El lunes pasado entrevistaba al secretario general del PAN, Arturo García Portillo y me explicaba una de las razones que habían llevado a algunos de los consejeros panistas a votar por Manuel Espino como presidente del partido: ?necesitamos, le decían a Arturo, un presidente para tiempos de guerra, no para tiempos de paz?. Y a Espino lo veían más adecuado para esa época que a Carlos Medina Plascencia. No sé si el PAN necesita un presidente para ?tiempos de guerra?, pero sí necesita un presidente que haga reaccionar a ese partido si quiere ponerse en la ruta idónea para ganar las elecciones del 2006.
El lunes pasado entrevistaba al secretario general del PAN, Arturo García Portillo y me explicaba una de las razones que habían llevado a algunos de los consejeros panistas a votar por Manuel Espino como presidente del partido: “necesitamos, le decían a Arturo, un presidente para tiempos de guerra, no para tiempos de paz”. Y a Espino lo veían más adecuado para esa época que a Carlos Medina Plascencia.
No sé si el PAN necesita un presidente para “tiempos de guerra”, pero sí necesita un presidente que haga reaccionar a ese partido si quiere ponerse en la ruta idónea para ganar las elecciones del 2006. Hoy parece estar lejos de ello, pero las propias declaraciones de Espino y de otros personajes del panismo parecen demostrar que ese camino está perdido o que la nueva dirigencia del PAN quiere, literalmente, construir uno totalmente nuevo que puede llevarla muy lejos de sus objetivos.
Ayer decíamos y lo ratificamos hoy, que uno de los grandes logros de la campaña de López Obrador en torno al desafuero es haber impuesto una línea de desconfianza y desprecio por las instituciones, reemplazadas por la supuesta capacidad de movilización y las encuestas (¿qué mejor muestra de ello que la que ofreció el martes pasado el diputado perredista, presidente de la Sección Instructora, Horacio Duarte cuando recibió un documento entregado por Paco Taibo II, con un millón de firmas en contra del desafuero y dijo que las entregaría como “pruebas” para que se integraran al expediente del caso?¿desde cuando las legítimas pero judicialmente intrascendentes firmas de muchos ciudadanos pueden convertirse en una “prueba” de un proceso?). El mayor triunfo no es que distintos actores sociales hayan respaldado esa línea de acción sino que, además, incluso sus opositores la hayan adoptado, supuestamente para contraponerse al jefe de gobierno.
En este sentido, las declaraciones de Manuel Espino, respecto a que la PGR ha “torcido” las investigaciones del caso Nahum Acosta para dañar al PAN es el mayor triunfo que ha logrado, hasta ahora, López Obrador. Como decíamos ayer, si se le cree a Manuel Espino no hay porqué no creerle a López Obrador sobre su caso. Es más grave aún porque, por una parte, aunque sea en forma muy indirecta, Espino está involucrado en la investigación de Nahum: fue su jefe directo en la presidencia de la república, fue quien lo llevó al cargo de director de giras, fue también su jefe en el panismo sonoerense lo cual, como lo dijimos en su momento y sin que ello implique que Espino estuviera involucrado con las actividades de su antiguo subordinado, en cualquier otra circunstancia, esto hubiera provocado, incluso, que tuviera que apartarse de la contienda por la presidencia de su partido.
No fue así. Espino recibió el apoyo de la mayoría de los consejeros y ya en el cargo exigió disciplina. Se supone que ello implicaría, entonces, que él mismo tendría que aplicarse a un estricto esquema disciplinario en relación con el gobierno federal: esa fue, una de sus ofertas de campaña, debe ser, además, obligatorio para un presidente de partido “en tiempos de guerra”, cuando la indisciplina se castiga duramente.
