La situación de la seguridad pública en el país es grave, pero en buena medida esa gravedad se acrecienta por la falta de colaboración entre autoridades, por la penetración del crimen organizado en las propias instituciones, por la corrupción, pero también por la falta de control en muchos ámbitos de la seguridad estatal donde distintos personajes o grupos, por razones políticas o delincuenciales (o ambas simultáneamente) se hacen con el poder y comienzan a crear instituciones paralelas a las del estado.
La situación de la seguridad pública en el país es grave, pero en buena medida esa gravedad se acrecienta por la falta de colaboración entre autoridades, por la penetración del crimen organizado en las propias instituciones, por la corrupción, pero también por la falta de control en muchos ámbitos de la seguridad estatal donde distintos personajes o grupos, por razones políticas o delincuenciales (o ambas simultáneamente) se hacen con el poder y comienzan a crear instituciones paralelas a las del estado.
Mucho se ha hablado de lo que sucede en varios estados fronterizos, como Tamaulipas o Baja California, como Sinaloa y el Distrito Federal. De Oaxaca se ha hablado particularmente en torno a la persecución que se ha ejercido contra Gabino Cué o por la invasión de los depósitos del periódico Noticias. Pero la situación es más grave también en varios otros sentidos, sobre todo cuando se habla de la forma en que se están armando grupos con fines imposibles de determinar. Ayer, el ex gobernador del estado y actual dirigente de Convergencia, Jesús Martínez Alvarez, hablaba de la creación de una empresa de seguridad privada, llamada Aries, formada por los tres principales involucrados en el autoatentado de José Murat (del que se está por cumplir un año y del cual sigue impune la muerte a golpes de un policía auxiliar), que ha contratado mil policías armados que responden a las órdenes de estos personajes relacionados con el ex gobernador. En unos treinta municipios existen conflictos poselectorales que no se han resuelto, algunos marcados por la violencia como el de San Blas Atempa. Existen grupos armados que están operando en diversas zonas el estado, entre otras razones por la liberación de prácticamente todos los involucrados con el EPR y en particular con los ataques a La Crucecita y Tlaxiaco en 1996, incluyendo los participantes en algunos secuestros que cimbraron en 1994 a la sociedad, como los de Alfredo Harp Helú y Angel Lozada.
Pero el deterioro, luego de los años del muratismo, va más allá. Uno de los municipios que están sufriendo graves conflictos poselectorales es Mazatlán Villa de las Flores, que luego de la elección extraordinaria realizada el pasado 18 de diciembre, rechazaron por fraudulentos los comicios, tomaron el palacio municipal e instalaron un municipio paralelo que cuenta con el respaldo de la mayoría de la población. Lo cierto es que a los pobladores de Mazatlán Villa de las Flores se les quiso imponer a Carlos Casimiro Marín como presidente municipal. Este hombre es parte del grupo que desde hace años tiene el control del municipio y que responde a Melquíades Rosas Blanco.
Pero el tema va más allá de lo electoral. En un texto enviado el 20 de diciembre pasado y avalado por la mayoría de la comunidad, dirigido tanto a las autoridades federales como locales, los pobladores denuncian, además del fraude, actividades de terrorismo y acopio de armas de parte del grupo de Rosas Blanco. Y tienen pruebas de ello. Denuncian que Melquíades Rosas Blanco es un ex asesor del EZLN que participó en el levantamiento de enero del 94 con entre 150 y 200 personas del municipio, la mayoría de los cuales regresaron ya al mismo. De regreso en el municipio reemplazaron el gobierno municipal por un consejo comunitario (que decían relacionado con el EZLN), pero que contaba con toda la protección, aseguran, del gobernador Murat. Esas son las autoridades que la comunidad rechaza.
