El sábado desayunaron el canciller Luis Ernesto Derbez y el embajador estadounidense Tony Garza y si creemos en las declaraciones oficiales, entonces aquí no ha pasado nada. La verdad es que el problema de fondo subsiste e incluso la advertencia contenida en la famosa carta no debería ser ignorada: por una parte, una legítima preocupación por la situación de seguridad y de los ciudadanos estadounidenses secuestrados o asesinados en los últimos meses; por la otra, en una visión que va, sin duda, más allá. Estados Unidos y su nueva secretaria de Estado Condolezza Rice deben estar profundamente preocupados, quizás más que algunas autoridades mexicanas que no parecen comprender el fenómeno al que nos estamos enfrentando, por el deterioro de la seguridad en México y el desafío del narcotráfico a las instituciones.
El sábado desayunaron el canciller Luis Ernesto Derbez y el embajador estadounidense Tony Garza y si creemos en las declaraciones oficiales, entonces aquí no ha pasado nada. Atrás quedaron las cartas, los comunicados, la declaraciones, los desgarres nacionalistas por la actitud “injerencista” de las autoridades estadounidenses. La verdad es que el problema de fondo subsiste e incluso la advertencia contenida en la famosa carta no debería ser ignorada: por una parte, una legítima preocupación por la situación de seguridad y de los ciudadanos estadounidenses secuestrados o asesinados en los últimos meses (decíamos la semana pasada que en Nuevo Laredo fueron 21 en los últimos cuatro meses del año pasado: el departamento de Estado acaba de especificar que se trata de 27 casos hasta hoy de los cuales 11 continúan desaparecidos); por la otra, en una visión que va, sin duda, más allá. Estados Unidos y particularmente su nueva secretaria de Estado Condolezza Rice deben estar profundamente preocupados, quizás incluso más que algunas autoridades mexicanas que no parecen comprender el fenómeno al que nos estamos enfrentando, por el deterioro de la seguridad en México y el desafío del narcotráfico a las instituciones.
No es ningún secreto que no hay tema en la agenda estadounidense que sea más importante que su seguridad interna. En este sentido, desde el 11 de septiembre, su estrategia de seguridad incluye Canadá y México: es más el comando norte de los Estados Unidos en sus proyectos estratégicos de control interno desde hace dos años incluye a sus dos vecinos. En los hechos, la colaboración de México con Estados Unidos ha sido buena en el ámbito de la seguridad desde tiempo atrás: por lo menos los tres últimos años del gobierno de Ernesto Zedillo y estos cuatro de Vicente Fox han mostrado una eficiente colaboración sobre todo en lo que respecta a alguno de los capítulos más delicados de la seguridad que se tramitan entre las fuerzas armadas de ambos países. Sin duda, los contactos y la colaboración, por ejemplo, de la PGR con distintas instancias estadounidenses también ha sido eficiente. En el terreno de la lucha contra el terrorismo no sabemos con exactitud qué ha sucedido y cómo, pero el sólo hecho de que no haya habido en estos años ninguna reacción pública de la Casa Blanca al respecto, demuestra que en ese sentido, los acuerdos se tienen que haber cumplido.
Lo que sucede ahora es que algunas circunstancias han cambiado. Primero, en la estructura del gobierno estadounidense. La reelección de Bush y los nuevos nombramientos en Washington que incluyen el cambio de los dos principales interlocutores de México en el gobierno estadounidense: el secretario de Estado Colin Powell y el de seguridad interna, Tom Ridge, no se deben, simplemente a movimientos burocráticos: la segunda etapa de la administración Bush será mucho más homogénea en su integración que la anterior, su filosofía política será mucho más marcada y los matices diplomáticos cambiarán. No es lo mismo Powell que Rice y la preocupación de la nueva secretaria de Estado es la seguridad de su país en su sentido más amplio: Rice es de las personas que primero se preguntan en qué puede afectar algo a su país, actúa en consecuencia y luego analiza las repercusiones internacionales que ello puede haber provocado. A la nueva estrategia internacional de la Casa Blanca le pueden importar muy poco las cartas o comunicados de Los Pinos, lo que le interesará será que lo que ellos ven como un desafío, un peligro para su propia seguridad nacional, se solucione.
