Si los hoolingans priistas se salen con la suya y modifican los estatutos de su partido en la forma en que lo han planteado, hoy, al comienzo de la asamblea nacional del PRI cualquiera podría pedir la expulsión de muchos de sus militantes, entre ellos del propio Roberto Madrazo. Los Murat, los Ulises Ruiz, los rudos que nunca le han aportado credibilidad ni legitimidad a su partido y que ahora enarbolando ?la pureza ideológica y la lealtad, son los que están impulsando la expulsión de varios militantes del PRI.
Si los hoolingans priistas se salen con la suya y modifican los estatutos de su partido en la forma en que lo han planteado, hoy, al comienzo de la asamblea nacional del PRI, cualquiera podría pedir la expulsión de muchos de sus militantes, entre ellos del propio Roberto Madrazo.
Los Murat, los Ulises Ruiz, los rudos que nunca le han aportado credibilidad ni legitimidad a su partido, son los que ahora enarbolando “la pureza ideológica y la lealtad” (como si tuvieran alguna que fuera más allá de sus propias parcelas de poder) son los que están impulsando la expulsión de varios militantes del PRI, incluyendo la secretaria general, Elba Esther Gordillo, en plena asamblea, acusándolos de “traición” y tratando de manipular en la propia asamblea, la versión de que cualquier militante de ese partido que haya apoyado (sin entender que se entiende por ello) a un candidato de la oposición debe ser separado inmediatamente del PRI.
Pues bien, la semana pasada, incluso después de que había retirado a los delegados del CEN del estado de México y de que no había ido a la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, el presidente del PRI, Roberto Madrazo, comió con el principal candidato opositor en esa entidad, Rubén Mendoza Ayala. Ambos dijeron ser amigos y por ello compartieron el pan y la sal en un grato encuentro, por lo menos así se los veía. Me parece una actitud lógica y civilizada de establecer una relación entre dos políticos de diferentes partidos. Por el contrario, en nada los inhabilita el que se digan y reconozcan como amigos. Pero los hooligans priistas han considerado actitudes mucho menos públicas que esas, como una inexcusable traición: así lo consideraron en Oaxaca, porque Diódoro Carrasco se reconoció amigo de Gabino Cué o en muchos otros estados, porque Elba Esther Gordillo o los miembros del grupo Enlace que militan en el PRI, han reconocido su buena relación con militantes o candidatos de otros partidos. El único que yo recuerdo que, en los últimos tiempos, apoyó abiertamente a un candidato opositor fue Miguel Angel Yunes, en Veracruz, quien previamente había renunciado al PRI.
Incluso en esa lógica digna de una cacería de brujas, los dos principales personajes de la corriente más retro del PRI, Ulises Ruiz y José Murat, apenas esta semana se demostraron como convencidos defensores de la causa de otro de los principales adversarios del PRI, el jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, un hombre que, por cierto, militó muchos años en el PRI y supongo que, por haber abandonado ese partido, lo deben considerar, también, “traidor”. Pues bien, ninguno de los dos es diputado ni tiene nada que ver con el proceso de desafuero que sufre el tabasqueño, pero Ulises y Murat, se deshicieron en la defensa de su adversario político: están en su derecho. Pero entonces y aplicando su propia lógica, ¿algunos de sus adversarios internos podrían pedir también su expulsión por participar de facto en la precampaña electoral de López Obrador?
El tema podría dar para mucho más. Por ejemplo, en los nuevos estatutos ¿hacer fraude electoral o fraguar autoatentados no es considerado un acto que justifique la separación del partido?¿la disciplina partidaria debe ser tan estricta que aunque un gobernador o un funcionario del PRI estén evidentemente violentando la ley y rompiendo con los principios que se supone mantiene ese partido, de todas formas debe ser públicamente apoyado por esa organización y todos sus integrantes?
Aunque parezca hasta caricaturesco no lo es. En estos temas se definirá la asamblea priista que comienza hoy y deberá concluir el próximo viernes. Se analizarán muchos temas, pero ninguno es para el PRI más importante que establecer las reglas del juego que definan la unidad interna. Y esas reglas del juego no pueden ser sólo, ni principalmente, las disciplinarias, sino una forma de entender y hacer la política que será intransitable si el PRI no parte de la convicción de que está integrado por grupos, dirigentes y militantes que tienen diferentes formas de ver el país y sus soluciones y que evidentemente no podrá mantener su unidad interna (y tampoco regresar a Los Pinos) si no acepta y canaliza esa pluralidad. Y ello se debe reflejar no sólo en sus documentos, sino también en el “espíritu” partidario, en su capacidad para aceptar y tolerar al otro, partiendo de la convicción de que no puede haber una lógica uniforme ni en ese partido ni en las respuestas que debe dar a la ciudadanía.
