¿Quién controla el penal de La Palma? Sin duda, en primer lugar, el narcotraficante Osiel Cárdenas. No lo hace con ninguna estrategia especialmente sofisticada. En este mismo espacio hace ya varias semanas publicamos distintos mensajes escritos que había enviado Osiel Cárdenas a sus subordinados para controlar, desde su celda en La Palma, no sólo su organización sino también el propio penal donde está recluido.
¿Quién controla el penal de La Palma? Sin duda, en primer lugar, el narcotraficante Osiel Cárdenas. No lo hace con ninguna estrategia especialmente sofisticada. En este mismo espacio hace ya varias semanas publicamos distintos mensajes escritos que había enviado Osiel Cárdenas a sus subordinados para controlar, desde su celda en La Palma, no sólo su organización sino también el propio penal donde está recluido.
Uno de esos mensajes encontrado en una casa de Metepec, en el estado de México (cerca de Almoloya y donde operaba la célula del cártel de Osiel Cárdenas encargada de mantener el contacto entre la prisión y el resto de la organización) y escrito por el propio Osiel, especificaba las instrucciones a seguir en el caso del penal de La Palma.
Allí el jefe del cártel del Golfo ordenaba: “1) construir una guardería tipo Jungla Gym afuera de Almoloya; 2) médico para todos los internos de la misma empresa según sus necesidades del interno, como ejem: ceralim, pharmaton u otro tipo de medicamento que urge los que están mal; 3) buscar un ex militar abogado y contratarlo para el buffet como licenciado pero no tener contacto con los internos, únicamente jurídicos y escritos; 4) conseguir todos los libros, manuales, leyes, derechos humanos, servicios militares y sacarles copias como prueba documentar que obren en altos no se pierde nada, al contrario sirve para atraer con sus mismas leyes “P30” legislación militar, etc. La mayoría fuimos detenidos por militares; 5) solicitar los folletos de derechos humanos internacional; 6) solicitar los trípicos de derechos humanos en México; 7) reglamento nuevo del Cereso, diario oficial de la federación 15 de enero del 2004”. El texto concluye con una reflexión: “la gente inteligente habla de ideas, la gente común habla de cosas, la gente mediocre habla de la gente”.
Ese texto es especialmente interesante porque confirma la forma en que se ha movido Osiel Cárdenas para asumir el control de La Palma, aliado con Benjamín Arellano Félix y contando con el apoyo de personajes como Daniel Arizmendi, el famoso Mochaorejas (a quien incluso le consiguió un nuevo abogado y quien se ha convertido en su virtual lugarteniente dentro del penal). La idea es controlar a través de la coacción y el apoyo: de la utilización de las propias leyes en su beneficio y de la extensión de la corrupción a todos los niveles. Va desde colocar guarderías hasta investigar las leyes nacionales e internacionales relacionadas con los derechos humanos; pasa por el regalo de medicinas hasta la obtención de apoyos legales para los detenidos. Es parte de esa estrategia el haber organizado, a través de sus propios abogados, a buena parte de los demás defensores de narcotraficantes presos en La Palma, para denunciar la violación de los derechos humanos de los internos en el penal, incluyendo el pago de desplegados en los periódicos, firmados por el propio Osiel Cárdenas e incluso una entrevista telefónica con Carlos Loret de Mola en su noticiero matutino en Televisa denunciando la violación de sus derechos y exigiendo mayores libertades en el penal de máxima seguridad. Osiel Cárdenas está “politizando” como no lo había hecho nunca antes un narcotraficante preso, su detención porque asume que de esa forma fortalece sus posiciones y sus posibilidades de control dentro y fuera del propio penal.
Ayer mismo vimos otra operación de estas características: los custodias y trabajadores del penal de la Palma “indignados” porque el director de reclusorios de la SSP federal, Carlos Tornero, habló de una evidente “alta traición” entre los custodias y trabajadores de ese penal, que propiciaron el asesinato del narcotraficante Arturo Guzmán Loera, amenazan con paros y movilizaciones, denunciando las “presiones” que ejerce la autoridad en su contra. Si no sería dramático sería absurdo: es obvio que pasar un arma de 9 mm como la utilizada para el asesinato de Arturo Guzmán, debe haber requerido de la complicidad de varios guardias del penal. Se pasan entre seis y siete controles antes de entrar en contacto con un preso y una pistola de esas características no es precisamente fácil de esconder. Tampoco se puede explicar cómo un preso puede llegar al área de locutorios con un arma; cómo, él sólo y sin ayuda, puede amenazar e impedir que actúen los guardias de seguridad en la zona; cómo se puede trasladar hasta otro locutorio, donde estaba su víctima, sin que nadie lo moleste o trate de detenerlo y ejecute al sujeto en cuestión descargándole todo el cargador del arma, antes de ser reducido. Nada de eso se puede hacer sin amplias complicidades (o sin guardias muertos de miedo).
