No me queda del todo claro si el IFE actuó con acierto al no aceptar la modificación de los estatutos del Partido Verde. Tampoco si la Suprema Corte de Justicia de la Nación acertó en todo con la decisión de rechazar las impugnaciones de la cámara de diputados respecto a la controversia constitucional presentada por el poder ejecutivo con relación al presupuesto de egresos 2005.
No me queda del todo claro si el IFE actuó con acierto al no aceptar la modificación de los estatutos del Partido Verde. Tampoco si la Suprema Corte de Justicia de la Nación acertó en todo con la decisión de rechazar las impugnaciones de la cámara de diputados respecto a la controversia constitucional presentada por el poder ejecutivo con relación al presupuesto de egresos 2005. Pero de lo que no me cabe duda es que las amenazas de distintos actores políticos al IFE y a la Corte, de iniciar juicios políticos o descalificar ya ni siquiera sus decisiones sino a sus integrantes, simplemente porque no están de acuerdo con las mismas, ocasiona un daño a las pocas instituciones que tienen un margen de independencia y de buen funcionamiento en nuestro país que no puede ser ignorado.
En el caso del debate sobre los estatutos del Partido Verde, creo que en esta ocasión ese partido tiene buena parte de razón. Un partido político, cualquiera, no puede estar un año esperando que una autoridad electoral decida sobre una modificación de estatutos. No sé si esas reformas son adecuadas o no, no es el caso tampoco entrar al debate sobre el muchas veces controvertido accionar del partido Verde o de algunos de sus dirigentes, pero el hecho es que las autoridades que hace un año tienen en sus manos sus propuestas de reformas a sus estatutos, les tienen que dar una respuesta porque sino los están dejando en desventaja ante otras fuerzas políticos. Y lo mismo se aplicaría a cualquier otro partido político.
Pero también es verdad que, en este caso, el mayor de los problemas no está en el IFE sino en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo que argumentan la mayoría (una mayoría estrecha de sólo cinco de nueve integrantes con derecho a voto del consejo general del IFE) de los consejeros es que se trata de un asunto de procedimientos: que el IFE no puede aprobar los estatutos nuevos del Verde hasta que el Tribunal Electoral que fue el que los impugnó, haga pública su decisión sobre si son válidos o no. Y en eso tienen razón. El problema es que, como decimos, en los hechos un partido, en este caso el Verde, se encuentra maniatado por esa falta de decisión. Por eso, es que cuatro de los consejeros votaron a favor de que se aprobaran esos estatutos y todos los partidos políticos representados en el consejo general, que recordemos no tienen derecho a voto, apoyaron a ese partido con el que muchos tienen radicales diferencias, en este tema. En los hechos, lo que esos partidos están pensando es que existen posibilidades muy amplias, cuando ya se entra de lleno al proceso electoral del 2006, de que las autoridades electorales puedan intervenir en la vida interna de los propios partidos, sobre todo en un momento en el cual las divergencias dentro de ellos están en ebullición. Lo que están preguntando (y su voto es una forma de presionar en ese sentido) es hasta qué punto el IFE y el Tribunal pueden y deben intervenir en su vida interna. En algunos casos parece evidente que ambas instituciones tienen atribuciones para hacerlo, en otros, ese margen entra en una zona de oscuridad mucho mayor que impide definirlo con claridad.
Ahora bien, el Partido Verde tiene todo el derecho de exigirle al IFE y al Tribunal que ya tome una decisión sobre sus estatutos y en este caso su argumento es lógico y puede ser respaldado. Lo que me parece un error político es sacarse de la manga la amenaza del juicio político a los cinco consejeros que votaron en contra de su posición en la sesión del lunes pasado. Es ridículo: el partido Verde fue de los partidos que apoyó y votó por estos consejeros y salvo que penalmente se demuestre que cualquiera de ellos hubiera violado la ley, no pueden ni deben ser amenazados con un juicio político o cualquier otro tipo de represalia simplemente porque no se está de acuerdo con una resolución.
Es tan peligrosa esa tesis como la propuesta de modificar el consejo a estas alturas del proceso y, además, exigir, como dijo el presidente del Partido Verde, Jorge Emilio González, que los “nuevos” integrantes del consejo del IFE sean, todos, abogados. Se equivocan, y ese es un debate que incluso quedó sepultado mucho antes de que se decidiera la conformación de un IFE ciudadanizado. Precisamente por su labor, no es necesario, ni siquiera conveniente o aconsejable, que todos sus integrantes sean abogados. José Woldenberg no es jurista y fue un extraordinario consejero y después presidente del IFE; muchos de sus mejores integrantes en el pasado (como Jacqueline Peschard) no habían estudiado leyes. Al contrario, eso les da a los consejeros una visión más amplia del proceso electoral que se resulta benéfica para el Instituto que además de con las leyes (y en última instancia para que hubiera una última palabra en ese sentido se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) debe cargar con una visión política del proceso electoral y de sus participantes. Es verdad, y ese es un debate que se ha dado en el pasado en el propio IFE, que su papel en todo esto debe ser de escrupuloso árbitro del proceso y no puede convertirse en un actor del mismo, en ninguno de los sentidos: los que deciden hacia dónde avanzará el sistema político mexicano deben ser los electores, no los consejeros del IFE. Pero mientras estén cumpliendo ese papel creo que las amenazas o las tentaciones de exigir requisitos que no necesariamente tienen relación con la labor que deben desempeñar los consejeros, es un error. Un doble error en el caso del Verde, porque con ello, su demanda, que en lo personal considero justa, pierde legitimidad al dejarla, también, como una amenaza.
Algo similar se está repitiendo desde hace semanas en la relación entre la Suprema Corte de Justicia y la Cámara de Diputados. Hace ya algunas semanas que escribimos en este espacio que la exigencia de algunos diputados de iniciar juicio político a los dos magistrados integrantes de la comisión de receso que le dieron entrada a la controversia constitucional presentada por el poder ejecutivo sobre el presupuesto 2005 y que congelaron en consonancia con ello el ejercicio de 4 mil millones de pesos del presupuesto, era y es casi una barbaridad política. Ambos poderes recurrieron a la Corte para que actuara como árbitro de sus diferendos, la Corte desde fin de noviembre tenía un acuerdo sobre cómo integrar y qué atribuciones tendría la comisión de receso. El acuerdo era público y nadie en la cámara de diputados lo impugnó, ni en público ni en privado. Es verdad: el acuerdo, en su texto, tiene errores, pero eso, como especificaron ayer los ministros, no invalida el fondo del mismo que es, precisamente, no dejar un vacío procesal cuando la Corte se va de vacaciones. Es casi de lógica común.
Se ha dicho que con eso la comisión de receso tomó decisiones que sólo podía tomar la Corte. Tampoco creo que sea verdad: en los hechos, tomó decisiones provisionales que debieron ser reafirmadas por el propio pleno de la Corte y que no afectaron el fondo del debate sobre el presupuesto que ahora comenzará en la máxima instancia del poder judicial.
Es verdad, puede haber opiniones muy diferentes, pero ¿quién gana amenazando de juicio político a los ministros que votaron en forma diferente a como los consideraban justo algunos legisladores? En la Corte están recalando cada día más casos claves para el futuro del país. En algunas ocasiones acertará, en otras se podrá no compartir su posición, pero si no se parte del principio de que no se puede desconocer al árbitro o aceptarlo sólo cuando le da la razón a algún jugador, el andamiaje institucional del país estará en peligro. Y eso se debería aplicar tanto a los desacatos de las autoridades respecto a las decisiones judiciales, como a las amenazas de juicio político contra los miembros de la Corte o del IFE.