No es popular decir que el voto de los mexicanos que viven en el extranjero es un error. Los argumentos a favor son muchos y uno es siempre el principal: los miles de millones de dólares que los paisanos envían a sus familias en México, pero el costo político de esta iniciativa puede generar muchos más costos que beneficios.
No es popular decir que el voto de los mexicanos que viven en el extranjero es un error. Los argumentos a favor son muchos y uno es siempre el principal: los miles de millones de dólares que los paisanos envían a sus familias en México, en el 2004 fueron cerca de 15 mil millones, además de los evidentes de nacionalidad y arraigo. Pero el costo político de esta iniciativa puede generar muchos más costos que beneficios.
Nuestros políticos y legisladores, ya lo sabemos, no escuchan. Están detrás de aplausos fáciles y de réditos de cara al 2006 (o la elección en turno): allí acaba, casi siempre, su compromiso. En este caso, el voto de los mexicanos en el extranjero fue parte de la reforma realizada en 1996, incluso incorporado al texto constitucional pero muy pronto fue evidente, cuando se acercaban las elecciones del 2000, que materialmente era casi imposible avanzar, asumir ese desafío. Se hicieron todos los estudios correspondientes y existían varias modalidades que se podían adoptar: todas ellas implicaban costos muy altos y un esquema de organización que rebasaba (y sigue rebasando con mucho) las posibilidades del Instituto Federal Electoral. Por eso no hubo voto en el extranjero en el 2000.
Pero el martes, finalmente, la cámara de diputados decidió aprobar esa legislación, y lo ha hecho (habrá que esperar qué modificaciones realiza el senado), adoptando uno de los esquemas más abiertos de votación. Está muy bien, es muy correcto, ayer los periódicos estaban llenos de desplegados y declaraciones donde los diputados de los distintos partidos se felicitaban a sí mismos por el paso dado. El problema vendrá ahora y, por supuesto, los legisladores se deslindarán de él. Las dificultades son enormes y muchas, analicemos ahora sólo algunas de ellas.
Primero, la organización. Como se votó la ley estamos hablando de un universo electoral de entre 4 y 7 millones de electores. Se habla de colocar una casilla cada 750 electores, en cualquier comunidad donde haya más de 15 mil mexicanos. Eso implicaría instalar entre 5 y 8 mil casillas electorales. Pero implica previamente empadronar a la mayoría de esos millones de electores y realizar una lista nominal con los mismos. Sin un programa de credencialización, sin un padrón y una lista nominal similares a las que utilizamos en México, la legitimidad de la elección estaría en entredicho. Preguntémonos, simplemente, porqué si “un voto es un voto” del otro lado de la frontera ese voto tendría que tener mucho menos control que dentro del país, si finalmente incidirá de la misma forma en el resultado electoral. Si los legisladores consideran que entre cuatro y siete millones de electores pueden votar sin una lista nominal o sin una credencial con los mismos y muy costosos mecanismos de seguridad que la que usamos en México, ¿porqué no nos olvidamos de ello también en nuestro país? Si los legisladores no ven peligro para las elecciones en que ello ocurra del otro lado de la frontera ¿por qué tendrían que tenerlo dentro del país? Obviamente todos sabemos que la ausencia de un padrón y una lista nominal confiable sería catastrófico para el proceso electoral ¿qué les hace pensar que será diferente cruzando el río Bravo?
Vayamos al cálculo conservador: habrá que instalar cinco mil casillas. ¿De dónde saldrán los funcionarios de casilla, quién los entrenará, qué pasará con los representantes de partido?¿cómo se distribuirá el material electoral, desde actas a boletas? Se dirá que se podrá votar por correo o por internet, aunque sea un tipo de votación que jamás se ha utilizado en México y cuyos mecanismos de seguridad sabemos que no se pueden establecer con certidumbre, por lo menos en estos momentos. El voto electrónico incluso en los propios comicios estadounidenses se ha convertido en uno de los factores de mayor debate electoral, y particularmente el partido demócrata insiste en que se regrese plenamente al mecanismo de la votación en papel, que luego se pueda contar y revisar. Y si allá se puede votar por internet o por correo ¿porqué no podemos hacerlo nosotros? Hablemos de costos. El más modesto de estos programas costará unos 3 mil millones de pesos. No están presupuestados, el IFE cuenta sólo con 200 millones de pesos aprobados en el presupuesto para este objetivo. Nos quejamos de que la política, las elecciones son caras: ¿cuántos miles de millones habrá que invertir para que el sistema realmente funcione? Ya en la reciente reunión de embajadores y cónsules en enero pasado, éstos se quejaron públicamente de que se estaba haciendo avanzar estos programas al mismo tiempo que se reducían los ya de por sí escasos presupuestos para los consulados. ¿De dónde saldrá ahora el dinero?
