Si alguien duda de que la seguridad pública se ha convertido en el mayor dolor de cabeza de esta administración y en el principal desafío de gobernabilidad, bastaría con observar lo que ha ocurrido en apenas la primera semana del año. Se podrá argumentar que muchos de estos casos no están en las manos de la autoridad evitarlos y es verdad, pero lo que sí depende de las autoridades, sobre todo de las federales, es romper con la percepción de que todo se puede, de que todo está suelto.
Si alguien duda de que la seguridad pública se ha convertido en el mayor dolor de cabeza de esta administración y en el principal desafío de gobernabilidad, bastaría con observar lo que ha ocurrido en apenas la primera semana del año: el día 31 de diciembre en la noche en el penal de La Palma fue asesinado el hermano menor de uno de los principales narcotraficantes del país, Arturo Guzmán Loera, hermano de El Chapo, su asesino utilizó una pistola 9 mm. Luego fue asesinado por narcotraficantes el delegado de la AFI en Baja California Sur. La misma noche en que fue asesinado el hermano de El Chapo Guzmán fue secuestrado el futuro subdirector de seguridad pública en la muy conflictiva ciudad de Reynosa, en Tamaulipas, cuñado, por cierto del tristemente célebre Guillermo González Calderón. Cuatro días después apareció asesinado. En el lapso hubo un intento de linchamiento de una diputada priista en Oaxaca, en el municipio de San Blas; hubo otro intento de linchamiento de tres personas en Puebla. Apenas el 5 de enero, otros policías judiciales, esta vez del estado de México, fueron secuestrados por pobladores de San Juan Teotihuacan y tuvieron que ser rescatados por la policía del estado con un espectacular operativo para evitar que fueran linchados (lo que confirmó, entre otras cosas, que el sofisma de Gabriel Regino, el todavía subsecretario de seguridad pública en el DF respecto al caso Tláhuac, de que sus únicas opciones eran “la negociación o la masacre” es, para decirlo suavemente, una tontería inaceptable). Todo en apenas seis días, mediante los cuales las autoridades se han visto rebasadas.
Se podrá argumentar que muchos de estos casos no están en las manos de la autoridad evitarlos y es verdad, pero lo que sí depende de las autoridades, sobre todo de las federales, es romper con la percepción de que todo se puede, de que todo está suelto. Si cada día más comunidades (tengan o no razón en sus reclamos) recurren al expediente del secuestro de funcionarios, es porque saben que llamarán la atención y no pasará nada: no pagarán ningún costo. Si un narcotraficante puede ordenar el asesinato de otro en un penal de máxima seguridad (y no se trata de un prietito en el arroz como dijo Gonzalo Altamirano Dimas, sino del tercer caso en el mismo penal en menos de nueve meses), se sale con la suya y no le pasa nada, si no paga costo alguno, la percepción es, nuevamente de impunidad. Si se puede asesinar a funcionarios y no hay detenidos ni costos para quienes lo ordenan, esa sensación de impunidad se refuerza. Las autoridades federales no han logrado avances en romper esa cadena y, por el contrario, se ha fortalecido la opinión de que todo se puede y de que no se paga costos por ello. Y esa percepción es un ingrediente político fundamental para comprender la capacidad del estado de mantener la gobernabilidad del país. Y de poco sirve que el presidente Fox, por ejemplo, hable de que este año será mejor o que existen avances reales en el país, cuando cotidianamente se observa que los hilos de la seguridad están sueltos.
Se requiere mucho más que algunas decisiones coyunturales para revertir esta situación. El gobierno federal no parece entender que el desafío de la seguridad (con toda la complejidad que implica la relación del crimen organizado con otros grupos de poder, incluyendo grupos armados, sectores de poder económico y político, la propia guerra entre estas organizaciones) es, en realidad, el mayor de los desafíos políticos que deberá enfrentar la administración Fox de aquí al fin de su mandato, por encima, incluso de las elecciones del 2006, porque, como vimos en 1994, es ese ambiente y esa percepción las que pueden romper con la estabilidad política e incluso la económica.