Pero ¿por qué están viendo como un desafío a la seguridad nacional de los Estados Unidos lo que está sucediendo en estas semanas en México?. Por varias razones, la primera de ellas y la más obvia es porque todo lo que pone en peligro nuestra propia seguridad nacional, lo que puede provocar una desestabilización o una falta de control de las instituciones nacionales en nuestro país, es considerado un peligro para los Estados Unidos, sobre todo en la lógica que permea por completo a la administración Bush que es la guerra contra el terrorismo. Y son varios los temas preocupantes y que podrían darle la razón a los términos de la carta que entregó el embajador Garza la semana pasada: nuestras policías, parecen insuficientes para frenar el auge de la violencia derivada del crimen organizado: no nos engañemos, en el ámbito federal tenemos, combinando la AFI con la PFP menos de 10 mil elementos que puedan cumplir con esas y todas las otras responsabilidades que se les han cargado. Es verdad, tenemos en total casi 300 mil policías, si sumamos los municipales y los estatales, pero muchos de ellos no tienen preparación alguna para hacerle frente al crimen organizado (¿qué mejor demostración de lo ocurrido en Sonora este fin de semana para comprobarlo?) y, para colmo la corrupción ha permeado los cuerpos policiales en todos sus niveles, sobre todo en los ámbitos locales. Como sus fuerzas de seguridad no son suficientes para enfrentar al crimen organizado y con la excusa de que el mismo se considera un delito federal, la mayoría de los gobernadores y presidentes municipales cuando deben enfrentarse al mismo prefieren mirar para otro lado y que sean las autoridades federales las que asuman esa responsabilidad.
En el terreno político tampoco hay mucho interés en atacar un fenómeno tan crudo porque estamos ingresando a un periodo electoral crítico: para algunos, el crimen organizado es una fuente potencial de financiamiento de sus campañas, para otros un peligro para su seguridad que no quieren azuzar más: el recuerdo de Colosio y Ruiz Massieu sigue estando muy presente. La justicia también duda: ¿no acaban de otorgarle a Osiel Cárdenas y otros narcotraficantes amparos contra los operativos en La Palma?.
Todo eso es preocupante. Pero me imagino que hay algo que debe preocupar mucho más en Washington: esa capacidad de movilización y la violencia de los narcotraficantes comienza a mezclarse con concepciones, con contactos cada vez más formales con distintos grupos armados: quizás lo más significativo, lo que más preocupa, de lo ocurrido en La Palma no haya sido el asesinato de tres reclusos dentro de un penal de máxima seguridad, sino la estrategia adoptada por un grupo de narcotraficantes, los encabezados por Osiel y Benjamín Arellano, que combinaron sus propios y tradicionales métodos, con alianzas con grupos delincuenciales de otro tipo (como los de bandas de secuestradores, el caso paradigmático es el de Daniel Arizmendi), con las estrategias políticas de los grupos armados, a través de los acuerdos que establecieron los presos de estas organizaciones con los líderes del narcotráfico detenidos en esa prisión. Se ha hablado mucho, en este sentido, de los hermanos Cerezo (que sí participaron en ese tipo de relación), pero existen otros personajes mucho más importantes en ese sentido, como el dirigente del EPR, detenido a fines del sexenio pasado en Chilpancingo, Jacobo Silva Nogales recluido también en La Palma. Lo preocupante es que no se trata sólo de una estrategia común de derechos humanos o de organización de movilizaciones para obtener mayores libertades en un penal. Se presume que existen acuerdos más profundos: muchos secuestros que se han producido en los últimos meses en varios puntos del país parecieran confirmar esa tendencia. La movilización de algunos de estos grupos (y ahí está Tláhuac para demostrarlo) también. Algunas acciones como los petardos simultáneos que estallaron el viernes en Iztacalco, en el DF y en un edificio de oficinas en Guadalajara, son señales que no se pueden ignorar o seguir investigando como capítulos aislados, que no tienen relación unos con otros. Eso es lo que estaría apreciando el departamento de Estado en Washington y pocas cosas pueden ser más preocupantes en su lógica de seguridad interna que ver a grupos del narcotráfico ideologizados y coludidos con organizaciones armadas (así sean pequeña y fragmentadas como las existentes en México) en su frontera sur. Respecto a eso es sobre lo que parecen estar advirtiendo en la carta de la semana pasada.
Y ello debería ser objeto de profunda preocupación de nuestras autoridades y nuestros políticos. Lo grave es que todos declararon, en su mayoría indignados, denunciando el “intervencionismo” estadounidense pero ninguno asumió públicamente el problema y propuso estrategias, reformas urgentes para atacar el problema de fondo, el de la seguridad que será lo único que reducirá esa presión de la Casa Blanca. Absurdamente creen que todo esto no influirá en lo único que les interesa: el 2006.