La ?conexión Sonora? puede poner de cabeza a Los Pinos y debería hacer reflexionar, seriamente al gobierno y al panismo sobre su forma de entender y ejercer el poder. El caso de Nahum Acosta Lugo el presunto infiltrado en Los Pinos para el cártel de Juárez, demuestra la facilidad con que se puede llegar a posiciones claves en el gobierno sin tener, un perfil alto, pero también como los intereses políticos pueden hacer perder de vista incluso algunas de las medidas de seguridad más elementales en un gobierno.
La “conexión Sonora” puede poner de cabeza a Los Pinos y debería hacer reflexionar, seriamente al gobierno y al panismo sobre su forma de entender y ejercer el poder. El caso de Nahum Acosta Lugo el presunto infiltrado en Los Pinos para el cártel de Juárez (que en realidad es la organización más poderosa del narcotráfico en el país, con ramificaciones en prácticamente todos los estados de la república) demuestra la facilidad con que se puede llegar a posiciones claves en el gobierno sin tener, un perfil alto, pero también cómo los intereses políticos pueden hacer perder de vista incluso algunas de las medidas de seguridad más elementales en un gobierno.
En la PGR se habla de la “conexión Sonora” porque el caso de Nahum no puede desligarse de dos notables sonorenses que fueron sus jefes directos y quienes lo trajeron a Los Pinos: Alfonso Durazo, secretario particular del presidente durante los cuatro primeros años de su mandato y Manuel Espino, entonces coordinador de giras de la presidencia, luego secretario general del PAN y ahora precandidato a la presidencia del CEN panista en las elecciones del 5 de febrero.
¿Están relacionados con estas historias Durazo y Espino? Entendidos como cómplices no, pero de lo que no cabe duda es que ellos llevaron a este personaje a Los Pinos y lo avalaron, tanto que en 1996, el propio Nahum Acosta que había sido acusado de vender documentos de Migración a narcotraficantes y traficantes de personas, pudo ingresar a esa responsabilidad por los avales con los que contaba. Pero como en el caso de Guillermo Montoya, el ex responsable del penal de La Palma que estaba acusado de permitir la fuga de reos ligados al crimen organizado en el penal de Hermosillo y que fue “promocionado” a director de La Palma, los avales políticos sirvieron más que las investigaciones. La información que puede haber proporcionado Acosta Lugo al cártel de Juárez es inestimable: no se trata sólo de pasar la agenda pública del presidente, que puede ser obtenida en los periódicos. Este hombre se encargaba, como cualquiera en esa responsabilidad, de las rutas del presidente; de la logística de las giras; el que sabía si, por ejemplo, iría en un carro blindado o no; por dónde, con quiénes, si se bajaría del transporte o no. No es un tema menor: allí está el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio para comprender cómo un cambio en la logística (el alejar de la salida el lugar del mitin y no tener control sobre los asistentes) puede ser determinante para que se realice un crimen. Fue evidente que una filtración permitió que se emboscara por un grupo de manifestantes extremadamente radicales la camioneta del presidente en Ciudad Juárez, y ello provenía de una falla de seguridad: así se dijo una y otra vez. Pues bien, ahora se puede presumir de dónde salió esa filtración y porqué falló la seguridad.
Si las fuentes consultadas no se equivocan la investigación sobre este caso provino de tres vertientes diferentes: por una parte, de la investigación de las filtraciones de la agenda presidencial en sí. Una y otra vez en Los Pinos se sorprendían de cuánto se sabía de la agenda pública y privada del presidente, de la forma en que se filtraba esa información e incluso de las rutas de sus traslados, como para encontrarse una y otra vez con grupos opositores que los interrumpían. Era evidente que allí había una filtración importante. En las mismas áreas de la presidencia de la república, se ha comentado que buena parte de esa filtración provenía del anterior secretario particular, Alfonso Durazo y tenía como destinatario, en muchas ocasiones, al gobierno capitalino. También se habló de que la animadversión del secretario particular y del entonces encargado de las giras presidenciales, Manuel Espino, con la señora Fox podía ser el catalizador de esas filtraciones, porque muchas de ellas venían con un claro sello de origen. Podría ser verdad, pero Durazo dejó ese cargo y las filtraciones continuaron. Hace ya varios meses, a ello se sumó otro tema, otra investigación: en viviendas cateadas a narcotraficantes se comenzó a encontrar información incluso agendas telefónicas de la presidencia de la república. No hablamos de una tarjeta de presentación, sino de copias de agendas completas. Al mismo tiempo, la DEA habría informado de la intercepción de la llamada telefónica de un cercano operador de Joaquín El Chapo Guzmán a Nahún Acosta, que posteriormente fue incluso filmado junto con ese operador del narcotráfico. Fue la conjunción de esas tres líneas de investigación lo que permitió descubrir al “topo” en Los Pinos.
