Se acabó. En los próximos días veremos que la ruptura del presidente Fox con Andrés Manuel López Obrador será ya definitiva: si hasta ahora el enfrentamiento era obvio pero por lo menos se guardaban las formas, a partir, probablemente de esta misma semana, tendremos un enfrentamiento político que girará en torno a la seguridad pública pero que implica, en la forma y en el fondo, el distanciamiento total entre los dos personajes. Un distanciamiento, una ruptura que va de la mano, además, con el inicio, también formal, de la campaña de López Obrador y la decisión presidencial de, finalmente, ajustar cuentas políticas con el jefe de gobierno.
Se acabó. En los próximos días veremos que la ruptura del presidente Fox con Andrés Manuel López Obrador será ya definitiva: si hasta ahora el enfrentamiento era obvio pero por lo menos se guardaban las formas, a partir, probablemente de esta misma semana, tendremos un enfrentamiento político que girará en torno a la seguridad pública pero que implica, en la forma y en el fondo, el distanciamiento total entre los dos personajes. Un distanciamiento, una ruptura que va de la mano, además, con el inicio, también formal, de la campaña de López Obrador y la decisión presidencial de, finalmente, ajustar cuentas políticas con el jefe de gobierno.
El detonante de esta ruptura no fue la decisión del presidente de destituir a Marcelo Ebrard de la secretaría de seguridad pública del DF sino la decisión anterior del propio gobierno del DF y particularmente de López Obrador, de no aceptar responsabilidad alguna de sus funcionarios en el caso Tláhuac (cuando resultaba hasta obvio que, por lo menos el subsecretario Gabriel Regino había actuado con negligencia ante los hechos), deslindarse del asunto, tratar de hacerlo ver como una responsabilidad exclusivamente federal (cuando es evidente que el preservar la seguridad en el DF es responsabilidad de las instancias policiales de la capital) y jugar con aquello de que, aunque el presidente se lo exigiera, él no quitaría de la secretaría de seguridad a Ebrard. Flaco favor le hizo a éste, ya que lo dejó entre la espada y la pared: con sus declaraciones y actuación López Obrador prácticamente obligó al jefe de gobierno a destituir a Ebrard, de otra forma exhibiría una muestra de debilidad monumental.
Ebrard y Figueroa fueron destituidos y el jueves pasado, al término de las 72 horas que le había dado el presidente para que propusiera al sucesor de Ebrard, el jefe de gobierno capitalino envió a Los Pinos el nombre de Joel Ortega, un político muy controvertido que trabajó en el pasado con Manuel Camacho y el propio Ebrard, que ha estado a cargo de la secretaría de transportes capitalina, que fue delegado en la Gustavo A. Madero (donde uno de sus principales colaboradores fue su sucesor, Octavio Flores Millán, actualmente prófugo como consecuencia de los procesos contra Carlos Ahumada) y que al mismo tiempo que se ha logrado acercar mucho a López Obrador, también ha sido muy cuestionado, incluso por sus propios compañeros de partido, por sus manejos poco claros de la administración y su desconocimiento en tareas de seguridad. Pero incluso así, la ratificación de Ortega se veía como probable si el gobierno federal no quería iniciar una escalada contra el GDF.
Pero apenas un día después, se volvió a filtrar algo que estaba presente desde varios días atrás, la posibilidad de que además de la destitución de Ebrard, Figueroa y otros ocho mandos de la PFP, también pudiera haber sanciones penales y/o administrativas contra éstos y otros funcionarios. López Obrador en su conferencia de prensa matutina profundizó entonces aún más el enfrentamiento hasta hacerlo evidente: la procuraduría general de la república dijo le queda grande al procurador, es mucha institución para tan poco procurador. Algunos lo han leído como un error de López Obrador, producto del enojo. No creo que lo sea, es mucho más probable que se haya tratado de una doble provocación, buscando la reacción en primer lugar de Macedo, para iniciar una escalada con éste y luego del propio presidente y colocar en ese nivel el reemplazo de Ebrard, a quien, nuevamente, el propio López colocó en la picota.
