Las consecuencias de haber adoptado una decisión política que afectó la verdad jurídica en el caso López Obrador se le está revirtiendo al gobierno federal. El punto no es establecer si se debía o no buscar una salida a la situación jurídica de López Obrador sino comprender que una solución eminentemente política que no abarcara también lo jurídico era, es, un error, que sacrificar a cambio de nada la cabeza del procurador Rafael Macedo de la Concha y que a consecuencia de ello se haya desmantelado buena parte de la PGR, y que se haya deteriorado la relación del gobierno federal con las fuerzas armadas, eleva aún más los costos.
Las consecuencias de haber adoptado una decisión política que afectó la verdad jurídica en el caso López Obrador se le está revirtiendo al gobierno federal cada día que pasa. El punto no es establecer si se debía o no buscar una salida a la situación jurídica de López Obrador ante el desafuero y la acusación de desacato en su contra, sino comprender que una solución eminentemente política que no abarcara también lo jurídico era, es, un error; que sacrificar a cambio de nada la cabeza del procurador Rafael Macedo de la Concha fue un error aún mayor y que a consecuencia de ello se haya desmantelado buena parte de la propia PGR, y se haya deteriorado la relación del gobierno federal con las fuerzas armadas, eleva aún más los costos.
Para colmo, a partir de allí el gobierno federal se ha lanzado a una serie de decisiones, declaraciones y contradicciones, que no hay día que no lo dejen mal parado ante la opinión pública y sus aliados y adversarios políticos.
La decisión sobre el caso López Obrador tuvo un antecedente claro: fue la liberación del ex director de giras de la presidencia de la república, Nahum Acosta. El ex funcionario, fue liberado porque de continuar la investigación sobre sus presuntas relaciones con el narcotráfico se llegaría, casi inevitablemente, a afectar al panismo sonoerense y, también al nuevo presidente del partido y ex jefe de Nahum, Manuel Espino: no se podía haber seguido investigando cómo Acosta había llegado a Los Pinos, sin pasar por quiénes lo habían recomendado y quién lo había llevado a esa responsabilidad en las oficinas del presidente. Y en una acción que permitía presagiar lo que vendría después con el tema del desafuero, pese a las pruebas, las grabaciones, los testimonios, se decidió no sólo liberar a Acosta sino también no insistir en otros niveles en la acusación. Ayer Acosta anunció que demandará a la PGR por 10 millones de dólares por daño moral y acusa al ahora ex procurador Macedo de la Concha y también al subrprocurador José Luis Santiago Vasconcelos y al director de la AFI, Genaro García Luna. Días atrás, uno de los más altos funcionarios del gobierno federal me aseguraba que la gestión del nuevo procurador, Daniel Cabeza de Vaca no podría sostenerse sin la participación de esos dos hombres: hoy, acusados por Acosta, todo indica que liberado de todo proceso por una decisión política del más alto nivel, esos dos hombres están en entredicho. A ver cómo le hace Cabeza de Vaca sin los dos principales soportes de la procuraduría y sin los 200 elementos militares que han renunciado a sus cargos. A ver cómo le hace el gobierno federal para defender a esos funcionarios y ex funcionarios y, al mismo tiempo, no enfrentarse con Acosta y su ex jefe Manuel Espino.