Pero muestran documentos que estaban en poder del presidente municipal Rogelio Rosas Blanco, hermano de Melquíades, que demuestran la compra por esas autoridades municipales de esa pequeña comunidad, de un verdadero arsenal, pagado con recursos públicos y que no se sabe dónde ha quedado. Han enviado a la presidencia de la república y a otras autoridades, copias de una cotización realizada por la empresa checa (la República Checa es una de las principales productoras de armas del mundo) Ceska Zbrojovka para la compra de 450 pistolas y revólveres calibre 9 mm y 38 de diferentes modelos y características, además de 50 submetralletas modelo Skorpio, cuyo costo total es superior a los 250 mil dólares. La cotización se realizó a pedido de Rogelio Rosas Blanco, presidente municipal de Mazatlán Villa de las Flores, está bajo el código CZ-COT-EDO. DE OAXACA-D.F.B.-2002-032. La carta está dirigida al “respetable Rogelio” y es en respuesta a “sus respetables comentarios” y es calificado como “el anteproyecto de inversión para la adquisición de armamento”. El representante de la empresa (con domicilio en México en la calle Atomo 22, piso 2 del edificio Comersa, en Naucalpan, estado de México) la envió con copias a Bohumil Kloucek, director comercial de la empresa y para Oldrich Verter Andelova, gerente comercial. Además de otros puntos, se especifica que las pistolas pueden ser entregadas de forma inmediata y las subametralladoras en veinte días.
El documento fue encontrado en la llamada Casa Azul que utilizaba el entonces presidente municipal y los habitantes de la comunidad refieren que en el último año han visto que representantes y agentes municipales ligados a Rosas Blanco están utilizando, efectivamente, armas nuevas y amenazan con ellas a sus adversarios. Explican que han solicitado en varias ocasiones una auditoria al municipio de parte del legislativo local y nunca les han respondido, se preguntan dónde está el dinero (además de en la compra de armas) porque desde hace años en el pueblo no se hacen obras, denuncian el asesinato de algunos de sus militantes. Firman la denuncia, además de una enorme cantidad de habitantes, tres candidatos a presidentes municipales, de diferentes partidos.
¿Para qué una empresa de seguridad privada con mil elementos armados en la ciudad de Oaxaca, impulsada, creada por autoridades del anterior y actual gobierno?¿qué hace un presidente municipal de una comunidad tan pobre como Mazatlán Villa de las Flores comprando varios centenares de pistolas y revólveres, además de 50 ametralladoras?¿porqué el gobierno estatal respalda a un asamblea comunitaria que no responde a los intereses ni tiene el apoyo de la comunidad, formada, además, por personajes que se dicen parte del EZLN, aunque son rechazados por todos los partidos en la zona, que son los mismos que compran tal cantidad de armamento para un municipio que de ninguna forma lo justifica?¿porqué ante las múltiples solicitudes de auditorias a ese gobierno municipal la contaduría mayor de hacienda del congreso local jamás las ha realizado? Pero insistimos con un punto central: ¿quién necesita tantas armas, tanta gente armada fuera de las instituciones y para qué? Eso es lo que sigue sin respuesta y allí está, en ese tipo de acciones, que quedan siempre fuera de control, el verdadero desafío a la seguridad pública y nacional en nuestro país.
Censura estilo Bejarano
Ayer se produjo una de las manifestaciones más absurdas que se tenga memoria pero que refleja el grado de intolerancia y fanatismo de sus impulsores. Un denominado Comité Ciudadano en Defensa y por la Libertad de René Bejarano se manifestó ante las oficinas de RTC exigiendo que ya no se permita pasar al aire el video en el cual se ve a Bejarano retacándose con los billetes que le entregaba Carlos Ahumada. El Comité bejaranista, dice que el video fue “alterado” y que con ello se afecta “su vida privada, su dignidad personal”. Se dicen “defensores de la libertad de expresión” pero aseguran que ésta tiene su límite en “la vida privada y jamás debe atentar contra la dignidad humana”. El documento fue leído por la diputada perredista Angélica Díaz del Campo. ¿Desde cuándo la denuncia de la corrupción y los hechos que la prueban atentan contra “la dignidad personal y la vida privada” de los corruptos? No tienen remedio.