El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, siempre me ha parecido un tipo serio y comprometido con su trabajo, pero acarrea dos errores gravísimos consecutivos, errores que llevan a pensar que está perdiendo el sentido de su verdadera responsabilidad.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, siempre me ha parecido un tipo serio y comprometido con su trabajo, pero acarrea dos errores gravísimos consecutivos, errores que llevan a pensar que está perdiendo el sentido de su verdadera responsabilidad.
El primero, ya lo comentamos aquí, fue su aseveración de que López Obrador no cometió delito alguno que amerite su desafuero. La posición puede o no ser compartida pero es insostenible que el ombudsman nacional, que es una instancia de justicia, en un tema que se ha convertido en el centro de un intenso debate político y legal, emita un juicio de esas características. Menos aún que se argumente que se trató de una opinión personal y no de la institución que representa: imaginemos por un momento, por ejemplo, que el presidente del IFE o el del Tribunal Elelctoral del Poder Judicial, se pronunciaran poco antes de las elecciones a favor de un candidato presidencial, aclarando que lo hacen a título personal. Sería un escándalo. Lo mismo sucedió con la declaración del presidente de la CNDH en un caso que, incluso, puede caer más temprano que tarde en su ámbito de influencia.
Pero me parece mucho más grave lo dicho por Soberanes Fernández ante el senado esta misma semana. En otras palabras, el presidente de la CNDH sostuvo que el artículo tercero constitucional, el que sostiene el principio de la enseñanza laica, es “discriminatorio” ya que si un padre de familia quiere educar a su hijo en una fe religiosa “lo tendría que meter en una escuela privada” y si no tiene dinero “lo va a tener que meter en una escuela pública donde no tendrá derecho a ejercer ese derecho humano”. Es una barbaridad: el que la educación pública sea laica, no vulnera, sino que por el contrario, preserva, los derechos de los ciudadanos de que el ámbito de la educación no se contamine con el de la fe y que la enseñanza no termine siendo discriminatoria hacia quienes profesan cualquier religión o simplemente no sean creyentes. Introducir la educación religiosa en la enseñanza pública implicaría un brutal retroceso en nuestro país y agudizaría, una vez más, las contradicciones y enfrentamientos que se generan cada vez que la fe y la religión se confunden con las tareas y responsabilidades del Estado.
Alegó el ombudsman que el artículo tercero viola el Pacto de San José, que ha suscrito México y que establece que los padres tienen derecho a educar a sus hijos en la fe religiosa y los principios morales que estén de acuerdo con sus creencias, pero ese pacto, en ninguna parte, dice que ello debe ser parte de la enseñanza pública. No hay que ir a ninguna escuela privada para tener una educación religiosa: con toda regularidad casi todas las confesiones abren espacios para que niños, jóvenes y adultos, puedan educarse en la fe que consideren adecuada, y nadie lo prohibe. ¿Quién no ha ido a una clase de catecismo o cuántas parejas antes de casarse por la iglesia católica deben tomar los cursos que la propia iglesia exige para esa ceremonia? Apenas ayer fue inaugurada en San Juan Chamula una escuela gratuita evangélica, cuyos niños no eran recibidos en las escuelas públicas de la comunidad precisamente porque el grupo hegemónico de ella (de una corriente católica sincrética muy particular, altamente fundamentalista) no les permitía concurrir a tomar clases en ella. Eso es, precisamente lo que se trata de evitar.
Preguntémonos, además, qué entiende don José Luis por enseñanza religiosa: ¿sólo la católica, apostólica y romana?¿la de las demás confesiones, incluyendo desde la dianética hasta el culto a la santa muerte?¿quién dará en las escuelas públicas esas clases?¿se contratará profesores de las distintas congregaciones religiosas, para cubrir todo el espectro posible, para que ni uno solo de los educandos sea “discriminado”?¿o se entiende por enseñanza religiosa exclusivamente la que imparta la iglesia católica?
Las comparaciones resultan siempre odiosas, pero siguiendo el razonamiento de nuestro ombudsman, entonces tendrían toda la razón los fundamentalistas islámicos que exigen en democracias laicas como las europeas, que sus hijas y mujeres vayan a clases tapadas con las infamantes burkas. Es ridículo. Este es un debate superado, por el tiempo, por la historia y por la propia sociedad. Que sea el propio ombudsman, que debería ser precisamente quien garantice la existencia de una educación laica y no discriminatoria, quien vuelva a meter en la agenda nacional el tema de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, es francamente lamentable.
La pregunta entonces es porqué: ¿son guiños políticos?¿tiene alguna relación con la declaración anterior sobre el desafuero?¿es parte de la visión de toda una corriente política y religiosa que está respaldando, desde hace algunos meses, la candidatura del jefe de gobierno, razón por la cual éste ha renunciado a impulsar iniciativas que aprobó el propio perredismo en el pasado, como el de las leyes de convivencia?¿el eslabón que une todas estas declaraciones, intenciones, acuerdos será un hombre muy cercano a estos protagonistas, nada más y nada menos que don Norberto Rivera Carrera, que tan activo ha estado, también, respecto al tema del desafuero y de la enseñanza religiosa en las escuelas? Son preguntas que, aún, no tienen respuesta. Por lo pronto, algo le está pasando a Soberanes Fernández, algo cuyo origen no se alcanza a diagnosticar.
Las mentiras de los diputados
Diputados de todas las bancadas se han ido contra el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, porque éste simplemente aceptó una realidad que se señaló desde todos los ámbitos y, sin embargo, fue ignorada por los legisladores: el voto de los mexicanos en el extranjero para el 2006, con la metodología aprobada por los diputados hace apenas unas semanas, no es viable, es extremadamente caro, no es seguro, puede trastocar todo el proceso electoral, incluyendo sus resultados y no existen mecanismos institucionales como para garantizar un proceso de credencialización, distribución de material electoral, votación y escrutinio que tenga un mínimo de certidumbre. Esto se dijo antes y después de la aprobación de esa ley en la cámara de diputados. Pero los diputados no escuchan y ahora quieren lavarse la cara buscando responsables externos. Emilio Chuayffet, coordinador de los diputados priistas (y que algo tendría que saber del tema porque presidió el IFE y porque fue cuando él era secretario de gobernación que salió la reforma electoral que propuso el voto de los mexicanos en el extranjero, cuando se encargó un estudio de factibilidad del mismo y de sus distintas posibilidades y costos), dice ahora que el IFE primero avaló el voto en el extranjero y que ahora lo rechaza, asegura que incluso “tiene grabaciones” donde Ugalde dice que ese voto es posible. Lo que no explica Chuayffet es que una cosa es aceptar la posibilidad de algo y otra implementarlo con base en lo que alegremente resolvieron los diputados, sin pensar en uno solo de los problemas que se presentaban para sacar adelante esa resolución. Vamos, ni siquiera aprobaron una partida presupuestal para un proceso que costaría, como ellos lo proponen, más de 3 mil millones de pesos, a pesar de que no se garantiza certidumbre alguna. Pero parece que para algunos diputados reflexionar seriamente sobre el tema es mucho pedir.