En las previsiones de las Razones publicadas ayer me equivoqué. Cometí un error que no se debe cometer: confíe en la coherencia de las declaraciones políticas del gobierno federal. Ayer el presidente Fox ratificó a Joel Ortega Cuevas como nuevo secretario de seguridad pública en el DF, como lo había propuesto Andrés Manuel López Obrador el jueves pasado.
En las previsiones de las Razones publicadas ayer me equivoqué. Cometí un error que no se debe cometer: confié en la coherencia de las declaraciones y políticas del gobierno federal. Y por supuesto ya hemos aprendido hace tiempo que no se puede apostar a ello sin correr el riesgo de equivocarse. Ayer el presidente Fox ratificó a Joel Ortega Cuevas como nuevo secretario de seguridad pública en el DF, como lo había propuesto Andrés Manuel López Obrador el jueves pasado.
Cuando el jefe de gobierno anunció esa propuesta la semana pasada, todo indicaba que el presidente Fox la aceptaría para no profundizar el enfrentamiento con López Obrador. Pero el viernes el gobernante capitalino hizo un durísimo ataque a la Procuraduría General de la República y, personalmente, al procurador Macedo, además de que el propio jefe de gobierno y sus principales colaboradores (Marcelo Ebrard continúa siéndolo) han pedido una y otra vez que, para equiparar sanciones, al gobierno del DF no le alcanza el cese del almirante José Luis Figueroa sino que piden la cabeza de Ramón Martín Huerta.
Joel Ortega Cuevas (no confundir con Joel Ortega, militante de izquierda de toda su vida, desde hace años trabajando muy cerca de Jorge Castañeda) es un hombre controvertido: su paso por la secretaría de transportes del DF estuvo marcada por muchos conflictos; su paso por la Gustavo A. Madero para algunos fue muy buena, otros han sido sumamente críticos con ella; el mismo Ortega propuso para sucederlo al ex delegado, actualmente prófugo, Octavio Flores Millán; Joel Ortega fue fundador junto con Manuel Camacho y Marcelo Ebrard del partido de Centro Democrático y el hecho es que se ha ganado la confianza, también, de Andrés Manuel López Obrador.
Si la tesis presidencial era cerrar el capítulo con López Obrador, entonces lo lógico era ratificar a Ortega y dejar que éste y el gobierno capitalino siguieran haciéndose cargo de la seguridad en el DF. Pero el sábado en su programa radiofónico, el presidente Fox acompañado de todo su gabinete de seguridad, anunció más consignaciones en el caso Tláhuac, tanto entre los autores materiales como entre las autoridades que no cumplieron con su responsabilidad, y agregó (como señalábamos ayer) algo que en voz de un presidente de la república debería ser entendido como mucho más serio que una simple declaración propagandística: aseguró que había tomado y tomaría decisiones "firmes para recomponer los cuerpos policíacos que tienen que ver con la seguridad en el Distrito Federal y para reorganizar las fuerzas policiales".
En esa lógica, y luego de ese compromiso público, el presidente no podía ratificar a Joel Ortega, ya no por sus antecedentes políticos o su experiencia en el ámbito de la seguridad, sino por la simple razón de que Ortega es un funcionario de toda la confianza de López Obrador y de su antecesor, Marcelo Ebrard, y ambos han dicho en muchas ocasiones, que no hay que hacer cambios en la policía capitalina, que los cambios ya los estaba haciendo el mismo Ebrard al que la presidencia quitó del puesto por "incompetente"…para dejar en él a uno de sus colaboradores más cercanos. El razonamiento es sencillo: si el presidente considera que debe "recomponer" las fuerzas policíacas y de seguridad del DF y tiene atribuciones constitucionales para hacerlo, que lo haga. Si no quiere asumir esa responsabilidad y prefiere, para bien o para mal, que quede en las manos del jefe de gobierno capitalino, también puede hacerlo, así ha sido hasta ahora. Lo único que no podía hacer es las dos cosas al mismo tiempo: decir que va a reestructurar las organizaciones policiales y que asumirá responsabilidad en el tema y, en los hechos, dejarlo en las manos de López Obrador y de uno de sus colaboradores más cercanos quien, es lógico, no tiene lealtad y compromiso político alguno con el presidente y sí con el jefe de gobierno.
