¿Qué mejor demostración de lo endeble de nuestros sistemas de seguridad pública y de la falta de confianza ya no sólo de la sociedad respecto a sus autoridades sino de éstas entre sí, que dos hechos que se dieron en las últimas horas: las repercusiones del traslado de un grupo de detenidos de alta peligrosidad de La Palma en el estado de México, a Puente Grande en Jalisco, y la detención, todo indica que arbitraria, de 24 agentes de la Agencia Federal de Investigaciones por la policía municipal de Cuautitlán Izcalli, cuando estaban investigando un caso de secuestro en ese municipio mexiquense?
¿Qué mejor demostración de lo endeble de nuestros sistemas de seguridad pública y de la falta de confianza ya no sólo de la sociedad respecto a sus autoridades sino de éstas entre sí, que dos hechos que se dieron en las últimas horas: las repercusiones del traslado de un grupo de detenidos de alta peligrosidad de La Palma en el estado de México, a Puente Grande en Jalisco, y la detención, todo indica que arbitraria, de 24 agentes de la Agencia Federal de Investigaciones por la policía municipal de Cuautitlán Izcalli, cuando estaban investigando un caso de secuestro en ese municipio mexiquense?
En el primer caso, la gente e incluso las autoridades del estado y de la ciudad de Guadalajara están entre preocupados y asustados por el traslado de presos de La Palma a Puente Grande, en particular por el de Daniel Arizmendi, el secuestrador conocido como el Mochaorejas. Ayer, un muy alto funcionario jalisciense me decía que ahora que tenían controlada la situación de los secuestros en la entidad, la llegada de Arizmendi les podría desestabilizar todo el escenario. En términos estrictos parecería una exageración: Puente Grande es un penal de máxima seguridad construido en Jalisco precisamente porque allí está uno de los centros de mayor actividad del crimen organizado; se supone que es un penal que debe cumplir con las exigencias de un reclusorio de esas características y evidentemente allí, se llamen Arizmendi o Caro Quintero, es donde se debe tener detenidos a los reos considerados de máxima peligrosidad para el estado y la sociedad.
Lo que sucede es que luego de lo ocurrido en el propio penal de Puente Grande hace exactamente cuatro años, cuando se fugó de él Joaquín El Chapo Guzmán, y con el antecedente de lo sucedido en últimas fechas en La Palma, lo que no existe es la confianza de que ésos y otros penales cumplan con las normas de seguridad que se exige para su operación y, además, se teme que no se rompa con las cadenas de complicidades que se gestan en torno a los mismos. En Puente Grande, hace cuatro años, el Chapo Guzmán se fugó porque compró a buena parte de los guardias de seguridad del penal, pero también porque muchas autoridades no escucharon ni en el ámbito local ni en el federal, las advertencias de que Puente Grande estaba fuera de control. Si personajes como Osiel Cárdenas, y aliados como Benajamín Arellano Félix o el propio Daniel Arizmendi pudieron literalmente hacerse con el control de La Palma, ha sido porque la coerción y la corrupción aligeraron tanto los controles internos que convirtieron un penal de máxima seguridad casi en un resort, por lo menos para algunos de los presos que allí residían.
Efectivamente, Osiel Cárdenas controlaba desde el penal, según lo demostraron los textos que en este mismo espacio publicamos desde octubre pasado (y que algunos medios acaban de divulgar, sin citar fuente alguna por supuesto) en los que el jefe del cártel del Golfo se comunicaba con su gente, por el relajamiento de las medidas de seguridad en el penal. Pero también porque fallaron los mecanismos de inteligencia interna en el propio penal y las medidas de control exterior. En toda la zona adyacente al penal de La Palma, por ejemplo, se desarrolló una estrategia de localización de familias, abogados y colaboradores de los principales narcotraficantes detenidos que les facilitaba a éstos aún más la comunicación, con la complicidad de autoridades y custodias. Una casa descubierta el año pasado por la PGR en Metepec y otra en las Lomas de Chapultepec, demostraron cómo dos células de Osiel Cárdenas se ocupaban de mantener aceitado el mecanismo de corrupción y coerción y cómo se relacionaba Osiel, desde la cárcel, con el resto de su organización. También la cantidad de dinero que se manejaba para ello y cómo esas células para financiar la operación se dedicaban al tráfico de drogas local, al llamado narcomenudeo. Parte de la estrategia seguida por Osiel Cárdenas le permitió no sólo asociarse con Benjamín Arellano sino organizar movimientos que no deberían ser olvidados como la fuga, instrumentada por la organización de Los Zetas, de una de las bandas de secuestradores asociadas a Arizmendi, del penal mexiquense de Neza Bordo.