Pero Espino inició las hostilidades disparando hacia adentro, hacia su propio gobierno y el mismo día en que se estaba definiendo el caso del desafuero de López Obrador, ejerció “el fuego amigo” acusando a la PGR (que ha sido, también el objeto de los más duros ataques del jefe de gobierno) de atacar al PAN. En el caso Nahum Acosta, Espino no puede matizar sus declaraciones hablando de “oscuros sectores” de la PGR: la investigación contra Acosta tiene origen del cruce de información de la PGR con agencias estadounidenses y fue llevada a cabo desde los niveles más altos de la propia Procuraduría. La información que hemos conocido de primera mano sobre el caso tiene varios asideros muy sólidos, sobre todo las pláticas telefónicas de Nahum Acosta con los narcotraficantes Beltrán Leyva. Y el periodo de arraigo de 90 días aún dista de concluir.
Resulta curioso, por decirlo de alguna manera, que, una vez más, el caso Nahum Acosta se haya ligado con el de Santiago Pando, cuya suegra Artemisa Aguilar está detenida acusada de ser parte de una organización de traficantes de personas. Pando un ex publicista de Fox, que se atribuye el éxito de la campaña del hoy presidente en el 2000, llega incluso en un desplegado publicado ayer a relacionar la detención de su suegra como una forma de “sacarlo” de las campañas de Gabino Cué en Oaxaca, de Javier Corral en Chihuahua y de Andrés Galván en Durango, dejando traslucir así que el objetivo de esa acusación fue dañar al PAN en esas tres campañas (sic). Pero, además, Pando coincide con López Obrador en acusar a la PGR del desafuero, aunque el caso tenga origen en el poder judicial y los de delincuencia organizada -en los que está involucrada Artemisa Aguilar- dependen de la subprocuraduría de José Luis Santiago Vasconcelos, que es donde, en colaboración con el ejército, se han dado los más importantes golpes contra el crimen organizado en este sexenio.
Pero lo importante es que, una vez más Pando, como Espino, como López Obrador, lo que están haciendo es utilizar argumentos políticos para defender asuntos legales: si Pando quiere la libertad de la señora Artemisa, no tiene que publicar carísimos desplegados declarándole su “amor” al presidente y denunciando una teoría del complot que no parece tener ni pies ni cabeza; si Espino cree que su amigo Nahum Acosta es inocente, que espere que se presente la acusación en los tribunales y si tiene pruebas como dijo ayer de que en la PGR se “ha torcido la ley” es su obligación legal presentarlas, porque de otra forma está cometiendo él mismo un delito y boicoteando al gobierno que encabeza su propio partido; si López Obrador cree que es inocente en el caso de El Encino que no organice movilizaciones, que simplemente lo demuestre ante un juez: con o sin desafuero, ante un juez podría demostrar su inocencia en horas y además, considerando que está acusado de un delito no grave, ello no le impediría seguir con su carrera política ni ser candidato para el 2006.
Claro, salvo que alguien le quiera vender al presidente Fox un nuevo golpe de timón y en lugar de tratar de insistir en la teoría de la legalidad (que aunque haya tenido logros muy disparejos por la falta de coordinación del equipo presidencial y los virajes políticos realizados en estos años es, en sus principios, uno de los pilares de esta administración), se apueste ahora a lo contrario: a pelear la campaña del 2006 con base a las presiones, los golpes bajos y el terrorismo ideológico. Y entonces para comenzar esa campaña en equidad de condiciones, que se pida descabezar a la PGR (la entidad encargada de procurar justicia) para culparla de todos sus males políticos o de “traición”, como hacen Espino, Pando y López Obrador; establecer entonces una procuraduría a modo, “política”, e irse sin complejos a “la guerra política”.
La PGR, como el ejecutivo en general, o el poder judicial o el legislativo, son instituciones, tienen normas, se mueven con base en reglas del juego. Pueden acertar o no, pueden desempeñarse con éxito o fracasar, pero incluso para criticarlas, para demostrar esos supuestos o reales yerros, se debe partir de las mismas reglas del juego que le dan sustento a esas instituciones.