Pero los errores en política se suelen pagar mucho más allá de su costo original. José Antonio Sánchez Ortega, responsable de una de las organizaciones ciudadanas contra la inseguridad, estrechamente ligado al grupo político del cardenal Juan Sandoval Iñiguez y al panismo más conservador de Guadalajara, también anunció una denuncia contra Macedo y Santiago Vasconcelos, que estará encabezada por la familia de Guillermo Vélez, aquel joven acusado de secuestro y que murió asfixiado cuando fue detenido por agentes de la AFI; por Santiago Pando el yerno de Artemisa Aguilar, acusada de ser parte de una banda de traficantes de personas, y por el propio Nahum Acosta. De Acosta ya hemos hablado; respecto a Pando y su suegra, la investigación continúa y existen no sólo numerosos datos que la involucran con la red de traficantes de personas sino también queda pendiente la pregunta sobre cómo se financia la campaña de medios de Pando contra la PGR y Santiago Vasconcelos. Sánchez Ortega fue acusado por la propia PGR de participar con su organización como “negociadora” de diversos casos de secuestros. Su grupo, el del cardenal Sandoval Iñiguez, puso su miras en la PGR, Macedo y Santiago, desde que Macedo despidió a María de la Luz Lima Malvido, no aceptó la versión del cardenal de Guadalajara sobre el asesinato del cardenal Posadas e investigó, como lo había solicitado el ex procurador Jorge Carpizo, a Sandoval por lavado de dinero: el cardenal fue exonerado pero ese “pecado” jamás se lo perdonaron esos hombres de la iglesia, apoyados, en aquella ocasión, por Andrés Manuel López Obrador (más tarde cuando Manuel Camacho y otros personajes cercanos a Carpizo se incorporaron a su equipo, abandonó ese tema).
Los problemas que se le acumularán al presidente por la forma en que fue tomada aquella decisión sobre López Obrador crecerán cada día más. Resulta paradójico que siendo la seguridad pública la principal demanda ciudadana, el gobierno federal esté jugando políticamente con ella y haciendo de aprendiz de brujo, echando a andar fuerzas que no sabe como podrá conjurar el día de mañana. Hoy tienen el desafío de Nahum Acosta, al que libraron literalmente de una dura condena para proteger otros intereses; el de Pando y Artemisa que, independientemente del error que cometió Santiago Vasconcelos involucrando en una acusación penal a un grupo de periodistas por repetir las versiones del publicista, está en manos de la justicia y si no hay otra “salida política” muy probablemente seguirá allí durante mucho tiempo; al mismo tiempo que la Coparmex lamentó, con razón, la salida de Macedo, uno de sus integrantes Sánchez Ortega, se lanza contra el ex procurador buscando un verdadero desmantelamiento de la procuraduría (o mejor dicho el reemplazo de esa estructura por otra encabezada por su propio grupo político).
En ese contexto, supuestamente para promover “la confianza en las instituciones”, el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero, recordó que tenía en sus manos algunos pendientes del pemexgate y decidió sancionar a Rogelio Montemayor y a otros cinco ex funcionarios de PEMEX con multas altísimas por delitos financieros y que de serlo tendrían que implicar una sanción, siguiendo la norma de la SFP, de unos 14 mil millones de pesos contra el ex director de la paraestatal, Raúl Muñoz Leos que firmó un acuerdo igual al de Montemayor el año pasado con el mismo sindicato petrolero, pero no por mil sino por siete mil millones de pesos. Para mayor desconsuelo, todo indica que según el abogado defensor de Montemayor, el panista Fernando Gómez Mont, se trata de una decisión política y no legal, y que se dio a conocer ahora, pese a que había sido anunciada a su cliente desde varios días atrás (y ya había sido apelada), para obtener un efecto mediático. Y para colmo sostienen los especialistas que será imposible que los sancionados puedan pagar semejantes multas.
Al tiempo que el gobierno no sabe qué hacer con la justicia y con la procuraduría, mientras permite que desde el propio gobierno, desde su partido y desde grupos políticos aliados, se ataque a la PGR, mientras tanto, el crimen organizado se ha enseñoreado en todo el norte y centro del país, hay más muertos en México por ajustes de cuenta del narcotráfico que soldados estadounidenses muertos en Irak, la inseguridad es la norma en la ciudad de México, las instituciones están siendo vulneradas por falta de más elemental respaldo político pero, para “fortalecer la confianza en las instituciones de justicia” se toman medidas en las que nadie cree y alteran el escenario político. Y todo, en realidad, por el juego sucesorio interno en el panismo.