Evidentemente, si Arizmendi, por ejemplo, es trasladado a Puente Grande (como ocurrió el fin de semana) habrá personajes que tratarán de mantener el contacto con él y tratarán de financiar, como saben, secuestrando, las necesidades de éste en el penal. Lo que sucede es que si se aplican con atingencia las reglas, ese contacto entre el detenido y sus colaboradores debería cortarse; si se aplican con rigurosidad las técnicas de inteligencia y recolección de información dentro y fuera del penal, hasta se podría golpear a esos grupos ligados al secuestrador preso. No nos engañemos, hasta la llegada de Osiel Cárdenas al penal de La Palma, Arizmendi, por ejemplo, era un detenido que estaba aislado, no tenía siquiera un abogado defensor realmente suyo e incluso se aseguraba que era víctima de una fuerte depresión. Lo que hizo Osiel Cárdenas en ese y en otros casos, fue poner a trabajar para sus propios intereses a muchos de esos personajes, conseguirles defensores adecuados a la estrategia adoptada, abrirles canales de comunicación, apoyarlos en el financiamiento de sus actividades y la de sus familiares fuera del penal. Eso sólo se puede lograr cuando el control se ha perdido y con la colaboración de autoridades del propio penal.
En este sentido, el traslado de Arizmendi, como el de los hermanos Centeno, era necesario para romper los acuerdos internos, las complicidades, que se habían dado en La Palma, entre éstos, Osiel Cárdernas y Benjamín Arellano, entre otros personajes. El paso siguiente es evitar que se repitan las historias de pérdida de control que se dieron hace algunos años en Puente Grande y ahora en La Palma. Ello, evidentemente debe incluir una coordinación sólida entre las distintas fuerzas de seguridad que intervienen en estos casos. Si no existe un ámbito de colaboración constante entre las policías locales y las distintas instancias federales, no habrá “máxima seguridad” en ninguno de nuestros penales. En La Palma, por ejemplo, desde hacía meses la PGR había informado sobre las relaciones entre los distintos líderes de cárteles allí detenidos y su operación externa, y fue hasta que fue evidente la pérdida de control que se actuó. Las medidas que se tomaron en los últimos días son adecuadas (rotación de custodios y de presos, control exhaustivo de instalaciones, separación de cabecillas) pero requieren un trabajo de colaboración posterior que es el que puede y debe impedir que se den hechos como los que justificadamente temen los habitantes y gobernantes de Jalisco.
Una falta de cooperación que se pone de manifiesto con lo sucedido, el fin de semana, en Cuautitlán, en el estado de México, cuando la policía municipal detiene a 24 agentes de la AFI y aborta el operativo antisecuestro que éstos estaban realizando. Puede ser que todo haya sido, simplemente y como se dijo, una confusión, es mucho más probable que se haya debido a una intervención conciente, precisamente para reventar esa operación. Sea uno u otro el caso, lo cierto es que la colaboración policial no existió y no puede existir cuando no existe la más mínima confianza entre las partes involucradas. Y ese es uno de los principales objetivos que en el ámbito legislativo tendrían que abordarse con urgencia. En ese tema tendrían que estar pensando nuestros legisladores, tan ocupados en estos días en definir cuántos jugadores de fútbol extranjeros se pueden alinear en cada equipo o en regular la programación de ciertos canales de espectáculos.