Ramón Martín Huerta, el actual secretario de seguridad pública, es un buen funcionario público, es un hombre de confianza del presidente Fox y durante muchos años le ha rendido buenas cuentas. Lleva pocos meses en esa responsabilidad: los hechos de Tláhuac, cuando fueron asesinados dos elementos de la PFP y otro quedó gravemente herido, se dieron exactamente el mismo día en que Huerta cumplía apenas cien días al frente de la SSP federal. No creo que Ramón Martín Huerta sea el responsable, por omisión, de los hechos de Tláhuac, ni tampoco de lo sucedido en La Palma. Pero el ex gobernador de Guanajuato cometió un grave error: no modificó en profundidad la estructura de la SSP al asumir el cargo. Movió algunos pocos funcionarios, colocó a José Luis Figueroa al frente de la PFP, pero prácticamente el resto de la estructura quedó sin modificaciones. Cuando se dieron los hechos de Tláhuac y se destituyó de su cargo al almirante Figueroa, también se pidió la renuncia de prácticamente todos los funcionarios del área de inteligencia de la PFP: todos provenían de la anterior administración. Ahora, en el caso de La Palma, todas las autoridades encargadas de los penales federales, comenzando por Carlos Tornero o el propio director de La Palma, Guillermo Montoya, venían de la anterior administración de la SSP. En ninguna de esas áreas claves para esa dependencia y para la seguridad pública, Ramón Martín Huerta colocó a gente suya. E implícitamente la conclusión es que no tenía un verdadero control sobre ellas.
Por eso quizás las cosas siguieron funcionando mal en la relación con la PGR. No sólo la presidencia de la república envió a la SSP la solicitud de cambiar a Guzmán Loera de módulo en La Palma para garantizar su seguridad, sino también que la PGR entregó información detallada sobre cómo funcionaba el esquema de corrupción en La Palma. Es verdad que después del asesinato del narcotraficante Beltrán Lugo, apodado el Ceja Güera , se ordenaron muchas medidas de seguridad en La Palma, pero alguien no cumplió cabalmente con ellas porque el hecho evidente es que ingresó una pistola 9 mm al penal, que llegó a manos de uno de los detenidos y éste la utilizó para asesinar a uno de los principales narcotraficantes presos en el mismo penal, sin que los custodios presentes hicieran prácticamente nada por impedirlo. En el mismo sentido, si bien la relación personal entre los titulares de las dependencias es buena, lo cierto es que la relación institucional entre la PGR y la SSP sigue siendo mala, lo que se explica porque, en realidad, no hubo cambios de fondo en la segunda.
En la seguridad pública no se necesita sólo una fuerte sacudida, es necesario algo más: un golpe de timón, una verdadera estrategia que permita revertir la percepción actual de que la misma está fuera de control. No me cabe duda que Carlos Tornero tendrá que dejar su responsabilidad al frente de los penales federales, que se necesitan cambios de fondo en la PFP e incluso quizás que el propio secretario Ramón Martín Huerta deje su responsabilidad para lograr el efecto público necesario. Pero todos esos cambios deberán darse, necesariamente, en el contexto de una estrategia nueva, distinta, que escuche a las organizaciones sociales (a las serias, porque muchos se han trepado al redituable carro de la inseguridad) que desde la marcha del 27 de junio han sido ignoradas. Se debe comprender que éste es un desafío técnico, profesional pero también político. Y quizás sería la hora, además, para asumir que la reforma de inicio del sexenio que separó la SSP de la secretaría de Gobernación fue un error de fondo, estructural, que lo único que hizo fue debilitar al Estado y separar la seguridad de la gobernabilidad como si fueran ámbitos sin relación entre sí, y sin entender que no se pueden entender una sin la otra. La pregunta es si con el secretario Creel mirando hacia el 2006, habrá la suficiente voluntad política como para adoptar esa decisión.
Sucesión panista
Hoy el CEN del PAN emitirá la convocatoria para la elección de su nueva dirigencia nacional que se deberá votar en marzo (aunque podría moverse la fecha para que no coincida con la asamblea priista). A los candidatos ya conocidos a la presidencia del PAN (Germán Martínez, Manuel Espino, Juan José Rodríguez Prats) se deberá sumar Alejandro Zapata Perogordo (lo que podría dividir los votos calderonistas) y se espera qué decisión tomará el secretario de medio ambiente, Alberto Cárdenas, que busca ser candidato de unidad para ese cargo.