Macedo no cayó en la trampa y simplemente dijo que él hará su tarea y que el jefe de gobierno era libre de opinar lo que quisiera. Pero ya este sábado la presidencia de la república, en el programa radiofónico del propio Vicente Fox, dio su respuesta: el presidente aseguró que habrá más consignaciones tanto entre quienes instigaron y llevaron a cabo el linchamiento, como entre los funcionarios que no cumplieron con sus responsabilidades. En los hechos, todo parece indicar que el gobierno federal tomará la cabeza de Ebrard que generosamente le entregó -con su accionar desde el 24 de noviembre- el jefe de gobierno. Habrá más sanciones, y entre ellos, en el ámbito del GDF, estará casi con seguridad Gabriel Regino y muy probablemente Ebrard. Mientras tanto, el procurador capitalino, Bernardo Bátiz, se apresuró a "aconsejar" a Ebrard (como ya lo habían hecho con Bejarano cuando le recomendaron no salir del DF para tramitar un amparo en Hidalgo porque sino en lugar de la policía judicial del DF lo podría detener la PGR) diciéndole que tuviera cuidado cuando este lunes se presente ante el ministerio público federal a declarar porque podría tener una orden de aprehensión esperándolo. Pero además, como publicó ayer Milenio, indicándole que aunque estuviera procesado podría ser candidato al DF si antes no había una sentencia en su contra. Tengo mis dudas al respecto, pero de lo que no cabe duda es que, si esa acusación penal se acompaña de una inhabilitación como funcionario público, ello lo dejaría fuera de la jugada para el 2006.
Pero más importante que esto es lo otro que dijo el presidente Fox el sábado: después de que López Obrador ha insistido una y otra vez en que la policía en el DF no requiere ni reformas ni cambios, que la seguridad pública marcha por buen camino, el presidente Fox se comprometió el sábado a hacerse cargo de la seguridad pública en la capital. Dijo que ha tomado y tomará decisiones "firmes para recomponer los cuerpos policíacos que tienen que ver con la seguridad en el Distrito Federal y para reorganizar las fuerzas federales". La única interpretación posible para ello sería concluir que el gobierno federal rechazará la propuesta de Joel Ortega, porque él, explícitamente, no buscará ni recomponer ni reorganizar las fuerzas de seguridad en la capital: Ortega es un hombre de todas las confianzas de López Obrador que ya ha dicho, una y otra vez, que no considera necesarios hacer en la policía del DF, esos cambios que Fox propone. Si Joel Ortega es designado secretario de seguridad pública ¿cómo podría cumplir con su palabra Fox?
En el artículo 115 constitucional se dice con toda claridad que "el ejecutivo federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente". El Ejecutivo federal puede hacer cumplir a cabalidad esta atribución y asumir el que podría ser, quizás, el mayor de sus desafíos: el control pleno de la fuerza pública en el DF, quitándola en los hechos de las manos del gobierno capitalino. De esa forma, el designado no sería Ortega sino un funcionario escogido por el propio Fox, lo que implicaría también que el tema de la seguridad quedará exclusivamente en manos del gobierno federal, con todo lo que conlleva en términos de desafío político y social en una ciudad con tantos problemas de seguridad como es el DF. Pero precisamente la magnitud del desafío y el fracaso de las autoridades locales hasta ahora para afrontarlo, es lo que lo hace políticamente tan atractivo. Un detalle final, López Obrador es lenguaraz pero sabe que el virtual insulto que lanzó hacia Macedo de la Concha va más allá: el procurador es un militar, un general, y sabe por lo tanto, que sus palabras llegan a otros ámbitos donde sus relaciones son poco menos que malas. ¿Será porque también sabe que de allí vendrá quien finalmente se encargará de la seguridad pública en el DF y quiere dejar planteada la ruptura desde ahora?
Otro "error" con Ahumada
El juez que dictó un tercer auto de formal prisión contra Carlos Ahumada (que en los otros dos casos en su contra tiene sendos amparos que lo protegen) , cometió un pequeño error, en su intento de mantener, como sea, preso a éste: no cumplió con la ejecutoria de amparo que lo protegía contra el delito del que es acusado (una vez más los manejos de la obra pública en la delegación Gustavo A. Madero) con lo cual, si las autoridades actúan conforme a derecho, al contrario de lo que quería el juez, podrían estar acelerando su libertad. Claro, si actúan conforme a derecho.