El PRI en estos días deberá definir qué hacer con su vida interna; deberán definir cómo eligen a su candidato presidencial; deberán modificar sus estatutos para hacerlos más modernos y operativos (es absurdo que, para sus propios militantes, el PRI imponga candados de todo tipo para ser candidato pero éstos desaparecen cuando van en coalición con otro partido, coalición que decide, por supuesto, la propia dirección partidaria); deberán definir qué harán con temas como la reelección de senadores (es vergonzoso que los senadores hayan votado en primera lectura por la reelección de legisladores para echarse para atrás en la segunda), como qué hacer con la reforma de la energía (un tema que Manuel Bartlett y, otra vez, Murat tienen como rehén, impidiendo cualquier cambio); con la política fiscal, con la economía, con la seguridad, con la justicia. El PRI no puede apostar a un candidato carismático (entre otras razones porque no lo tiene) o al voto de castigo al gobierno (porque ha sido gobierno demasiados años como para que ese voto se canalice, sin más, de regreso hacia él) o a pensar que la gente, lo que quiere es, simplemente, regresar al pasado.
Por supuesto que el problema sí pasa por el nombre del candidato priista, sea éste Madrazo, Jackson o cualquier otro, pero no es el principal: es más importante saber qué perfil de partido (y por lo tanto de gobierno) ofrecerá a la sociedad: si será incluyente y plural o se ofrece el regreso al verticalismo de antaño, aunque esté arropado por otros lenguajes. Quizás en ese sentido, para saber si tiene el tamaño político necesario para ser el candidato que pretende ser, el capítulo más interesante de la asamblea priista es comprobar cómo actuará Madrazo, qué respuesta dará a unos y otros, si parará la ofensiva de sus hooligans o si, apoyándose en éstos, buscará, vía la asamblea, descontar a sus adversarios antes de iniciar la lucha interna. El verdadero tamaño de Madrazo se verá en esta asamblea (como el de Colosio, por cierto, se midió con la XIV y el de Zedillo con su respuesta a la XVII).
¿Y si se muere el presidente?
El accidente en el que falleció el gobernador de Colima, Gustavo Montes Vázquez y varios de sus colaboradores, exige, por supuesto, una investigación a fondo que disipe las dudas que pudieran surgir sobre las circunstancias que lo rodearon. Pero también ha vuelto a poner en el tapete un tema clave: los mecanismos de sucesión ante el fallecimiento, o la ausencia permanente, por las razones que sea, del titular del Ejecutivo, sea local o federal. Nuestras leyes están construidas de una forma absurda y compleja para un caso de estas características, entre otras razones porque siempre se quiso que ese tema fue parte de un proceso de negociación extralegal que se acomodara a los equilibrios de las fuerzas políticas en turno y, también, para evitar que directos beneficiarios pudieran pensar en deshacerse del titular.
Pero esa época ya ha pasado. No es concebible que tengamos un espacio de tanta incertidumbre y discrecionalidad como el que estamos viviendo en Colima. Sea un alcalde, un gobernador o un presidente de la república, el mecanismo de sucesión debe ser inmediato, ser absolutamente transparente, debe estar determinado clara y legalmente, y debería evitar cualquier posibilidad de especulación política. Ya de por sí es traumático para una sociedad que se quede sin su gobernante, como para ampliar ese trauma con un vacío legal que no deje en claro su sucesión. El tema está planteado desde hace años, pero nadie le quiere entrar con seriedad: no comprenden que ello es parte de la seguridad jurídica que requiere, hoy, nuestro país.
Una aclaración necesaria
En la columna de ayer sobre el caso de Raúl Salinas decíamos que Esteban Moctezuma, entonces secretario de Gobernación, y Carlos Salinas se habían encontrado a desayunar el mismo día de la detención de Raúl. Por un descuido sólo atribuible a un servidor en la redacción del texto, se pudo haber supuesto, se podría haber interpretado, que Moctezuma sabía, previo a ese desayuno, que Raúl sería detenido ese mismo día. No fue así: como lo hemos explicado años atrás y como lo hemos verificado con los principales actores de esta historia, Moctezuma, el secretario de gobernación, no sabía lo que ocurriría mientras él terminaba de desayunar con el ex presidente. Ese fue, precisamente, uno de los capítulos más oscuros de aquel episodio.