Hoy en el caso particular de día internacional de la mujer nos esperarán, innumerables homenajes, discursos, reconocimientos y muy poca sustancia, muy pocos hechos que ayuden realmente a garantizar mayor equidad a las mujeres en nuestra sociedad. En los hechos, en esa lucha, la mayoría de las mujeres suelen estar, lisa y llanamente, casi solas, con autoridades que hablan muchos y hacen poco.
No me gustan, por definición, jornadas como la que se celebra hoy, del día internacional de la mujer y menos, la del domingo pasado, el día de la familia. Creo que cuando se tiene que hacer tanto énfasis en esas celebraciones es porque la misma comienza a perder sentido. En el caso muy particular del día internacional de la mujer nos esperarán, el día de hoy, innumerables homenajes, discursos, reconocimientos y muy poca sustancia, muy pocos hechos que ayuden realmente a garantizar mayor equidad a las mujeres en nuestra sociedad. En los hechos, en esa lucha, la mayoría de las mujeres suelen estar, lisa y llanamente, casi solas, con autoridades que hablan mucho y hacen poco.
Nada es más inequitativo, más denigrante para nuestras mujeres, que la violencia. Todos (bueno, no todos, algunos atribuyeron esos asesinatos al que las víctimas usaban minifaldas) nos hemos escandalizado con casos como el de las jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez o en Tapachula, pero no parece haber una reacción ante la violencia cotidiana y generalizada que se vive en todo el país. Cuando esa violencia se presenta, las autoridades simplemente suelen olvidarse de las palabras y mirar para otro lado. Una historia es notable en este sentido y demuestra, mejor que muchos de los discursos que se van a pronunciar hoy, como amplios sectores sociales y las más altas autoridades del país, ignoran la violencia más elemental, más cotidiana, más brutal contra las mujeres.
Una de las instancias claves para la lucha contra esas agresiones cotidianas, son los centros de refugio para mujeres en situación de violencia. Cuando una mujer es golpeada, perseguida, sobre todo en su entorno familiar, debe buscar algún refugio confiable: el recurso de simplemente presentar la denuncia y regresar a su casa, suele concluir, en la mayoría de los casos, con mayor violencia e incluso hasta la muerte de la denunciante. Existe 33 centros de refugio en nuestro país, agrupados en una asociación llamada Red Nacional de Refugios para Mujeres en Situación de Violencia (RENARAC).
No se trata sólo de que no exista un verdadera política oficial de apoyo y respaldo a estas organizaciones, sino que no existe una tarea de elemental protección de las autoridades a las mujeres que los encabezan y a las que allí buscan refugio. Dos casos lo demuestran en forma palmaria.
Lydia Cacho Ribero es la presidenta de uno de los principales refugios del país, el Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM). Lydia está siendo amenazada y acosada, incluso su vida corre peligro, entre otros casos, por haber dado refugio a dos mujeres, en dos casos distintos, cuyos esposos están relacionados con el crimen organizado en complicidad con autoridades de seguridad y justicia. Y en ningún ámbito local o federal, existe, pese a las denuncias, respuesta seria a esas amenazas.
El primer caso que ha generado estas amenazas contra el CIAM y Cacho Ribero, comenzó en Torreón, Coahuila, cuando la esposa de un hombre que se presenta como agente de la procuraduría de justicia de Coahuila y agente de la AFI, José Ramón Hernández Castrellón, logra fugarse del domicilio familiar con sus dos hijos y una hija, luego de sufrir innumerables agresiones físicas y sexuales de su marido. Se presentaron las denuncias penales y a la esposa se le encontró refugio. Pero Hernández Castrellón, argumentado su condición de agente judicial, se presentó armado y amenazó al personal de los distintos refugios a los que han llegado su esposa y sus hijos, huyendo de él. Estuvo en Torreón, en Saltillo, en Monterrey y en San Luis Potosí, amenazando de muerte al personal, llegando con armas, apoyos y automóviles blindados. La esposa y los hijos fueron trasladados entonces a Cancún. Allí llegó también persiguiendo a su esposa Hernández y ha amenazado de muerte a Lydia Cacho y a las trabajadoras del CIAM si no le “entregan” a su esposa: en sus llamadas telefónicas les relata “cómo” va a torturarlas y matarlas. Cuando se informó al entocnes delegado de la PGR en Cancún sobre el tema y se pidió protección, la respuesta fue que era “mejor no meterse con él (con el esposo) porque está muy protegido por los jefes”. Después de la denuncia, Hernández regresó una