Porque además existen evidencias y testimonios respecto a la corrupción que prevalece en el penal de La Palma, información dura que incluso estaba en manos de la propia SSP desde muchas semanas atrás. La corrupción incluye, por supuesto, a algunos de los abogados defensores de varios de los principales detenidos, que actúan en muchas ocasiones como conductos para enviar los mensajes de sus clientes a sus organizaciones y, también, para “contactar” a funcionarios corrompibles (y los que no aceptan corromperse son coaccionados). No en vano, la información sobre el paro de los trabajadores de La Palma, argumentando la violación de sus derechos por la investigación de la que son objeto, no fue proporcionada por éstos, sino por algunos abogados defensores de los principales detenidos. Por cierto, las organizaciones e instituciones de derechos humanos deben ser especialmente cuidadosas para evitar ser utilizadas por estos grupos, porque su estrategia evidentemente, está dirigida en ese sentido.
Y es que los mecanismos de control y corrupción que privan en distintos penales del país, incluyendo La Palma, sencillamente no puede implementarse sin tener comprados a funcionarios del propio penal. Los custodios de La Palma no sólo deben ser investigados para saber cuáles de ellos trabajan o colaboran con los detenidos, sino que además es imprescindible (lo era desde el asesinato de Beltrán Lugo, El Ceja Güera , en octubre pasado) remover a la mayoría de esos trabajadores, trasladarlos, romper la estructura, cambiar mandos y establecer controles sorpresivos respecto a sus ingresos y el de sus familiares. De la misma forma no se comprende (y allí la estrategia de “derechos humanos” cumple su función) cómo después de todas las denuncias que existen sobre el control que Osiel Cárdenas y algunos otros narcotraficantes tienen sobre el penal, no los han aislado de otros detenidos y colocado por lo menos bajo una vigilancia especial. Menos aún se comprende (en realidad es inconcebible) cómo Carlos Tornero, ante la medida de fuerza tomada por los custodios de La Palma, se limitó a disculparse con ellos por haber dicho que había habido alguna “alta traición” entre los funcionarios del penal, además de aceptar un pliego petitorio de 40 puntos y un aumento salarial de 4.5 por ciento. Mejor no hubiera podido salir la estrategia para quienes operan, desde dentro, el control de La Palma.
Algunos analistas van más allá. Todo lo anterior es necesario, pero opinan que la única forma de romper estas redes de protección terminará siendo la extradición a Estados Unidos de los principales narcotraficantes detenidos que tengan causas abiertas en ese país. Es la solución que encontraron en Colombia hace años, que suspendieron por presiones política y que ahora la administración de Alvaro Uribe ha vuelto a instaurar para enfrentar este mismo desafío. Claro, esa no es una solución indolora y ha generado en otros países, destacadamente en la propia Colombia, una reacción brutal de los narcotraficantes que saben el costo personal que la extradición implica. Pero lo cierto es que difícilmente se podrá romper con esas redes de corrupción sin una medida tan dura como esa.
Porque desde la cárcel se puede controlar prácticamente todo. El propio Osiel Cárdenas, en otro de los escritos decomisados en aquella casa de Metepec el año pasado ordenaba a su gente fuera del penal (se respeta el texto original): “recados pendientes: 1.- que le digas a 14 (se supone que se trata del jefe de los zetas) que la gente que hande en Laredo si es gente del Chapo o Arturo Beltrán que les den piso (o sea que los maten). 2.- que le digas a 14 que le cobre a papa lo de TXArturo (se trata del jefe de la banda de Los Texas, con fuerte presencia en Nuevo Laredo) porque ya es mucho tiempo. 3.- que le digas al conta que mande 100 mil dólar para el vecino 1 Benja (se supone que se trata de su nuevo aliado, Benjamín Arellano Félix). 4.- Pablo habla con el sr de la casa de Mcallen para que se apure con los papeles. 5.- hablar con la sr Celia que los quiere mucho y que le hechen muchas ganas. 6.- hablar con el cuñado para ver qué pasó con eso que no llegó lo que yo les entregué”. Esta y muchas más información se conocía desde mediados del año pasado, aquí la hicimos pública hace casi tres meses. ¿Usted ha percibido, por lo que se sabe, que alguien le haya puesto algún límite a Osiel Cárdernas o a cualquiera de los narcotraficantes que controlan La Palma u otros penales del país?