La forma que opera la administración Fox es, simplemente, misteriosa, : en ocasiones pareciera que existe una lógica, extraña pero lógica al fin, lamentablemente, en la mayoría de las ocasiones, pareciera que, simplemente no existe más lógica que los resultados de la encuesta del día anterior.
No confundamos: aunque tardía y mal operada jurídicamente, la decisión de acabar con el desafuero de López Obrador termina siento positiva en el sentido de tratar de cerrar una historia.
La forma en que opera la administración Fox es, simplemente, misteriosa: en ocasiones pareciera que existe una lógica, extraña pero lógica al fin, que la semana pasada identificábamos con la teoría del caos: lamentablemente, en la mayoría de las ocasiones, pareciera que, simplemente no existe más lógica que los resultados de la encuesta del día anterior: lo que ha ocurrido en los últimos días pareciera que se enmarca en ello.
No confundamos: aunque tardía y mal operada jurídicamente, la decisión de acabar con el desafuero de López Obrador termina siendo positiva en el sentido de tratar de cerrar una historia que, como dijimos muchas veces, a lo único que beneficiaba era a la candidatura del propio jefe de gobierno (por cierto: ¿sigue siendo jefe de gobierno; puede regresar a su cargo; está gobernando la ciudad sin fuero; se puede gobernar sin fuero; tiene atribuciones para ello; cuál es su situación legal; qué tiene que decir el poder judicial respecto a lo decidido en el ejecutivo?, son todas preguntas que ante la “salida” anunciada por el presidente Fox la semana pasada no tienen respuesta). Pero pocas veces se ha visto tomar una decisión política tan importante en forma tan desaseada, sobre todo, porque durante meses, cuando a quienes considerábamos que López Obrador sí había cometido un delito y por lo tanto debía tener un castigo por ello, pero que se debería buscar un mecanismo que impidiera que se terminara avanzando hasta el desafuero, se respondía desde todos los niveles del gobierno federal, que ello era, lisa y llanamente imposible desde el punto de vista legal.
Ahora, por “razones de Estado”, se ha dado un giro de 180 grados. La salida adoptada fue desaseada porque fue tardía, pero también porque para encontrarla se resignó todo: se olvidó el discurso que durante meses había mantenido el gobierno federal; se puso al presidente Fox en cadena nacional anunciando que por una decisión de estado cerraba el caso contra López Obrador; anunciaban la caída del procurador Rafael Macedo de la Concha, implícitamente haciéndolo responsable de una estrategia en la que había participado el gobierno como un todo, y sacrificando alegremente todo el trabajo de la procuraduría durante el sexenio. Todo a cambio de compromiso alguno de sus contrapartes.
Se ganó, es verdad, la paz, por lo menos momentánea (nadie puede esperar que sea, siquiera, de mediano plazo), con López Obrador y hasta muchos dirán que finalmente se hizo justicia. Es verdad: eso genera un beneficio a la política nacional y a varios intereses particulares. Pero también es verdad que la forma en que finalmente se planteó esta salida deja muchos saldos insolutos: la operación cicatriz se tendrá que realizar con López Obrador, pero parece difícil que se pueda realizar con otros sectores que se han sentido traicionados por el gobierno federal: en primer lugar el PRI, donde cualquier acuerdo o compromiso futuro que se proponga desde el gobierno será dejado en el olvido; en segundo lugar con muchos mandos militares (buena parte de la estructura de la PGR se está desmantelando, porque un grupo numeroso de militares de alta graduación o de subprocuradores como Alejandro Ramos, que venía con Macedo de la Concha desde la procuraduría de justicia militar, han abandonado sus cargos sin que haya pistas de con quién serán reemplazados) que están muy molestos en la forma en que fue tratado Macedo; con muchos sectores, sobre todo empresariales, a los que el gobierno le había solicitado su apoyo, ello sin contar con una Suprema Corte que se queda con varias papas calientes en las manos que podrían terminar revirtiendo la propia “salida política” de la que se habla y que si vota a favor de la controversia que presentó la Asamblea Legislativa sobre el desafuero se dirá que fue parte de la negociación gobierno federal-gobierno del DF, y si vota a favor de la cámara de diputados será acusada de torpedear la “salida política”.
El poder legislativo, por su parte, no sabe qué hacer con el desafuero aprobado y se le enviará una iniciativa de ley para evitar que los derechos ciudadanos de las personas no sean afectados hasta que no cuenten con una sentencia en su contra, misma que parece dedicada exclusivamente a López Obrador, pero que puede generar innumerables problemas en otros casos: simplemente, como se ha dicho, qué sucederá cuando un delincuente, aunque esté detenido, logre obtener una candidatura. Un ejemplo: Osiel Cárdenas está detenido y no tiene aún sentencia en su contra, por lo tanto podría ser postulado como candidato por un partido e incluso obtener un cargo de elección popular. Se argumenta que la salida que se propone es similar a la que se obtuvo con el subcomandante Marcos en 1995: es verdad, pero aquella como ésta es una salida que puede dejar demasiados hilos sueltos, y en aquella hubo compromisos del propio EZLN, aquí no conocemos qué compromiso asumió López Obrador, aparentemente ninguno.
El caso de Macedo de la Concha, en particular, merece atención especial. La gestión de Macedo en la PGR tuvo, sin duda, aciertos y errores, pero fueron mucho más los primeros que los segundos. Precisamente cuando la PGR actuó con base a presiones políticas del propio gobierno federal, fue cuando cometió errores, sobre todo en el último año: así, a pesar de que se investigó y se llegó a la conclusión de que el 18 de marzo del año pasado el entonces gobernador de Oaxaca, José Murat no había sufrido atentado alguno y que los hechos en los que se vio involucrado eran parte de un enfrentamiento entre sus propios custodias, ocasionando la muerte de un policía preventivo, se hizo toda la investigación pero no se avanzó en el proceso penal, se supone que para no contaminar la elección estatal: ya sabemos cuáles fueron los resultados de esa política de contención; cuando la PGR detuvo a Artemisa Aguilar, la suegra del publicista, Santiago Pando, el propio gobierno federal toleró una ofensiva contra sus propias autoridades con extraños financiamientos, sin responder; cuando fue detenido Nahum Acosta, se toleraron las declaraciones de Manuel Espino contra la procuraduría y, pese a las muchas pruebas existentes, se presionó para que no se avanzara en la acción penal contra el ex director de giras para no afectar al panismo sonorense. En el caso de López Obrador resulta inverosímil que después de un año de trabajo en el que participaron dos juzgados, el ministerio público federal, la sección instructora de la cámara de diputados y el propio pleno de la cámara, se argumente ahora que se va a revisar el expediente para encontrar inconsistencias, dejando a todos esos actores en ridículo. Macedo no merecía que se negociara su cabeza precisamente por cumplir con su responsabilidad.
La solución política sí es aceptable y conveniente, pero no se pueden abandonar las formas, ni olvidar (el presidente Fox dijo ayer en Bolivia que el caso ya está “cerrado y resuelto”) que legal y judicialmente aún hay mucho por definir. Y la forma en política sí es fondo, y se ganó en la opinión pública y también se ganó en la percepción de que puede volver a privar una cierta tranquilidad (incluso obligando a López Obrador a ocuparse, aunque sea un poco, del gobierno de la ciudad, absolutamente abandonado desde hace meses), pero ojalá no veamos que esta solución se convierte mañana en varios problemas imposibles de resolver.