No hubo sorpresas: la presidencia de la república ejerció su derecho de veto y regresará el presupuesto de egresos del 2005 a la cámara de diputados. Quienes aseguraban que no se vetó el presupuesto porque no se recurrió aún a la Suprema Corte se equivocan.
Lo que seguirá después será objeto de controversia: según los panistas, si los diputados rechazan las observaciones del ejecutivo federal deberán tener dos terceras parte de los votos, según los diputados, con una mayoría simple se podrían desestimar las observaciones presidenciales. Si son rechazadas, que es lo más probable, el gobierno federal recurrirá a la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No hubo sorpresas: la presidencia de la república ejerció su derecho de veto y regresará el presupuesto de egresos del 2005 con sus observaciones, impugnaciones, a la cámara de diputados el día de hoy. Quienes aseguraban ayer que no se vetó el presupuesto porque no se recurrió aún a la Suprema Corte se equivocan: el seguido es el procedimiento de veto, un concepto que viene de devolver, de regresar una ley a la cámara de origen.
Lo que seguirá después será objeto de controversia: según los panistas, si los diputados rechazan las observaciones del ejecutivo federal deberán tener dos terceras partes de los votos para ello; según los diputados, con una mayoría simple se podrían desestimar las observaciones presidenciales. Si éstas fueran aceptadas, no habría mayor problema; si son rechazadas, que es lo más probable, el gobierno federal recurrirá a la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De todas formas y salvo que haya habido ayer un cambio de parecer en la cima del ejecutivo federal, la idea es publicar en tiempo y forma el presupuesto para evitar que se genere un vacío político e institucional ya que no está contemplado en la ley la posibilidad de que al inicio de un año no se cuente con un presupuesto aprobado y en vigor.
No sé si ésta es la mejor decisión gubernamental, pero por la forma en que se habían dado las cosas parece ser prácticamente la única opción que le quedaba al presidente Fox. Lo paradójico es que las diferencias reales entre el gobierno federal y los diputados respecto al presupuesto no son tan grandes como se dice: quienes participaron en las reuniones de acercamiento de la semana pasada, aseguran que, finalmente, giran en torno a los diez mil millones de pesos. Podrá parecer mucho pero en términos reales es una parte casi insignificante si tomamos en cuenta que el presupuesto alcanza un billón 818 mil millones de pesos. En realidad, los temas que se deben definir son relativamente pequeños en comparación con las declaraciones que se han hecho (el presupuesto puede descarrilar la economía, han dicho desde el poder ejecutivo; ni un peso atrás en la revisión del presupuesto, han dicho desde la mayoría opositora) y parece absurdo llegar a estos niveles de confrontación por ello.
Sin embargo, no parece haber voluntad, ganas, de avanzar en otra ruta. La idea, en ambos lados, en el gobierno y en la cámara, es tratar de sacar algunos acuerdos pero, al mismo tiempo, no apartarse de la línea de confrontación. Las negociaciones que se realizaron la semana pasada, dicen quienes participaron en ella, no fueron malas, hubo avances pero, tampoco se llegó a acuerdos. La posibilidad de salvar la crítica situación que se avecina sería recurrir al artículo 126 y sin modificar el presupuesto votado el pasado 18 de noviembre tratar de que se pueda aprobar antes de que concluya el periodo ordinario, el 15 de diciembre próximo, un decreto que modifique algunas pautas y corrija los errores detectados en el documento presupuestal.
El problema es que no hay confianza y por eso fracasa esa ruta: los diputados no quieren reconocer que han cometido errores, y el gobierno federal duda que los diputados cumplan con su palabra y, finalmente, digan, una vez que el ejecutivo no hubiera impugnado el presupuesto, que "no pudieron sacar" el acuerdo legislativo. En realidad, las diferencias, insistimos no son tan amplias, el problema es la desconfianza, alimentada, además, por una cruda lucha de cara al 2006, que poco y nada tiene que ver con el gasto público para el año próximo (aunque la dirección que toma el gasto evidentemente intenta influir en ese proceso e incluso en las elecciones del 2005).
¿Por qué el gobierno federal ve con buenos ojos la controversia constitucional? Por una sencilla razón, porque el presidente Fox quiere que la Corte establezca con claridad hasta dónde puede llegar la cámara de diputados en la modificación de las políticas económicas del ejecutivo y, al mismo tiempo, en qué medida, el ejecutivo puede impugnar, vetar, una legislación aprobada por la cámara. No es una mala idea en la actual circunstancia, pero podría haber otras alternativas para llegar a los mismos objetivos. En realidad, ese es el principal punto de debate en toda esta historia. Por eso, el propio gobierno federal ha insistido en que, si va a la controversia constitucional, de todas formas publicará el presupuesto y éste entrará en vigor el próximo primero de enero, hasta que la Corte decida sobre su contenido y sobre el proceso que llevó a su aprobación.
