En estos días que se ha iniciado el cónclave para elegir al sucesor de Juan Pablo II en el Vaticano, cuando se debe de redefinir el papel de la iglesia católica en nuestras sociedades, no es mal momento para desenmascarar a más de un personaje que utiliza la fe para solventar intereses personal, aprovechando, precisamente, las insuficiencias y errores de la propia iglesia en su relación con las causas de la gente.
En estos días en que ha iniciado el cónclave para elegir al sucesor de Juan Pablo II en el Vaticano, cuando se debe redefinir el papel de la iglesia católica ante nuestra sociedades, no es mal momento para desenmascarar a más de un personaje que utiliza la fe para solventar intereses personales, aprovechando, precisamente, las insuficiencias y errores de la propia iglesia en su relación con las causas de la gente. Y casi siempre, esas cuestiones no derivan de cuestiones de fe, sino de intolerancia, de atavismos culturales, estrechez de miras o, simplemente de un dogmatismo que, de tan constreñido en sus objetivos permiten la operación de personajes que tienen todos esos defectos pero también ambiciones difíciles de exponer.
Ejemplos hay muchos. Juan Pablo II tuvo una actitud digna ante la muerte. Cuando comprobó que el cuerpo ya le había fallado, que nada se podía hacer, pidió, simplemente, que lo dejaran morir en sus habitaciones, que no lo llevaran al policlínico Gemelli para nuevos tratamientos, no se veía como un hombre conectado artificialmente con la vida. Hubiera sido inhumana cualquier otra salida y Juan Pablo II aceptó su realidad y dejó que el destino hiciera lo demás. Y esa actitud le agregó, aún más, dimensión histórica a su figura.
Terri Schiavo, por el contrario, parecía no tener, según los religiosos fundamentalistas que se oponían a que fuera desconectada de los aparatos que desde años atrás la mantenían artificialmente con vida, el mismo derecho a una muerte digna que Juan Pablo II. Apenas ayer, se supo que una corte de Illinois, azuzada por un pastor boliviano y por unas docenas de manifestantes, ordenó reconectar a los aparatos que mantienen artificialmente con vida a una inmigrante mexicana, Clara Martínez, que desde hace año y medio sufre de muerte cerebral. A esa mujer de 39 años las autoridades políticas y religiosas no le quieren permitir tener una muerte tan digna como la de Juan Pablo II. Y la iglesia que actuó con entereza en el caso del Sumo Pontífice, tampoco parece querer ofrecerle a sus fieles esa misma posibilidad.
En general, cuando se habla del fin del largo periodo de 26 años durante el cual Juan Pablo II estuvo al frente de la iglesia católica se destacan su personalidad, la cohesión que logró darle a una iglesia que amenazaba con romperse por presiones teológicas, políticas, económicas y culturales; su capacidad política para volver a colocar como no se veía desde mucho tiempo atrás, a la iglesia en un lugar privilegiado de influencia en el mundo. Pero también, se recuerda que Juan Pablo II lo que tenía de heterodoxo en muchos otros temas, lo tenía de extremadamente ortodoxo en todo lo referente al papel de las mujeres y a temas que tanto daño le han hecho a la relación de la iglesia con la sociedad, como el rechazo a los métodos anticonceptivos, incluyendo la negativa al uso del condón incluso en regiones del mundo como Africa, azotadas por la epidemia del SIDA (insistir en la negativa al uso del condón en la mayoría de las naciones africanas es prácticamente criminal: no quisiera imaginarme, en ese sentido, qué consecuencias podría tener para esa región del mundo que se eligiera al cardenal nigeriano Francis Arinze, uno de los más firmes opositores a esa medida de prevención en su país y su continente); tampoco ha tenido la sensibilidad que se requería para condenar con toda firmeza los casos de pederastería; ni se ha pensado en la posibilidad de abrir a la mujer los círculos del poder en la iglesia, ni ordenar sacerdotisas ni acabar con el celibato. Esa cerrazón permite que arribistas y aprovechadores de ese dogmatismo terminen utilizándolo en su beneficio.
Un caso paradigmático lo ha dado la organización Provida en México. La defensa del llamado derecho a la vida, mejor dicho la oposición al aborto, puede ser compartible o no, pero es un derecho que no puede ignorarse. Pero esa posición, como cualquier otra en este sentido, no puede imponerse a todos: nadie obliga a una mujer o un hombre a utilizar métodos anticonceptivos, pero nadie puede prohibirle hacerlo; nadie puede obligar a una mujer a hacerse un aborto, pero debe ser su propia decisión el tomar o no esa medida; como nadie está obligado a mantener un cuerpo artificialmente con vida. Sé que todas estas cosas son controvertidas y aceptan diferentes lecturas pero cuando son asumidas por oportunistas del dogma se transforman en banderas que sirven para cualquier causa fundamentalista que no tienen nada que ver con sus objetivos originales.
Provida, dirigida por el tristemente célebre Jorge Serrano Limón, ha servido en México prácticamente para todo: para tratar de censurar obras de teatro, películas, presentaciones de artistas, discos, música, para censurar libros, programas de televisión y articulistas, para campañas políticas sucias, para que el señor Serrano Limón mienta sobre la fisiología del cuerpo humano en cuanto escenario se le presente, para falsear información en forma cotidiana, para realizar una suerte de terrorismo ideológico contra todos los grupos y personalidades que no eran del agrado de la extrema derecha en México. Ahora sabemos que también sirvió para hacer algunos muy redituables negocios ilícitos.
Apenas ayer, la secretaría de la función pública anunció la inhabilitación por 15 años de Jorge Serrano Limón y una multa de poco más de 13 millones de pesos a este personaje acusado de tramitar y manejar recursos públicos federales en forma fraudulenta. Otros funcionarios de Provida también recibieron inhabilitaciones para ocupar cargos públicos por periodos que van de cinco a un año. Adicionalmente, cinco funcionarios de la secretaría de Salud también fueron sancionados por no supervisar correctamente la utilización de recursos que habían sido entregados a esa organización.
Lo hecho por Provida es vergonzoso. De los 30 millones de pesos que recibió de las organizaciones de la beneficencia pública, utilizó poco más de 26 millones de pesos en otros fines: los justificó con facturas que amparaban desde plumas Mont Blanc hasta la compra de tangas en tiendas de lujo. Argumentó que utilizaría esos recursos en casas de asistencia y apoyo a mujeres solteras embarazadas y prácticamente ninguna de las casas que reportó operaron jamás, menos aún con los equipos de ultrasonido y demás que decían haber comprado: cada uno de los denominados Centros de Apoyo a la Mujer, según Provida, tenía un costo de operación anual de 3 millones 200 mil pesos, pero según las investigaciones ninguno de ellos superó los 200 mil pesos anuales, y eso los que funcionaron. Ello demuestra, entre otras cosas, el desprecio profundo que este tipo de organizaciones tienen, en los hechos, por las mujeres y su condición. Pero ese es otro tema.
Lo importante es que la secretaría de la Función Pública haya sancionado a estos delincuentes que durante tanto tiempo se trataron de imponer como los guardianes de la moral pública y privada de la ciudadanía. Pero no es suficiente: estos sujetos cometieron también delitos penales y como tal deben ser castigados. Y además, debe servir como ejemplo para las instancias gubernamentales: los recursos públicos no pueden ni deben ir a este tipo de organizaciones de ultraderecha. Nada tiene que ver el llamado derecho a la vida, con grupos y personajes cuyo signo es la intolerancia, el machismo y el fundamentalismo, menos aún si se trata también de delincuentes.