Ninguno de los dos son tipos especialmente populares: no sólo tienen adversarios de todo calibre y en muchos ámbitos sino que, además, como son políticamente eficientes y no tienen temor en meterse personalmente, involucrarse en los asuntos de su competencia, no son, tampoco, personajes que puedan decir que han salido incólumes de sus responsabilidades políticas anteriores. Hay pocos puntos de contacto político entre ellos, pero en términos de personalidades y controversia, la distancia no es tan amplia.
Ninguno de los dos son tipos especialmente populares: no sólo tienen adversarios de todo calibre y en muchos ámbitos sino que, además, como son políticamente eficientes y no tienen temor en meterse personalmente, involucrarse en los asuntos de su competencia, no son, tampoco, personajes que puedan decir que han salido incólumes de sus responsabilidades políticas anteriores. Hay pocos puntos de contacto político entre ellos, pero en términos de personalidades y controversia, la distancia no es tan amplia.
Miguel Angel Yunes, en un año pasó de ser uno de los diputados más influyentes del PRI, cuando Elba Esther Gordillo era la coordinadora parlamentaria de ese partido, a renunciar a su partido y desde esta semana a la diputación federal que detentaba. En el intermedio, como consecuencia de la sucesión en Veracruz, se separó del priismo local y, con todo el respaldo de sus largos años como secretario de gobierno y virtual gobernador de la entidad (Patricio Chirinos estaba ocupado en otras cosas), fue un factor decisivo para que Gerardo Buganza estuviera a punto de arrancarle la gubernatura a Fidel Herrera.
El caso es que Yunes está a punto de ser designado subsecretario de prevención y participación ciudadana en la secretaría de Seguridad Pública federal: según fuentes de la presidencia, el nombramiento ya fue aprobado por el presidente Fox y se tendría que concretar en las próximas horas. El viernes, Yunes y el secretario de seguridad pública, Ramón Martín Huerta, tuvieron una larga reunión donde analizaron, entre otras cosas, las repercusiones públicas de ese nombramiento. Por supuesto que será un nombramiento que generará repercusiones y habrá sectores críticos hacia él. Pero en el gobierno federal, en éste ámbito, de una vez por todas tendrían que asumir que lo que necesitan es una política estratégica para la seguridad pública, que tenga contenido y una perspectiva de largo plazo, basada en resultados casi inmediatos. Y en el caso de Huerta, como decíamos la semana pasada en este espacio, lo que el aparentemente ratificado secretario necesita con urgencia, es un equipo propio en la SSP que le permita cumplir con sus objetivos: no movió las piezas en la secretaria al asumir su cargo y ahora está pagando las consecuencias políticas.
Yunes es un duro, de eso no cabe duda. Hasta sus adversarios priistas le reconocen su capacidad de operador y como abogado. No en vano, a pesar de que no era uno de los personajes cercanos a Madrazo, en el PRI le encargaron no sólo la defensa legal de su partido por el Pemexgate, sino también la operación política con el gobierno para delimitar los daños de ese caso. Y nadie, visto retrospectivamente, podrá decir que fracaso en ello.
La relación de Yunes con Huerta viene de aquellos días (en realidad se conocían desde 1995, cuando ambos eran secretarios de gobierno, y prácticamente gobernadores en funciones uno con Chirinos en Veracruz y el otro con Fox en Guanajuato, ausentes ambos del estado por distintas razones) cuando los dos se deben encargar del pemexgate: Huerta como subsecretario de gobernación y Yunes como coordinador jurídico del PRI. El hecho es que ambos fueron los que “plancharon” el acuerdo para evitar que el conflicto saliera fuera del ámbito de lo electoral, lo que se escenificó, sobre todo en el impedimento de la huelga en PEMEX en septiembre del 2002. La relación perduró y de allí partió la decisión de Huerta, luego de los hechos de Tlahuac y de La Palma, de proponer a Yunes como subsecretario.