En el plano legal las interrogantes son innumerables: ¿quién impedirá que se haga proselitismo en medios, en la calle, en la propia casilla electoral?¿quién castigará a quien viole la ley electoral, quién pondrá orden, por ejemplo en una casilla a la hora de votar si se da un enfrentamiento entre simpatizantes de distintos candidatos? Se dirá que muchos otros países utilizan el voto en el extranjero y no se presentan esos problemas: pero ninguno de ellos ha realizado una elección de esta magnitud y es diferente, muy diferente, cuando se vota en los consulados (bajo jurisdicción del país) que en varios miles de mesas de votación distribuidas en innumerables ciudades y poblaciones.
Dice la ley que se castigará al partido que reciba recursos del exterior. ¿cómo se podrá controlar ello? Si el IFE tuvo que librar toda una batalla legal para poder conocer, en México, los movimientos financieros de Amigos de Fox, ¿con qué instrumentos legales podrá investigar los movimientos financieros de cualquiera de los partidos en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo? Dice la ley que no se podrá contratar publicidad en medios fuera del país, pero ¿quién podrá impedir que se haga campañas de publicidad apenas encubierta?¿quién podrá decirle a los directivos, conductores, periodistas, de las cadenas de radio, televisión, a los periódicos de Estados Unidos, por ejemplo, que no tienen que tomar partido por alguno de los candidatos involucrados en la contienda? Si lo llegaran a hacer ¿qué castigo podrían tener? En México no se pueden dar encuestas de salida el día de las elecciones: ¿quién podría impedir que las mismas se den a conocer en pleno proceso electoral, desde Estados Unidos para inducir la votación antes de que cierren las casillas? Nadie tiene respuesta para ello. Mejor dicho, sí existe una respuesta y es que simplemente nada de eso se podrá controlar.
Por supuesto que si se tratara de una elección normal, donde algunos miles o incluso ciento de miles de votos, se distribuirán entre distintas fuerzas sin influir en el resultado electoral estos problemas y dificultades serían menores. Pero estamos hablando de algunos millones de votos potenciales que pueden modificar o alterar significativamente el resultado y el equilibrio electoral. ¿Qué pasará si un candidato gana contabilizando los votos dentro de México pero finalmente pierde las elecciones con los votos del exterior?¿aceptará la derrota?¿cómo se equilibrará la representación legislativa de los partidos con la votación para presidente si ésta, por el voto en el exterior, resulta significativamente diferente a la originada dentro del país?
Existen muchos más puntos, incluso de ética política: ¿es justo que elijan un presidente quienes no viven en el país e incluso quienes ya han adoptado otra nacionalidad, quienes no sufrirán las decisiones, buenas o malas que adopten esas autoridades; no se debería relacionar cada vez más el derecho al voto con la residencia, con el deber de pagar impuestos, con la corresponsabilidad del ciudadano con las autoridades que elige? Por supuesto que son, todos, temas controvertidos. Pero en el fondo, lo peor, es la recurrencia de una estrategia equivocada, errónea, casi suicida para la comunidad de paisanos en el exterior y particularmente en los Estados Unidos. Una vez más en lugar de realizar todos los esfuerzos posibles para que esa comunidad sea reconocida allá, donde reside, para que pueda votar y ser votada, para que tenga peso e influencia, lo que aumentaría también la influencia de México, hacemos exactamente lo contrario: dejamos toda la mesa servida para que, por vías directas o indirectas, otros factores de poder puedan influir decisivamente en nuestros asuntos internos. Todo bajo una paraguas políticamente correcto.