vez más, armado e identificándose con una credencial de la AFI, a la sede del CIAM en Cancún. Como no fue atendido, esperó la salida del personal y escenificó una persecución (utilizando un automóvil con placas de Coahuila) por las calles de Cancún contra Lydia Cacho y dos de sus colaboradoras, amenazándolas con su arma. La llegada de una patrulla interrumpió la persecución. La representante nacional de RENARAC, Alicia Leal Puerta, se entrevistó con el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos y éste le pidió levantar un acta ante la nueva delegada de la PGR en Cancún, Imelda Calvillo. Se levantó la averiguación previa AP.508/2004 por amenazas a la directora del CIAM y como, según la PGR, Hernández no es agente de la AFI, se lo acusó también de usurpación de funciones. Pero una vez levantada la denuncia, el personaje, en lugar de ser detenido, se presentó en el centro de refugio en Saltillo, nuevamente armado y ostentándose como agente policial, exigiendo información también sobre Alicia Leal. Antes de que llegara la policía estatal se retiró. En enero pasado, la esposa de Hernández Castrellón presentó una demanda penal por los delitos de Violencia Familiar, amenazas y otros (incluyendo las agresiones sufridas por los padres de la víctima y las amenazas a las directoras de los centros de refugio en Torreón, Saltillo, San Luis Potosí y Cancún). Es la denuncia AP262/2005/III-2. Hasta ahora este personaje continúa en libertad y sin ser molestado y continúan, también, sus amenazas exigiendo que le “regresen” su mujer. Ni siquiera se ha aclarado si es o no agente policial.
Otro caso. El 16 de noviembre del 2004 se presenta en las instalaciones del CIAM-Cancún, José Alfredo Jiménez Potenciano. No es un hombre más: es un conocido narcotraficante en la península de Yucatán. Exigía, él también, que le “regresaran” a su esposa y su hijo de tres años que habían recibido protección cuando lo abandonaron, luego de que amenazó a sus esposa con matarla. Llegó a las oficinas con armas largas y protección de otros individuos y amenazó de muerte al equipo del CIAM y a Lydia Cacho si no le decían dónde estaban su esposa y su hijo. De inmediato se informó al subprocurador del estado, Alfonso Chi Paredes, pidiendo apoyo policial. Pero Jiménez Potenciano había visitado, media hora antes de presentarse en las oficinas del CIAM, al propio subprocurador, quizás por eso nadie respondió al llamado de auxilio. Cacho Riberto acudió entonces al gobernador Joaquín Hendrix y la procuradora del estado envió a sus agentes a detener a Jiménez Potenciano: nunca lo hicieron. En realidad le advirtieron a Cacho que este personaje y sus siete hermanos son muy peligrosos y era mejor no meterse con ellos. Cuando los agentes llegaron a las oficinas del CIAM no detuvieron al agresor y éste simplemente se fue.
Las amenazas crecieron porque la esposa ofreció una declaración al delegado del CISEN en Quintana Roo para denunciar las actividades de su esposo, en el marco de la investigación por narcotráfico que se estaba realizando en su contra. Al mismo tiempo, una hermana de la esposa, presionada por Potenciano presentó una denuncia por secuestro contra el CIAM. En respuesta, Lydia Cacho y la esposa del presunto narcotraficante se presentaron ante el MP federal en el estado y denunciaron, durante horas, las actividades ilegales del esposo de la víctima. Pero el delegado de la PGR que recibió la denuncia fue arrestado por su relación con el narcotráfico. Cuando se solicitó informes sobre la investigación a la nueva delegada, Imelda Calvillo, se descubrió que el expediente nunca fue consignado, no había averiguación previa y la mayor parte del testimonio había desaparecido. Se ratificó la denuncia bajo el número AP-069/2005. El expediente volvió a estar incompleto y nuevamente se tuvo que reiniciar el procedimiento, con una nueva declaración de la esposa perseguida del narcotraficante. Hasta ahora, nadie ha molestado a este personaje, que sigue amenazando a las mujeres que trabajan en el centro de refugio, que continúan sin ningún tipo de protección oficial.
Estas organizaciones y sus dirigentes como Alicia Leal Puerta y Lidia Cacho han presentado todas las denuncias necesarias, han hablado con todo tipo de autoridades locales y federales y nadie ha hecho nada por protegerlas, por proteger a las víctimas, por proteger los refugios, por investigar los casos denunciados. Hoy todos hablarán de los derechos de las mujeres. Pero mientras no haya reacción en estos terrenos que son los más más directos, los más cotidianos de la violencia contra las mujeres, todo lo demás sale sobrando.