?No politicen los hechos, colóquenlos en su justa dimensión?, fue la única salida que encontró el jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, a los hechos terribles, indisimulables de San Juan Ixtayopan, en Tláhuac, donde una turba, encabezada presuntamente por los grupos narcotraficantes (y de grupos políticos ultrarradicales) que controlan el lugar asesinó a dos policías y dejó en situación de extrema gravedad a un tercer federal preventivo que estaban investigando la venta de drogas en una escuela del lugar.
"No politicen los hechos, colóquenlos en su justa dimensión", fue la única salida que encontró el jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, a los hechos terribles, indisimulables de San Juan Ixtayopan, en Tláhuac, donde una turba, encabezada presuntamente por los grupos narcotraficantes (y de grupos políticos ultrarradicales) que controlan el lugar asesinó a dos policías y dejó en situación de extrema gravedad a un tercer federal preventivo que estaban investigando la venta de drogas en una escuela del lugar.
No hubo consternación, no hubo exigencia para nadie: el secretario de seguridad pública capitalina, Marcelo Ebrard, atribuyó a los problemas de tránsito en la ciudad el que no hayan podido llegar al lugar donde estaban siendo linchados y quemados los policías. Ebrard, un hombre que conoce la gravedad y la falta de control que existe en ésa y en otras zonas de la ciudad, simplemente exoneró a todo el mundo, todos actuaron bien, no hay responsables en la corporación que encabeza; el jefe de gobierno se reunió con la delegada Fátima Mena (sí, la misma que estaba siendo investigada por presuntos fraudes en su demarcación derivados de la historia de los videoescándalos) y también la exoneró de toda responsabilidad, a pesar de que estuvo en el lugar y finalmente se retiró dejando a los policías en manos de la turba que finalmente los asesinó.
Pongamos las cosas en su contexto, en su dimensión y no las politicemos. Que nos digan las autoridades del Distrito Federal qué han hecho para evitar la recurrencia de estos hechos en toda esa amplia zona de la capital donde, una y otra vez, se suceden estos linchamientos. Porque no se trata e un hecho aislado: en Iztapalapa, el 6 de enero se intentó linchar a una persona por un atropellamiento; el 19 de enero en San Pedro Mártir por un intento de robo; el 2 de enero del año pasado en Milpa Alta a un ladrón de autopartes; el 3 de marzo a dos elementos de la policía judicial del estado de México que presuntamente extorsionaban a dos comerciantes; hace dos semanas, otra vez en Milpa Alta a un joven que había intentado robar una guitarra. Ayer el jefe de gobierno capitalino dijo que había que hacer justicia: pero en ninguno de los casos citados, y en los últimos cuatro años ha habido muchos más, ha sido detenida y procesada una sola persona, nadie está en prisión por estos hechos, entre otras razones porque cuando ocurrió el primero de estos hechos, a poco de iniciado su gobierno, López Obrador lo minimizó y terminó hablando de que así ajustaban sus cuentas los pobres, los indígenas, dijo que era un asunto "de usos y costumbres". Con la intervención de ayer de la PGR es la primera vez que se intenta castigar una situación de esta naturaleza.
Pero en el DF ocurre una y otra vez. Cuando la marcha contra la inseguridad exigió que se hiciera algo al respecto, el jefe de gobierno la minimizó y dijo que era un asunto de pirruris. Cuando es ya indudable que alguien, o algunos, están asesinando personas de la tercera edad siguiendo exactamente un mismo patrón criminal, cuando ya suman, según la cifra más conservadora, 19 muertes de ancianas, el jefe de gobierno lo ignora y el procurador lo minimiza, dice que es una historia de los periódicos y cuando los diputados del PAN le piden información, la niega porque son como los del partido Verde, "güeritos y habladores" (¿si fueran morenos y callados les hubiera dado la información?).