Esa investigación no era reciente, tenía ya tiempo. Lo que no se sabe es desde cuándo se llegó a identificar a Nahum Acosta y si, como se dice, el catalizador de la detención fue una advertencia estadounidense. Recordemos, por ejemplo, que se supone que en marzo el presidente Fox se reunirá con su homólogo George Bush en Estados Unidos. Y en plena lucha antiterrorista, en la Casa Blanca debe haber causado algo más que preocupación que uno de los encargados de la logística del presidente visitante estuviera ligado con el narcotráfico en México.
Las autoridades estadounidenses, repentinamente parecen haber retomado en las últimas semanas esas preocupaciones respecto a México. Ha habido varias advertencias solapadas, algunas denuncias indirectas, pero en los últimos tiempos las mismas han sido mucho más directas: el famoso caso de la carta de Tony Garza es evidente. Sin embargo nunca se ha explicado con claridad qué fue lo que ocurrió para que el departamento de Estado advirtiera al gobierno mexicano sobre lo que estaba ocurriendo en forma tan dura y pública, ni tampoco el porqué de la sobrereacción del gobierno mexicano que, poco después, se aplacó en forma súbita. ¿Habrá sido el caso Nahum Acosta el que provocó esas acciones?
Recordemos que el cártel de Juárez ha sido muy exitoso en la infiltración de personajes del poder. Saben cómo hacerlo y desde dónde operar. Algunos casos han sido notorios: el del ex general Jesús Gutiérrez Rebollo fue de los más dolorosos. Gutiérrez Rebollo había sido contactado por el narcotráfico en Culiacán, a principios del gobierno de Carlos Salinas. Al ex general lo compraron con dinero y con información contra los grupos rivales del propio cártel, misma que le permitió hacer crecer su carrera con notables éxitos hasta llegar a ser el responsable de la lucha antidrogas. Cayó porque su forma de vida excedía sus posibilidades y aquel viejo consejo de cherchez la famme en su caso demostró ser muy acertado. Pero días antes el propio Departamento de Estado se había congratulado de su designación. Luego de su detención el seguimiento que ha hecho Estados Unidos a los personajes del gobierno mexicano relacionados con cualquier ámbito de la seguridad ha sido mucho más extremo.
Otro personaje importante de la política nacional que trabajó para el cártel de Juárez fue el ex gobernador, ahora detenido, Mario Villanueva Madrid. Cometió todo tipo de delitos, desde chantajear a banqueros como Roberto Hernández hasta involucrarse con funcionarios cubanos en el comercio sexual entre la isla y Cancún. Pero cayó porque en uno de sus frecuentes ataques de furia Villanueva decidió “expulsar” de Cancún a un cónsul estadounidense que había tenido el mal tino de denunciar las frecuentes muertes por sobredosis de jóvenes de su país, de vacaciones en Cancún. Poco después, cuando estaban investigando esa situación, Villanueva secuestró, torturo y mató a un miembro de inteligencia militar y dejó gravemente heridos a otros, lo que activó la investigación de la Defensa y de la PGR que terminaron con su huída y detención. Pero Villanueva, como muchos otros ligados a la misma conexión, provenían de los lazos que se habían tejido años atrás en Sinaloa y Guadalajara. Ahora preocupa la llamada conexión Sonora porque, además del caso de Nahum Acosta, la frontera sonorense parece haberse convertido en una de las más porosas, no sólo para el tráfico de personas sino también de drogas. ¿Tienen responsabilidad en ello personajes como Durazo o Espino? Sí tienen responsabilidad política y deben asumirla: ellos, por error, por mal cálculo, por equivocación, llevaron a un narcotraficante a las oficinas de Los Pinos. Como López Obrador debe asumir el que sus dos principales colaboradores en el GDF se hayan corrompido y nadie en esa administración lo haya querido saber. Si no se comienza a asumir responsabilidades por los errores cometidos seguiremos siendo una país marcado por la impunidad.
Por cierto, en el famoso caso de los agentes del CISEN que se suponía querían “secuestrar” a Durazo ¿no sería que desde entonces la conexión Sonora estaba ya bajo vigilancia del CISEN?