Los asesinatos realizados por el narcotráfico en lo que va del año han sobrepasado, con amplitud, los 300. Se podrá argumentar que, desde hace varios años, las ejecuciones d el crimen organizado, alcanzan cifras similares. Pero pareciera que en los últimos meses algo está cambiando, cuantitativa y cualitativamente, en este sentido: se están rompiendo las reglas que existían, incluso, en esa lucha violenta, feroz, de los distintos cárteles por el control de territorios y rutas. Las señales ahí están: siempre han sido asesinadas mujeres en estos hechos, pero esa no era la norma. Las esposas o compañeras de los narcotraficantes no eran objeto de las represalias. Desde el asesinato de Rodolfo Carrillo junto con su mujer el año pasado en Culiacán, los asesinatos de sus mujeres en este ámbito se han multiplicado, así como la saña con que se los realiza. Hasta hace poco, si bien muchos periodistas han sido agredidos por el narcotráfico, salvo casos muy específicos no se ejecutaba a los que informaban sino a los que tocaban intereses muy particulares (o se sabía o creía) que tenían relación con algún grupo antagónico. Ahora la situación es diferente: desde el año pasado y en forma mucho más marcada en los últimos meses, los asesinatos de periodistas se han sucedido y todo indica que han muerto por informar, por investigar, por dar a conocer actividades de los propios narcotraficantes. Los atentados contra mandos policiales, algunos corruptos, otros honestos, se repiten: el último contra el comandante de la policía estatal de Tamaulipas en Nuevo Laredo, Javier Nuñez Razo, que había estado, a su vez, involucrado en alguno de los casos más escandalosos de los últimos tiempos en esa ciudad.
Los asesinatos realizados por el narcotráfico en lo que va del año han sobrepasado, con amplitud, los 300. Se podrá argumentar que, desde hace varios años, las ejecuciones del crimen organizado, alcanzan cifras similares. Pero pareciera que en los últimos meses algo está cambiando, cuantitativa y cualitativamente, en este sentido: se están rompiendo las reglas que existían, incluso, en esa lucha violenta, feroz, de los distintos cárteles por el control de territorios y rutas. Las señales ahí están: siempre han sido asesinadas mujeres en estos hechos, pero esa no era la norma. Las esposas o compañeras de los narcotraficantes no eran objeto de las represalias. Desde el asesinato de Rodolfo Carrillo junto con su mujer el año pasado en Culiacán, los asesinatos de sus mujeres en este ámbito se han multiplicado, así como la saña con que se los realiza. Hasta hace poco, si bien muchos periodistas han sido agredidos por el narcotráfico, salvo casos muy específicos no se ejecutaba a los que informaban sino a los que tocaban intereses muy particulares (o se sabía o creía) que tenían relación con algún grupo antagónico. Ahora la situación es diferente: desde el año pasado y en forma mucho más marcada en los últimos meses, los asesinatos de periodistas se han sucedido y todo indica que han muerto por informar, por investigar, por dar a conocer actividades de los propios narcotraficantes. Los atentados contra mandos policiales, algunos corruptos, otros honestos, se repiten: el último contra el comandante de la policía estatal de Tamaulipas en Nuevo Laredo, Javier Nuñez Razo, que había estado, a su vez, involucrado en alguno de los casos más escandalosos de los últimos tiempos en esa ciudad.
Ello es reflejo de que muchos de los operadores de esos grupos han cambiado y son menos sofisticados que sus antecesores; que la lucha por los territorios se ha extendido porque ya no existen límites tan precisos como antaño y además que la intimidación, mediante la violencia, se ha extendido. Y quizás también que la presión social se ha hecho más evidente, por lo que estos grupos quieren impedir que el tema, o sus nombres, sigan en la agenda pública. Por eso los asesinatos de periodistas.
En el caso del director de La Opinión de Poza Rica, Raúl Gibb Guerrero, la suya fue una emboscada en toda la regla, en la cual el periodista fue literalmente acribillado; ya habían intentado asesinarlo un par de días antes, pero los sicarios confundieron el automóvil que lo transportaba. En torno a las causas del asesinato de este editor, respetado e influyente sobre todo en el norte de Veracruz, se ha especulado respecto a las verdaderas causas del mismo: se ha hablado de las denuncias realizadas por La Opinión sobre el robo de gasolina en los ductos de PEMEX, pero lo cierto es que todo indica a unos responsables: los grupos del cártel del Golfo que se han apoderado del norte de Veracruz (y también, desde allí, de la huasteca potosina, lo que explica muchos de los problemas que se están viviendo en esa entidad) y que han hecho de Martínez de la Torre su base de operaciones: esa fue la última y más contundente denuncia que hiciera Gibb Guerrero y allí parece estar la causa de su muerte.
