el déficit presupuestal para que las cuentas cuadren. Mientras no crezcan los ingresos fiscales directos, no los provenientes de fuentes como PEMEX, no se podrá presupuestar con certidumbre y a largo plazo. Pero eso los diputados y los dirigentes partidarios no parecen comprenderlo (peor aún: lo entienden muy bien, pero ninguno de ellos quiere asumir el costo político de esa decisión).
En todo caso, en un momento de escasez de recursos público no deja de llamar la atención que el propio ejecutivo federal y la auditoria superior de la federación sean tan benévolas con el cobro de las sanciones que ellos mismos han impuesto a funcionarios públicos por diversas irregularidades. No son cifras menores, desde 1997 hasta ahora, la secretaría de la Contraloría (ahora de la Función Pública) ha aplicado multas por 13 mil 800 millones de pesos a más de 11 mil funcionarios de distinto nivel y diferentes áreas federales. Lo notable no es eso, sino que en todo ese periodo, vía la secretaría de Hacienda y el SAT, sólo se han cobrado 3 mil 995 millones, a poco más de cinco mil de los sancionados. Lo que quiere decir que prácticamente nueve mil millones de pesos en multas aplicadas a funcionarios corruptos o que cometieron alguna violación en el manejo de recursos, no han sido cobradas. No son, decíamos cifras menores: nueve mil millones de pesos es una cifra superior a la de varias secretarías de estado (es más que lo destinado a la procuración de justicia, por ejemplo, o a la secretaría de seguridad pública) y más que lo invertido en muchos programas sociales de enorme repercusión en el país.
Lo que sucede es que el combate a la corrupción, en los hechos, también se ha relajado, quizás como parte del basurero en que se ha convertido buena parte de la política nacional, y con ello, también, obviamente el cobro de las multas económicas a los funcionarios sancionados que, por alguna extraña razón, parecen resultar imposibles de hallar por el fisco. El hecho es que ese relajamiento puede demostrarse con datos tan extraños como que la secretaría de la función pública tenga contratado y le pague al despacho González de Aragón y asociados, 17 millones de pesos por trabajos de auditoria. ¿Cuál es el problema? Muy sencillo, el principal propietario de ese despacho es Arturo González de Aragón, titular de la Auditoria Superior de la Federación, la institución, desde el congreso, encargada de auditar al gobierno federal. Arturo González fue durante años un muy exitoso auditor privado que transfirió, al ser designado auditor de la federación, su despacho privado a sus hijos, pero no por ello deja de existir, quizás no en el plano legal pero sí en el ético, un conflicto de intereses, cuando el propio gobierno federal, objeto de su fiscalización, contrata a sus hijos para que haga auditorias privadas en el propio gobierno federal que luego será esculcado por el padre.
Algo está sucediendo. No hubo, ya lo sabemos, peces grandes en la lucha anticorrupción. A los peces pequeños, y algunos ni tan pequeños, no se les cobran las multas que reciben. Del Auditor Superior, que fue tan duro con las primeras cuentas públicas del foxismo que le tocó revisar, poco hemos vuelto a saber. Quizás, decíamos, todo se deba a que se llegó a acuerdos políticos que frenaron esa ola de acusaciones de uno y otro lado. Quizás, se deba a que la batalla contra la corrupción, en ese y en muchos otros ámbitos (como el Distrito Federal) simplemente se ha perdido.
Bejarano, otra vez
Finalmente, Dolores Padierna entregó, luego de muchas amenazas, el famoso video con el que decía que pondría de manifiesto el complot de Ahumada y una larga lista de políticos armaron contra López Obrador. En realidad, una vez más, el video resultó el parto de los montes. Nada de lo que aseguraban los esposos Bejarano, se puede apreciar en ese documento que implique lo que ellos afirman.
¿Qué es lo que muestra el video? Que Ahumada, hablando con Ramón Sosamontes, sigue enojado porque no le han cumplido los compromisos asumidos con el PRD y el gobierno capitalino. Que está buscando un contacto con el gobierno federal para un objetivo no especificado en esa cinta y habla con Sosamontes de contactar a Ramón Martín Huerta (con quien está tan familiarizado que lo llama "Ramón Martínez") o a Alfonso Durazo, descartando a Creel y a Rodolfo Elizondo. Nunca se especifica si los va a buscar o no. Ahumada, habla (el video, nuevamente muy editado, sólo deja hablando a Ahumada, sin intervenciones de Sosamontes) de cómo entregó "más y más dinero al PRD", sin que ese partido cumpliera sus compromisos. En lugar de ser un documento de descargo de Bejarano y otros implicados en esa red de corrupción, termina siendo la confirmación de la misma. Incluso, de acuerdo a la interpretación que se le dé se podría hasta confirmar que lo asegurado por Ahumada es cierto y fue objeto de un chantaje de Bejarano y otros funcionarios capitalinos. Es más, de acuerdo con este video, hasta Rosario Robles, a la que la pareja Bejarano-Padierna han colocado en el centro de todos sus ataques, terminaría casi exonerada por el propio Ahumada, por que asegura en forma por demás explícita que ella no está de acuerdo con él. Lo preguntábamos días atrás y hoy hay que insistir en ello: ¿quién puede creer a esta altura en el señor Bejarano y su esposa en toda esta historia de corrupción?