La campaña contra el desafuero sirvió como lanzamiento de la campaña presidencial de López Obrador, homogenizó al partido en una circunstancia muy compleja, donde las tensiones internas podrían haberlo llevado a claros enfrentamientos, opacó los intentos de Cuauhtémoc Cárdenas de disputarle la candidatura y le permitió colocar, en un ambiente en el que no se aceptaron indisciplinas de ningún tipo, a los mandos que quiso en su partido, el PRD.
Es verdad que se han tenido que gastar algunos, varios, millones de pesos en publicidad (directa e indirecta, desde cartelones hasta anuncios de televisión y espacios en los periódicos); que se ha tenido que perder la figura y las formas, caminar en el filo de la ley en ocasiones y en otras vulnerarla en forma evidente; que el ejercicio ha obligado al jefe de gobierno a mostrar, como ocurrió en la marcha contra la inseguridad, su peor cara política; pero en el DF opinan que el esfuerzo valió la pena: la campaña contra el desafuero sirvió como lanzamiento de la campaña presidencial de López Obrador, homogenizó al partido en una circunstancia muy compleja, donde las tensiones internas podrían haberlo llevado a claros enfrentamientos, opacó los intentos de Cuauhtémoc Cárdenas (qué pena ajena generan aquellos perredistas que, durante años, eran incapaces de decir una palabra crítica de Cárdenas y que ahora, como existe otro tlatoani al frente del perredismo, lo vilipendian o hacen escarnio de él: insistimos, es de pena ajena) de disputarle la candidatura y le permitió colocar, en un ambiente en el que no se aceptaron indisciplinas de ningún tipo, a los mandos que quiso en su partido, el PRD.
En los hechos, la campaña contra el desafuero no sólo lanzó oficialmente la campaña presidencial sino que también opacó hasta hacer intrascendente la campaña interna del PRD. Demostró, en última instancia, en qué espacio dejará López Obrador a su partido. Algunos de sus dirigentes explicaron con absoluto pragmatismo la forma en que se les plantearon las cosas: o siguen la línea del jefe de gobierno o éste se va a la campaña con las redes ciudadanas y para ellos serán las principales posiciones. Y allí se acabó el debate, aunque nadie en el PRD termine de comprender qué hará un político como Leonel Cota Montaño al frente de un partido que no conoce y dentro del cual no ha trabajado.
Pero esta campaña publicitaria de López Obrador, pagada con recursos públicos y con una coerción a los trabajadores del Estado como no se recordaba desde hace muchos años, también ha permitido observar otros amarres. Uno de ellos, desconcertante por muchos de los “abajofirmantes” es el relativo al desplegado firmado por un grupo importante de intelectuales, algunos de ellos notables en su campo, entremezclados con el equipo de asesores político y jurídico del jefe de gobierno. El argumento del desplegado es tan endeble que demerita la calidad intelectual de muchos de los que lo firmaron. Incluso no deja de llamar la atención que varios de ellos, por lo menos los que no son parte del equipo de López Obrador, no hayan querido siquiera defenderlo en público…quizás porque el argumento es tan frágil que resulta indefendible. Me llama la atención sobre todo en un caso, en el de José Woldenberg. No puedo comprender cómo el hombre que dirigió con tanto acierto (derivado de una mezcla de instinto político con estricto apego a la legalidad) pueda ahora partir de una base tan distinta para juzgar este caso. Me sorprende también que este grupo de intelectuales se hayan expresado con tanta amplitud sobre el desafuero pero no deslizaran ni siquiera una leve crítica al hecho de que la campaña en contra del desafuero (y el propio desplegado) haya sido pagada utilizando recursos públicos; que no critiquen que se esté descontando del salario de los trabajadores del GDF hasta un tercio del mismo para financiarla; que no reclamen porque el gobierno capitalino está entregando prácticamente todas sus obras públicas por adjudicación directa sin recurrir a licitaciones públicas; que sea uno de los gobiernos locales con menor compromiso con la transparencia y la información.
Sirvió también para que don Norberto Rivera pudiera hablar y retribuir así la generosidad que el gobierno capitalino ha mostrado con la iglesia católica. O que mi muy estimado José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tuviera razón o no en el argumento jurídico que presentó sobre el caso López Obrador, olvidara que su función no es ésa, y que sus opiniones no pueden presentarse a “título personal” cuando se encabeza una institución como la CNDH (¿se imagina usted qué ocurriría, por ejemplo, si un ministro de la Suprema Corte expresara en público su opinión jurídica “personal” sobre éste o cualquier otro caso en proceso?¿no perdería con ello legitimidad una institución que debe actuar como árbitro, no como actor de los procesos jurídicos?). Tuvo costos, también, quizás el mayor de ellos que se puso de relieve la distancia que comienza a percibirse entre Carlos Slim y el jefe de gobierno.
El hecho es que al tiempo que la campaña del desafuero, condimentada con barbaridades políticas como el “golpe de Estado”, sirvieron como plataforma para todo esto y más (y nuevamente para comprobar la ineficiencia del gobierno federal para la operación política, para presentar a la sociedad una visión política integral sobre los diferentes temas, para llevar él mismo una agenda que no se limite a seguir la agenda que le imponen los demás) el tema se ha ido desgastando: López Obrador según la encuesta de María de las Heras ganó unos puntos pero también polarizó al electorado (ganó muchos votos negativos) y habrá que ver qué costo le genera el haber mostrado sin tapujos su decisión de utilizar todo lo que estuviera a su alcance, incluyendo recursos públicos y a los trabajadores del GDF, para impulsar sus objetivos.
En los hechos el desafuero, lo dijimos aquí hace varias semanas, estaba ya muerto. El PRI no lo iba a apoyar por la sencilla razón de que no le convenía, porque así le estaría haciendo el juego a la campaña de López Obrador. Este ha hecho todo por mantener el tema en el candelero: primero, el jefe de gobierno afirmó que el desafuero se votaría el 18 de febrero, pese a que los miembros de la sección instructora aseguraban que, a partir de esa fecha, el expediente tardaría entre 30 y 45 días en revisarse y sacar una propuesta de dictamen. Más tarde, fue el diputado perredista Horacio Duarte, miembro de la propia sección instructora, el que aseguró que vendría un albazo para desaforar a López Obrador en semana santa y así evitar las movilizaciones en su favor. Más tarde, el propio López Obrador tuvo que aceptar que no sería así aunque aprovechó para hacer escarnio de la cámara de diputados diciendo que no lo votarían porque serían incapaces de no irse de vacaciones (lo dice el mismo funcionario cuyo secretario de finanzas se iba un par de veces al mes a Las Vegas a apostar millones de pesos, tantos que hasta ahora el GDF no ha dado a conocer siquiera el daño que hizo a las finanzas públicas Gustavo Ponce Meléndez), como ya antes lo hizo del poder ejecutivo y del judicial (y que esta misma semana aseguró que él no es intolerante pero que todos los que estaban de acuerdo con el desafuero eran “tontos”). Pero ello no ha impedido que el tema se vaya desinflando y el miércoles el dirigente priista Roberto Madrazo, probablemente, lo terminó de enterrar al decir que en el 2006 le gustaría ver a López Obrador en las boletas electorales para ganarle como en el 94, algo muy similar a lo que unas horas antes le había dicho a unos 400 empresarios que se reunieron con él en el Club de Industriales.
No habrá desafuero: el PRI lo terminará de matar o, simplemente lo dejará morir sin que haya un dictamen. Habrá que buscar otra excusa para adelantar los tiempos de la campaña y seguir pagándola con recursos públicos.