Por una de esas extrañas paradojas a las que solemos asistir en la vida política nacional con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador pareciera que esta ocurriendo exactamente lo contrario de lo que desean los principales protagonistas. Mientras el jefe de gobierno se empeña en mostrar la inminencia del desafuero en su contra, considerándolo públicamente el mayor de los ataques a su persona, haciendo renacer, la peregrina tesis del ?golpe de Estado?, pocas cosas podrían activar más su carrera hacia la presidencia que una medida de esa naturaleza y por lo tanto pereciera que casi desea que el desafuero se apruebe.
Por una de esas extrañas paradojas a las que solemos asistir en la vida política nacional, con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador pareciera que esta ocurriendo exactamente lo contrario de lo que desean los principales protagonistas. Mientras el jefe de gobierno se empeña en mostrar la inminencia del desafuero en su contra, considerándolo públicamente el mayor de los ataques a su persona, e incluso haciendo renacer, oportunamente la peregrina tesis del “golpe de Estado”, pareciera que pocas cosas podrían activar más su carrera hacia la presidencia que una medida de esa naturaleza y por lo tanto pareciera que casi desea que el desafuero se apruebe. Mientras tanto, muchos de sus adversarios, que desearían ver a López Obrador desaforado y fuera de la carrera presidencial, sea por estrictas razones políticas o por valoraciones judiciales, hoy están en la disyuntiva de votar el desafuero y cumplir con sus convicciones (haciéndole un enorme favor político al jefe de gobierno) o dejar morir el caso en la cámara y hacer que sea la justicia la que finalmente decida qué hacer con el presunto desacato en que habría incurrido López Obrador.
O sea que estamos exactamente en los polos opuestos: en términos estrictamente políticos y electorales a López Obrador hoy le convendría (con la vista en las elecciones del 2006) el desafuero, le daría una plataforma que, de otra forma e independientemente de su popularidad, no podría alcanzar. Y al PAN y al PRI no le conviene, de ninguna forma, echar a andar la maquinaria judicial contra López Obrador porque harían literalmente de aprendices de brujos: generarían fuerzas que muy probablemente no sabrían, el día de mañana, cómo manejar.
Hace ya varias semanas que explicábamos que si el Plan A es la búsqueda del triunfo electoral en unos comicios tradicionales, el verdadero plan B de López Obrador es el desafuero, no una candidatura alternativa. Si López Obrador se va por el Plan A, su situación electoral es difícil. Independientemente de lo que digan las encuestas de popularidad, lo cierto es que hoy el PRD tiene poco más de 4 millones y medio de votos y para alcanzar la presidencia de la república se necesitarán entre 12 y 15 millones: eso quiere decir que el jefe de gobierno tendría que, por lo menos, triplicar la votación de su partido en los próximos 17 meses. En un proceso electoral normal no será sencillo incrementar de tal forma el voto perredista, aunque el jefe de gobierno está operando para tener el control absoluto del proceso: Leonel Cota Montaño en la presidencia del partido (aunque nunca haya trabajado en él), Martí Batres en el PRD del DF, Marcelo Ebrard destapado como sustituto, las candidaturas estatales bajo su control. Hoy en el PRD casi ninguna de sus corrientes internas tiene opciones alternas (ni se les permite tenerlas) a las que propone el jefe de gobierno. Pero incluso así, si no se dan otras circunstancias (divisiones en el PRI o en el PAN, por ejemplo) López Obrador tiene posibilidades pero le será muy difícil alcanzar el triunfo. Si se da el desafuero todo cambia: se generaría, empujada por la tesis del golpe de Estado, una situación de “rebelión social”, aunque ésta fuera acotada y centrada en el Distrito Federal, que le permitiría al jefe de gobierno una publicidad impensable en otras condiciones. La nueva estrategia de “hacer campaña desde la cárcel” se basa en esa lógica: López Obrador, si ello se fuera a dar, tendría desde ya la agenda de la campaña electoral en sus manos. Claro que una estrategia de ese tipo es muy peligrosa: jugar con la “rebelión social” como decía el socialista español Tierno Galván es olvidar que ella, como el poder, son explosivos que se manejan con sumo cuidado o estallan. Es un peligro político, pero ese es el terreno que le gusta al actual jefe de gobierno: caminar entre la legalidad y la ilegalidad, presionar con “la gente” y reemplazar la norma por su opinión. No le gusta la disidencia y sabe que cuanto más polarizadas estén las cosas mayores son sus posibilidades.