Este cuenta con amplia (y también controvertida) experiencia en el tema. Durante su periodo como secretario de gobierno en Veracruz se ganó fama de duro en ese ámbito pero lo cierto es que no hubo en ese estado personajes notables del narcotráfico asentados en la entidad, como ocurrió después, tampoco hubo secuestros (se dieron tres en seis años) y, sobre todo, rompió con varios de los principales asentamientos de grupos armados en la entidad, lo que le valió la animadversión de sectores y personajes cercanos a los mismos. Fue quien desarticuló en 1994-95 el llamado frente paracentral del EZLN en las zonas de Yanga y la Sierra de Zongolica y también a las células del EPR que operaban en la frontera de Hidalgo con Veracruz. En 1998, fue Yunes el encargado, ya en la secretaría de Gobernación, de coordinar jurídicamente la creación de la Policía Federal Preventiva. Más adelante fue director general de reclusorios, con la encomienda de evitar que hubiera conflictos graves en ese ámbito mientras Labastida se lanzaba a la carrera presidencial. Luego es designado coordinador de asesores de la propia SG, encargado sobre todo de la seguridad pública, sobre todo en el periodo en el que Jorge Tello sostiene una larga batalla contra el cáncer (en la que Jorge, uno de los mejores funcionarios públicos que ha dado el sistema político mexicano, actualmente en la iniciativa privada, triunfó en toda la línea): fue cuando se consolida la PFP, el sistema nacional de seguridad pública (coordinado por Mayolo Medina, que hizo un trabajo espléndido en ese ámbito) y cuando se establece un esquema de seguridad pública que comienza a ser eficiente, con un equipo que venía trabajando en ello varios años. Cuando se da el triunfo electoral de Vicente Fox, esa estructura es prácticamente desarticulada y reemplazada por otra que no tiene, de ninguna manera, esos índices de eficacia. Sumado a ello se toma la errónea decisión institucional de separar las áreas de seguridad pública de Gobernación y el foxismo aún está pagando los costos de ese error.
A algunos, quizás a muchos, Yunes podrá no gustarles, pero el hecho es que su experiencia y su capacidad en esos temas podrían ayudar a modificar en mucho los índices de eficiencia de un área que hoy está pasando por uno de sus peores momentos, sobre todo si Yunes logra reconstruir, aunque sea en parte, el equipo técnico, de profesionales con los que trabajó en sus dos últimos años en la SG. Políticamente, para el gobierno y el PAN tampoco sería un aporte nada desdeñable, de cara al 2006.
En el caso de Ebrard, sucede algo similar. El ex secretario de seguridad pública del DF es un hombre controvertido, que ha generado muchas reacciones en su contra entre sus adversarios e incluso entre algunos de sus supuestos aliados. Se lo puede acusar de ser pedante o soberbio, pero nadie le podrá negar a Ebrard su capacidad de operación política. El presidente Fox tenía todo el derecho legal de quitar a Ebrard de la secretaría de seguridad pública del DF por los hechos de Tláhuac, pero resulta evidente cuando se realiza una reconstrucción seria del caso, de que la responsabilidad operativa e institucional en lo ocurrido está en su segundo, Gabriel Regino. Fue él quien se equivocó una y otra vez esa tarde y si las cosas han llegado a este nivel en buena medida es porque el jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, no aceptó desde un inicio (y sigue sin hacerlo) que la policía de la ciudad se equivocó y por lo tanto no fue el propio López quien adoptara las medidas disciplinarias: la primera tendría que haber sido, precisamente, la salida de Gabriel Regino. No lo hizo, desafío al gobierno federal y le hizo asumir a Ebrard responsabilidad que en términos estrictos éste no tenía. Y ha sido, hasta ahora, Ebrard el que ha pagado las consecuencias. En estos días se tendrá que definir la situación legal de Marcelo Ebrard por los hechos de Tláhuac e independientmente de los errores que éste pudiera haber cometido (sobre todo sus declaraciones en los primeros días, producto de seguir la estrategia marcada por AMLO) lo cierto es que no parece que existan de su parte responsabilidad penal alguna en torno a esos hechos. Ya pagó Ebrard el costo político y si bien podría aparecer como políticamente correcto castigarlo en el ámbito penal, lo cierto es que no sería justo. El caso de Gabriel Regino y el de algunos funcionarios del área de inteligencia de la PFP sería, por supuesto, muy diferente.