¿O a quién cree usted que le hará caso Ortega en una situación difícil: al presidente o al jefe de gobierno? Rubén Aguilar, el vocero presidencial habló al anunciar la aceptación de Ortega, de una "nueva relación" del ejecutivo con la SSP-DF, más activa, con mayor intervención del gobierno federal e incluso hizo (según Ortega) un amplio reconocimiento al trabajo que viene realizando la secretaría de seguridad pública capitalina (¿entonces porqué quitar a Ebrard?) pero el gran cambio propuesto es que el gobierno federal apoyará financieramente un programa para que las patrullas de seguridad pública capitalina cuenten con un localizador GPS para que en todo momento se sepa dónde están y además, en una exigencia que será muy dura de cumplir para Ortega, le exigieron que enviara a la presidencia de la república un reporte mensual de actividades y avances. ¿Ese es el cambio, la recomposición, la reorganización de la policía capitalina?
Insisto, la lógica hubiera indicado que, desde el inicio, el presidente ratificara la propuesta de López Obrador, la de Joel Ortega. Pero si el presidente decidió públicamente asumir, por lo menos, la corresponsabilidad de la seguridad en el DF, como dijo el sábado, tendría que haber buscado un secretario de seguridad que reflejara ese compromiso. Lo que ha hecho el presidente Fox en los hechos es asumir la corresponsabilidad en los costos de la inseguridad en la capital sin recibir ninguno de los beneficios, porque si los hay ni lo dude usted que éstos serán para el jefe de gobierno.
Ayer mismo, antes del nombramiento de Joel Ortega, el gobierno capitalino volvió a defender la labor de la SSP-DF, mientras que Marcelo Ebrard al salir de la comparecencia ante el MP federal por los hechos de Tláhuac, reiteró las declaraciones muy duras contra el procurador Macedo, la PGR y el gobierno federal acusándolos de utilizar políticamente las investigaciones sobre los linchamientos en contra del gobierno capitalino. No hubo, ni siquiera, un impasse en la lógica de enfrentamiento que priva entre ambas instancias de gobierno. No se aceptaron "gestos de buena voluntad". Lo increíble es que en este capítulo, una vez más, el gobierno federal, solo, sin ayuda de nadie, se volvió a poner en desventaja.
Carta de RSG
Ayer me llegó una carta de Raúl Salinas de Gortari sobre el asesinato de su hermano Enrique, con acusaciones muy duras contra la revista Proceso, algunas compartibles, otras probablemente no. Por lo pronto, Raúl Salinas dice en el texto que su hermano Enrique había sido exonerado de delitos financieros hace ya dos años. "Las propias autoridades suizas, dice el texto, que en algún momento investigaron y mantuvieron congelados los recursos de mi hermano Enrique, desde hace dos años llegaron a la conclusión de su origen lícito. Por eso desde el año 2002 esos recursos fueron liberados y devueltos a mi hermano, por el propio juez Perraudin que lleva la investigación de mi caso. Si esta información se mantuvo en el ámbito privado, agrega Raúl Salinas, es porque era privada". Pero el hermano mayor del ex presidente va más allá: al abordar el reportaje publicado por Proceso una semana antes del asesinato Enrique Salinas sobre un convenio de divorcio firmado ocho años antes, Raúl Salinas se pregunta si el prestigiado semanario "adivinó que Enrique sería noticia", y dice que tiene que aclarar "si fueron adivinos, fueron utilizados o qué sucedió". Y concluye diciendo que "Proceso tiene que aclarar quien los indujo para difamar a mi hermano previamente a su homicidio". En lo personal no creo que un medio tenga que dar la explicación de porqué publicó una nota o un reportaje si la información es fidedigna. En todo caso, el medio y sus lectores tendrán que sacar sus propias conclusiones. Las investigaciones las tiene que hacer la autoridad. Pero no deja de llamar la atención el texto de Raúl Salinas.