No nos equivoquemos: una cosa es que existan o no elementos jurídicos para desaforar al jefe de gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador, y otra, muy diferente, es evaluar quién se beneficia con esa medida. La ?indignación? ante el desafuero ignora rigurosamente, el sustento legal que el mismo pudiera tener, de la misma forma que prefiere no tomar en cuenta y desconocer las decisiones judiciales y legislativas, que no son de su agrado.
No nos equivoquemos: una cosa es que existan o no elementos jurídicos para desaforar al jefe de gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador, y otra, muy diferente, es evaluar quién se beneficia con esa medida. La “indignación” ante el desafuero ignora, rigurosamente, el sustento legal que el mismo pudiera tener, de la misma forma que prefiere no tomar en cuenta la insistencia del jefe de gobierno en desconocer las decisiones judiciales y legislativas que no son de su agrado. Una vez más hay que preguntarse si existían elementos para votar el desafuero y, aunque les moleste a sus simpatizantes, es evidente que los hay: el jefe de gobierno desacató una y otra vez las órdenes judiciales. Y ni siquiera explica porqué lo hizo: la argumentación de que fue porque abría la calle para llegar a un hospital, es un buen slogan publicitario pero nada tiene que ver con la realidad: podía haber abierto esas dos calles moviendo su construcción apenas unas decenas de metros, sin afectar predio alguno y, además, fue en cumplimiento del convenio que había firmado el GDF para la construcción de ese hospital privado en esa zona, como una forma de elevar el valor comercial de la misma. No había otro interés social en ello. Fue parte de un convenio comercial, como todos aceptable, legítimo, pero evidentemente de una índole diferente a la que se argumenta.
¿Es un delito de tal magnitud como para dejarlo fuera de la campaña electoral? No tendría porqué serlo. Menos aún lo hubiera sido si, desde un inicio, el jefe de gobierno hubiera asumido su error y lo hubiera, en los tribunales o fuera de ellos, rectificado. Nunca lo hizo, todo el tiempo buscó la confrontación, sobre ése y otros temas (allí está la historia de EUMEX, una empresa contra la que ha actuado una y otra vez, violando siempre las leyes) como si se tratara de ejercicios de demostración de fuerzas, como si esperara que alguno concluyera en un proceso en su contra, como si ello fuera parte de su estrategia política. Y lo ha sido: pocas cosas han ayudado más a López Obrador que el desafuero: simplemente con ella logró distraer la atención de lo que era mucho más grave, las historias de corrupción de sus principales colaboradores y su ineficacia en la gestión del Distrito Federal. Le ha permitido levantar toda una campaña con ese lema, crear comités, recaudar dinero, utilizar recursos públicos en su defensa, poner a toda la estructura del GDF a su disposición, enarbolando la lucha contra el desafuero como el eje de su campaña presidencial. No tuvo que proponer nada, ni explicar las ambigüedades de su llamado nuevo proyecto de nación. Todo se justificó con el desafuero y colocando éste en los medios todos los días durante los últimos diez meses. Tanto se malacostumbró a esa presencia que llegó a la desmesura, como decíamos ayer, de quejarse porque su asunto no había tenido el viernes pasado la misma cobertura televisiva que la agonía del papa Juan Pablo II. Por eso ahora quiere el pleno de la cámara de diputados, el discurso en el Zócalo, la cobertura mediática de su detención y su libertad, vía un amparo: la ruta ya está trazada y, pese a todo lo que se ha dicho, difícilmente, en ese camino encuentre tantos escollos como para que en 2006 no termine estando en la boleta electoral.
Ojalá esté: no me simpatiza la candidatura de López Obrador pero, si su partido lo designa, debe ser candidato. Lo increíble es que traten de hacernos asumir que desde ahora, es ya el candidato ganador en esos comicios. Nada lleva a pensarlo en estos momentos, sobre todo si en lugar de generalidades se va a los datos duros: el PRD hoy tiene poco menos de cuatro millones de votos, para ganar en el 2006 necesitaría por lo menos triplicar esa votación e incluso así podría no alcanzarle. Salvo que se dé una situación de polarización brutal en la que todo se reduzca a votar a favor o en contra de López Obrador, no existe antecedente electoral alguno en el país de que un partido pudiera obtener ese incremento electoral simplemente con base en la popularidad de un candidato. Para poner un ejemplo muy claro: en el 2000, con toda su popularidad y su virtual inexistencia de votos negativos, en el marco de una campaña marcada por dejar o sacar al PRI de Los Pinos, Vicente Fox le agregó a su partido, sumado entonces con el Verde, cinco millones de votos. López Obrador no es más popular ni más aceptado en todo el país de lo que lo fue Fox en aquella campaña, pero supongamos que él también puede agregarle otros cinco millones de votos al PRD: todavía le estaría faltando otros cinco millones de votos para llegar a la presidencia. ¿Es viable un escenario en el que lo logre? Es muy difícil, pero no imposible. Lo que es imposible es que se nos quiera decir, desde ahora, que se le está quitando la presidencia de la república a un candidato “invencible”.
Pero eso también es parte de la estrategia y de la historia del jefe de gobierno. Se fue del PRI porque no se le reconoció su derecho a ser candidato en su natal Macuspana. Desde agosto del 94, aseguraba que si no se reconocía su triunfo en las elecciones estatales en Tabasco (que se realizarían el 20 de noviembre de ese año, tres meses después), no reconocería ni la elección ni los resultados. El 14 de septiembre de ese año, advirtió que el mismo día de la elección, si no era reconocido ganador, “vamos a resolver en la plaza pública qué camino y qué decisión se va a tomar”, lo siguió diciendo en los días posteriores y luego organizó una marcha a la ciudad de México que fracasó, entre otras razones, porque ya no tuvo el respaldo económico que, con anterioridad, le daba el gobierno capitalino cuando lo encabezaba Manuel Camacho. De allí pasó a tomar los pozos petroleros en Tabasco. Y volvió a fracasar, pero se hizo de un nombre en la opinión pública. Cuando en el 99 se presentó como candidato a jefe de gobierno no cumplía con los requisitos de residencia, como fue denunciado pública y ampliamente en su momento por los precandidatos Pablo Gómez y Demetrio Sodi, pero su partido le permitió competir igual y cuando se presentó la posibilidad de que no le fuera otorgado el registro por las autoridades electorales por no cumplir con los requisitos para serlo, amenazó, como ahora, con la movilización popular: fue la propia administración Zedillo la que operó con el PRI y el PAN para evitar que se lo impugnara y pudiera figurar como candidato. Esa violación a la ley y esa amenaza de movilización, le sirvió como plataforma para su elección, que ganó con un amplio respaldo publicitario del propio gobierno capitalino. Y ahora se repite la historia: López Obrador está repitiendo la estrategia que conoce, que le ha dado frutos y la única que lo ha posicionado en el escenario político nacional. Ante ello se puede comprender el razonamiento político sobre la conveniencia o no del desafuero (en lo personal sigo pensando que el principal beneficiario del desafuero terminará siendo el propio jefe de gobierno) pero no engañarse con una falsa indignación intelectual por lo sucedido.
En una entrevista, un par de semanas atrás, decía Tom Wolfe, recordando a Marshall Mc Luhan que “la indignación moral es la estrategia adecuada para revestir de dignidad al idiota. Y eso es lo que hace la mayoría de los que se dicen (intelectuales) de izquierda: en lugar de pensar, lo cual es duro, lleva tiempo, hay que leer, se indignan por algo y eso los reviste de dignidad. Pero casi siempre han escogido las opciones equivocadas”. Y ésta no parece ser la excepción.