Salvo que los acuerdos que se mantenían hasta el jueves en la noche hubieran sido rotos en las primeras horas de este viernes por los sectores más duros del PRI, no tendrían que darse turbulencias en la asamblea nacional de ese partido, por lo menos en el ámbito de los estatutos. El acuerdo parece ser transparente: no habrá modificación a los estatutos que impidan retroactivamente impedir a Elba Esther Gordillo asumir la presidencia del partido una vez que Roberto Madrazo abandone esa posición para buscar la candidatura presidencial. Roberto Madrazo, a su vez tiene la tranquilidad de poder quedarse en su cargo hasta el próximo 15 de julio.
Salvo que los acuerdos que se mantenían hasta el jueves en la noche hubieran sido rotos en las primeras horas de este viernes por los sectores más duros del PRI, no tendrían que darse turbulencias en la asamblea nacional de ese partido, por lo menos en el ámbito de los estatutos. El acuerdo parece ser bastante transparente: no habrá modificación a los estatutos que impidan retroactivamente impedir a Elba Esther Gordillo asumir la presidencia del partido una vez que Roberto Madrazo abandone esa posición para buscar la candidatura presidencial. Roberto Madrazo, a su vez tiene la tranquilidad de poder quedarse en su cargo hasta el próximo 15 de julio. No queda claro si Gordillo asumirá esa posición y por cuanto tiempo lo hará, pero la advertencia de ruptura, sumada a la posibilidad, ineludible, de que esos estatutos fueran rechazados por el Tribunal Electoral fue determinante en esa decisión y Madrazo cumplió con los compromisos que había adquirido, pidiendo al inicio de la asamblea abandonar el tema de Elba Esther y esa modificación de los estatutos..
El argumento en contra de Gordillo había sido enarbolado, sobre todo, por José Murat (quien, aunque usted no lo crea ha sido designado nada más y nada menos que encargado de las relaciones internacionales del CEN priista –sic-) y su sucesor, Ulises Ruiz, que argumentaron que la líder de los maestros no los había apoyado en las elecciones en su estado. En la encerrona del martes entre Madrazo, su equipo, los gobernadores y algunos diputados y senadores, Manuel Angel Nuñez fue muy insistente en que en Hidalgo sí había existido un fuerte apoyo de Gordillo y lo mismo sostuvo un gobernador que los duros suponían cercano a ellos, el veracruzano Fidel Herrera (que debo reconocer me sigue sorprendiendo con lo cuidadoso que ha sido en estos primeros meses en el gobierno para no romper los equilibrios políticos ni en su estado ni dentro de su partido), que públicamente, al despedir a los casi 400 delegados de su estado a la asamblea priista, dijo que Gordillo le había dado un fuerte apoyo en su campaña y pidió no contaminar la asamblea con ese tema. Y con el apoyo de Madrazo esa posición difícilmente podrá modificarse. Hacen bien porque actuar de otra forma sería un error grave para su propia causa.
El sacar a los priistas del tema de los estatutos y de las venganzas internas tendrá el mérito también de poner el acento de la asamblea en el tema de la política: hoy el PRI tiene candados programáticos que impiden hacer reformas en energía, en el ámbito fiscal, que mantienen a las bancadas obligadas a votar en el congreso de acuerdo a las decisiones de su dirección nacional, que ponen candados incluso a sus propios candidatos, que impiden recurrir a candidatos externos, lo que impone enormes limitaciones a una política de alianzas serias en ese partido. Eso será lo que se deberá decidir por encima del discurso ideológico fácil que esgrimen los Bartlett y Cantón Zetina, aferrados a un ultranacionalismo que se usa como coartada para impedir cualquier modificación en temas claves como la energía, el trabajo y la política fiscal que son claves para que el priismo, independientemente de quién sea su candidato en el 2006, pueda ofrecer una plataforma de gobierno atractiva y viable. Si la asamblea priista hoy se cierra a aceptar el debate y la posibilidad de negociación en esos temas, se estará cerrando a sí misma el camino hacia un regreso a Los Pinos pero, mucho más grave, estará prácticamente condenando al país, cualquiera que sea el resultado del 2006, a otros seis años de estancamiento.