También parecen ser los grupos ligados a Osiel Cárdenas y en particular Los Zetas, los responsables del atentado contra la periodista Guadalupe García Escamilla, conductora del programa radiofónico Punto Rojo en Nuevo Laredo y que recibió, a las puertas de la emisora en la que trabajaba, una docena de disparos pese a los cual, milagrosamente, salvó la vida. Guadalupe había dado a conocer el testimonio de dos internos del penal de Nuevo Laredo que aseguraban que tenían que darle una cuota al nuevo comandante de la policía estatal en la ciudad, Javier Nuñez Razo. Unos días después de que la periodista diera a conocer esa entrevista, los dos reclusos aparecieron muertos en sus celdas. La semana pasada se atentó contra García Escamilla y apenas ayer el propio comandante Nuñez Razo fue objeto de otro atentado en el que salvó su vida pese a las graves heridas que sufrieron, él y su escolta porque el bazucazo que le dispararon no terminó de hacer efecto al ser ejecutado desde muy corta distancia. En el otro extremo del país, en Hermosillo, el reportero de El Imparcial, Alfredo Jiménez Mota está desaparecido desde el 2 de abril pasado: venía de realizar un reportaje en Agua Prieta y era uno de los reporteros sonorenses que más insistieron en investigar las relaciones del panismo de la entidad con el narcotráfico, a partir de la detención de Nahum Acosta. Poco antes de su desaparición le avisó a una compañera de trabajo que no podía concurrir a una cita porque tenía que ver a su “informante” sobre el caso que estaba investigando. Nunca regresó de esa cita.
El año pasado, como recordaba el sábado Jesús Blancornelas, hubo seis periodistas asesinados por el narcotráfico, entre ellos el coeditor del semanario Zeta que dirige el propio Blancornelas, Francisco Ortiz Franco. Ninguno de esos ni de estos asesinatos ha sido resuelto por las autoridades estatales que en Baja California, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz han asumido estos casos. México ha pasado a disputarle a Colombia el primer lugar en asesinatos de periodistas y lo más grave es que pareciera que no pasa absolutamente nada, se los considera que una parte más de la estadística.
En ese contexto, no debería asombrarnos que los jueces (sea por intimidación u otras causas) tomen decisiones extrañas. El juez cuarto penal del estado de México hace unas semanas había dejado en libertad a toda la banda de “los kelines”, ligada a los Zetas, que fueron detenidos después de un espectacular tiroteo en Matamoros, considerando que “no había elementos” para su procesamiento. Ayer un tribunal colegiado modificó la sentencia y ratificó la acusación contra los miembros de esa organización. Otro juez federal del estado de México, el sexto penal, le otorgó, sorpresivamente la libertad a Nahum Acosta. El mismo tiempo, un tribunal colegiado decidió que Javier Torres Félix, apodado el JT , y lugarteniente de El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán, que había sido detenido en La Palma, no es un delincuente tan peligroso como dicen la PGR y la secretaría de la Defensa Nacional y decidieron ordenar el traslado del reo (que cuando fue detenido en enero pasado por fuerzas de élite del ejército mexicano fue calificado por la propia Sedena, como un narcotraficante del nivel de Alcides Ramón Magaña y Albino Quintero Meraz), al mucho más cómodo reclusorio norte.
¿De qué estamos hablando: de corrupción o de intimidación? Nadie lo sabe pero los hechos ahí están: atacar a la prensa para que no acuse y cuando lo hace agredir a los periodistas al tiempo que se presiona a la justicia para que los jueces sean indulgentes con sus casos porque así funciona el círculo del miedo y la intimidación…o el de las presiones políticas y económicas, parece ser un mecanismo que les ha dado resultado. Al tiempo, claro está que se concentran las baterías políticas, desde distintos ángulos, en los pocos que se atreven a luchar, desde el gobierno federal o desde la justicia, contra estos grupos y personajes. Ello es indispensable porque si no se desacredita a los pocos que cumplen con su deber, los que se exhiben son los cómplices, los comprados, los intimidados, los que tienen miedo, los que tienen algo que ocultar.