Por eso y aunque la acusación que se le hace pudiera legalmente tener sustancia (pese a que no parece del tipo de delito que pudiera frenar una carrera política) no creo que el desafuero pase en los próximos días. Cuando el viernes 18, la sección instructora termine la etapa de consultas y recolección de pruebas tendrá un dictamen que probablemente impulse el desafuero, pero allí veremos cómo de los cuatro integrantes de la sección instructora el perredista votará en contra del mismo, la panista a favor y los priistas se dividirán uno y uno y no habrá mayoría. El caso no llegará al pleno y quedará entonces en las manos de la justicia para cuando López Obrador pida licencia para irse de candidato. Se ha dicho que en ese momento podría ser detenido. Es verdad pero también está el antecedente de René Bejarano aceptado por la cámara de diputados, donde éstos consideraron que, aunque un funcionario electo pida licencia conserva el fuero por el periodo en que fue elegido. Es una barbaridad jurídica, pero es una barbaridad con el aval legislativo. Y en ese caso López Obrador tampoco podría ser molestado hasta pasada la elección.
¿Qué pasaría si en la sección instructora se avalara un dictamen en contra de López Obrador? El caso iría al pleno y allí se podría considerar que el PAN le daría su apoyo (aunque varios panistas, por las razones antedichas no simpatizan del todo con la idea como Tatiana Clouthier), y se necesitarían unos 80 votos priistas para tener mayoría. El PRI está dividido al respecto, pero apostaría que los madracistas finalmente no van a apoyar el desafuero pese a todo lo que se ha dicho. La semana pasada, en un gesto que iba más allá del estado de México, César Augusto Santiago le escribió a Arturo Montiel que esperaba que su partido le ganara a Rubén Mendoza Ayala en las urnas y no en los tribunales. Madrazo avaló ese dicho: y si esa estrategia es buena para el estado de México lo tendría que ser para el caso López Obrador. Lo de Mendoza Ayala y el PAN del estado de México, políticamente era un despropósito, pero legalmente tenía bases tan sólidas como las facturas falsificadas entregadas al Instituto Estatal Electoral. Pero el favor que se le hizo a Mendoza Ayala con esa decisión de la comisión de fiscalización fue enorme: jamás hubiera obtenido, en otras circunstancias, tanta publicidad gratuita. Esa señal que envió el PRI (y que muy probablemente tuvo enorme influencia para que el propio IEE revisara la decisión que ellos mismos habían adoptado apenas unas horas antes) no era, muy probablemente, dirigida sólo al caso Mendoza Ayala, iba también dirigida al caso López Obrador.
Vamos a ver que, salvo que la operación política esté demasiado anquilosada, no habrá desafuero quizás porque el jefe de gobierno lo quiere tanto que sería un grave error otorgárselo. En todo caso, se podrá saldar un grave conflicto político, aunque nos quedaremos con la sensación, otra vez, de que la legalidad es un factor más que está, como todo, a negociación.
Las propuestas de México Unido
México Unido contra la Delincuencia presentó ayer una propuesta, en realidad, una exigencia a las autoridades, de cinco puntos que las mismas no tendrían porqué ni cómo desechar: piden el establecimiento de un número de emergencia centralizado y homologado a nivel nacional (algo que resulta increíble que no tengamos, a pesar de que hace años se habla de su necesidad y lo que se ha hecho hasta ahora es tan poco que semanas atrás un secuestrado llamó en el DF al 060 pidiendo auxilio y simplemente lo ignoraron); un verdadero sistema de control sobre todos los funcionarios públicos de cualquier forma relacionados con la seguridad: eso está en la ley pero no siempre, o casi nunca, se cumple, sobre todo en las entidades federativas, y tampoco en el ámbito federal, si nos basamos en el caso Nahum Acosta; profesionalización de los servicios de seguridad; reforma en la política de los penales y un combate integral al narcomenudeo donde se involucren los tres niveles de gobierno: una demanda de la que nadie se quiere hacer responsable porque les sirve, a casi todos, como coartada para no hacer nada. ¿Es necesario mucho para avanzar en ello? Por supuesto que no, en los hechos sólo se necesita trabajo y voluntad política. Habrá que ver si las autoridades las tienen.