Mañana viernes, serán los panistas los que tendrán que asumir decisiones que marcarán su futuro. La elección del presidente nacional del partido estará entre Carlos Medina Plascencia y Manuel Espino. Juan José Rodríguez Prats y Alejandro Zapata Perogordo después de la primera ronda de votaciones tendrán que decidir si apoyan a uno de los dos primeros. Carlos Medina aparentemente tiene muchas más posibilidades que Espino. Pese a que el caso Nahum Acosta parece ser un lastre insuperable para Espino (debería serlo) hay que recordar que Espino fue secretario general del partido y muchos consejeros tienen compromisos con él. Como la elección es interna, entre los consejeros nacionales del partido, siempre pueden darse sorpresas, más aún porque en esta ocasión hay más candidatos que los tradicionales y es la primera vez que el panismo realiza una elección de este tipo de cara a una sucesión presidencial con ellos en el gobierno. Las posiciones están muy polarizadas, habrá por lo menos tres rondas de votación y lo cierto es que nada parece estar plenamente definido.
En última instancia, la elección del presidente nacional del PAN será en sí misma importante pero también lo es la conformación del comité ejecutivo de ese partido y, además, como una de las atribuciones del propio presidente del CEN, la designación del coordinador parlamentario, una posición que dejó libre Francisco Barrio la semana pasada. Una posibilidad es que Germán Martínez se quede en esa posición que ocupa ahora en forma interina, pero también se dice que Germán podría acompañar a Medina Plascencia en la secretaría general del partido. Hay otras alternativas, son pocas: Juan Molinar, Juan de Dios Castro, Gustavo Madero y José Gómez Morín, donde los dos primeros parecen tener mayores posibilidades.
En el fondo, lo que está en debate es no sólo la futura conformación de la cúpula del panismo sino también su orientación política, además de la lucha evidente por la candidatura presidencial que cada vez más parece centrada entre Santiago Creel y Felipe Calderón, y donde las diferencias en la votación interna no son tan amplias como parece en algunas encuestas públicas.
Cómo ven a Ahumada y los videoescándalos
La empresa Parametría, una de las más serias del mercado de investigación de opinión pública en nuestro país, realizó un estudio sobre el caso de Carlos Ahumada y las derivaciones de los videoescándalos. Es una encuesta telefónica a nivel nacional que muestra datos muy interesantes.
En principio, el 53 por ciento de los encuestados opinan que Andrés Manuel López Obrador sabía de los actos de corrupción de René Bejarano. El 32 por ciento cree que no estaba enterado de ello. Los números se repiten en el caso de su secretario de Finanzas, Gustavo Ponce Meléndez: el 52 por ciento opina que el jefe de gobierno sabía de esos hechos. Sobre la virtual absolución de Carlos Imaz, el 45 por ciento cree que se trató de una decisión injusta, el 15 por ciento dice que fue justa y el 40 por ciento no sabe.
Cuando se le pregunta a la gente si Carlos Ahumada fue encarcelado para tapar otros asuntos, el 49 por ciento está de acuerdos con esa aseveración (el 29 por ciento sólo de acuerdo y el 20 por ciento muy de acuerdo). Los que están en desacuerdo son el 36 por ciento (y de éstos un 20 por ciento dice estar un poco en desacuerdo). Cuando se pregunta si en su caso hubiera denunciado hechos de corrupción de la misma forma en que lo hizo Ahumada (o sea a través de los videos) el 80 por ciento dijo que lo hubiera hecho de la misma forma, el 10 por ciento que no lo hubiera hecho y el restante 10 por ciento sostuvo que no sabía. Finalmente, el 49 por ciento, en esta encuesta de Parametría considera a Carlos Ahumada como un “preso político” y el 37 por ciento cree que es un preso común.