Sin embargo, existirían mecanismos relativamente sencillos que no han sido explotados para salir de esta trampa que podría llevarnos, sin demasiados beneficios, a un clima de mucha mayor confrontación. Por ejemplo, está en su etapa final, en la propia cámara de diputados, una ley de presupuesto, presentada en la pasada legislatura por Beatriz Paredes y David Penchyna, que establece con bastante claridad cómo se puede construir el presupuesto, qué es impugnable y qué no en ese documento, qué sucedería si el congreso no se pone de acuerdo y llegamos a un primero de enero sin un presupuesto aprobado. Esos son los verdaderos puntos centrales y quizás no estaría en absoluto de más concentrar en ello el debate. Pero como nos sucede cotidianamente en nuestra vida política, el árbol no nos permite ver el bosque, las pequeñas revanchas personales son más importantes que buscar salidas viables a nuestros grandes (o pequeños) problemas nacionales.
En esta historia del presupuesto hay que insistir que no hay ni habrá ganadores, que todos se han equivocado: los diputados, en un afán protagónico y casi revanchista, han aprovechado para hacer modificaciones presupuestales difíciles de comprender desde la óptica del sentido común (ayer un diputado priista explicaba que en realidad no han disminuido el gasto en seguridad sino que lo han dirigido a los estados, pero aceptaba que sí habían reducido drásticamente el presupuesto de la PGR y la SSP porque ellos atienden delitos federales, al crimen organizado pues, y la comparación de estos delitos con los del fuero común es mucho menor, lo que demuestra que no entiende en absoluto cómo funcionan los mecanismos delincuenciales o que su conocimiento de los temas de seguridad pública y nacional se acercan a cero), y el gobierno federal no tuvo la inteligencia o la capacidad para establecer las negociaciones necesarias antes de la aprobación del presupuesto. No hubo en ninguna de las partes, la suficiente voluntad y sí existió, por el contrario, la idea de que había llegado la hora de ir a un encontronazo político por el presupuesto que les permitiera medir fuerzas.
Ambos, el ejecutivo y el bloque opositor en la cámara, decidieron confrontarse y ver cómo se posicionan de cara al 2006. En términos de futura política electoral puede resultar comprensible, pero si vemos el daño que se puede hacer al país, la decisión es lamentable.
De todas formas, a pesar de los discursos, se llegará en los próximos días a un punto de inflexión. Si el presidente Fox pierde la batalla presupuestal puede perder mucho del espacio de poder, relativamente escaso comparado con el pasado, del que sigue gozando actualmente, aunque siempre le quedará el argumento de que no ha podido avanzar porque los legisladores no se lo permiten. Si éstos se imponen al ejecutivo, estaremos en una situación inédita, donde los márgenes de poder de la presidencia serán tan estrechos que nadie podría estar demasiado confiado en que ello se podrá compensar con la actividad de un congreso que dista de estar prestigiado ante la población y mucho menos unificado tras objetivos comunes. Es verdad que, como ocurrió con el G-4 en el 97, esa situación no durará los dos años siguientes, será un momento de unidad opositora mientras se definen las cosas hacia el 2006.
La despedida de Murat
En 48 horas José Murat dejará el poder, por eso quiere ajustar cuentas con sus adversarios, del modo en que el gobernador sabe hacerlo, mediante la violencia. Ayer domingo, aproximadamente a las 11.30 horas, un grupo de encapuchados armados, enviados por el diputado federal Jorge Franco Vargas y encabezados por Miguel Quintana, presidente municipal electo, así como el presidente suplente Agustín Morales y el Síndico municipal electo, Román Cruz Galán, todos ellos priístas, con un camión de volteo propiedad de éste último, derribaron la puerta de las bodegas del periódico Noticias, ubicadas en la Avenida Ferrocarril número 100, en el municipio conurbado de Santa Cruz Amilpas, en Oaxaca, donde esta empresa almacena el papel periódico, productos químicos y la tinta para la impresión diaria de NOTICIAS. Unas cuarenta personas que los acompañaban, entre los que pudieron ser identificados Francisco Cruz Santiago e Ismael Apolonio García Cruz, armadas y encapuchadas algunas de ellas, se dieron a la tarea de ocupar el inmueble con lujo de violencia, tras desalojar y golpear a los trabajadores. La mañana del lunes el inmueble fue abandonado y en su interior se encontró asesinado un joven. ¿Alguien frenará tantos hechos de impunidad gubernamental?