Cuando se presenta en forma incontrovertible el hecho de que las organizaciones de la Mara Salvatrucha ya están en la ciudad de México, operando en las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo, denunciadas por los propios policías de sector, el procurador dice que no, que es un problema de la frontera sur, pero que en la ciudad de México no es tal, aunque la propia policía preventiva de la Gustavo A. Madero había detenido, sólo durante el 2003, antes de su crecimiento exponencial en la zona en este 2004, más de 20 integrantes de la Mara Salvatrucha en la delegación. Cuando se le dice al jefe de gobierno que existen más de 10 mil puestos de ventas de droga en la ciudad simplemente lo ignora o lo niega, al igual que su procurador. Cuando se le dice, como lo hizo desde febrero, el propio legislador perredista Gilberto Ensástiga que en la misma zona de Tláhuac donde ahora fueron linchados los policías federales, que allí el control lo tienen los grupos del narcotráfico, la denuncia se ignora. Y el narcomenudeo (que ya es un negocio de miles de millones sólo en la ciudad) comienza a tomar el control de Iztapalapa, de Tláhuac, de Milpa Alta, de zonas de Alvaro Obregón, la Gustavo A. Madero, de Tlalpan, de Xochimilco, del centro de la ciudad. Es verdad, no es el único punto del país donde eso ocurre, pero prácticamente en ningún otro las autoridades locales lo han negado en forma tan intensa y sistemática, con la única excepción del propio Ebrard que por lo menos sí ha reconocido la profundidad del problema pero evidentemente no le ha podido hacer frente.
El problema real es que la lógica de "nosotros los pobres, ustedes los ricos" que utiliza el jefe de gobierno lo que propicia es la impunidad. Si en la docena de casos de linchamientos o intentos de los mismos, nunca se ha hecho justicia con los responsables y se lo percibe sólo como un asunto de usos y costumbres o un derivado de la pobreza; si cuando se realiza la mayor marcha en la historia de la ciudad, reclamando por la inseguridad, se la ignora sistemáticamente y se la ridiculiza; si cuando se advierte sobre la presencia del crimen organizado en la capital la denuncia se ignora; si cuando se descubre a los más altos funcionarios del gobierno local corrompiéndose, se los protege y solapa, ¿cómo se va a poder seguir un rumbo diferente?¿cómo se puede generar una cultura distinta a la que propicia, legitima y premia a la impunidad?
Ayer en el programa de radio que hacemos todas las tardes en Imagen Informativa, llamó un vecino de San Juan Ixtayopan, que dijo llamarse José Jiménez y que, dijo, vivía a unos metros del lugar donde fueron golpeados, linchados, quemados hasta morir los dos policías federales. No llamó para exigir justicia y deslindar al pueblo de los criminales que realizaron esos hechos: llamó para pedir la intervención de derechos humanos y del gobierno del DF porque los policías federales y los miembros de la AFI estaban deteniendo a presuntos responsables. Las campanas del pueblo tronaron nuevamente, como la noche anterior, para convocar a la gente. Algunos lanzaban cohetones contra los helicópteros de la PGR que controlaban el operativo. Pasa lo mismo que ya ha sucedido en Tepeito una y mil veces, lo que ha sucedido en muchas zonas de Iztapalapa, lo que ha sucedido a muchos kilómetros del centro de la ciudad, en la frontera, en Miguel Alemán, en Tamaulipas cuando se detuvo al narcotraficante conocido como El June: todo el pueblo participaba en el negocio y en la protección de los delincuentes. En ese contexto, las policías locales, independientemente de la buena o mala voluntad de sus responsables, simplemente deciden abandonar esos territorios, dejarlos en las manos y el control de la delincuencia y de los grupos armados radicales que se apodera de ellos. ¿Por qué no había policías en el poblado de San Juan la noche de los hechos si incluso estaba allí la propia delegada de Tláhuac? Se argumenta que se tardaron por el tránsito, para llevar los granaderos desde el centro de la ciudad ¿a poco no hay policías en la delegación Tláhuac o en las cercanas que pudieran acudir al lugar mientras llegaban los policías del sector central?
Lo que pasa es que las policías locales le han dejado el control de estos territorios a esos grupos que para financiarse utilizan el narcomenudeo y que, en toda esa región, Iztapalapa, Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco, no sólo están ligados al crimen organizado sino también a grupos armados y obviamente ultraradicales que tienen allí sus bases y desde donde operan delincuencial y políticamente. Un par de años atrás, escribimos un libro llamado El otro poder, donde describíamos las redes de la violencia, el narcotráfico y la política en nuestro país y decíamos que esa relación entre grupos políticos locales, crimen organizado y grupos armados, terminaría siendo inevitable si no se rompían los lazos de impunidad que hacían posible esa terrible confluencia que le quita al Estado mexicano el control de ciertas áreas del territorio nacional. En el Distrito Federal ese proceso ya ha avanzado mucho, entre otras razones porque las autoridades lo han permitido.