El ratón loco del narcotráfico
Columna JFM

El ratón loco del narcotráfico

En alguna época no demasiado lejana estuvo de moda en las estrategias electorales, el famoso ratón loco, un mecanismo mediante el cual se enviaba a gente a distintas casillas electorales con votos adulterados, pero como esas brigadas se movían de un lado a otro, aquellos que intentaban controlar ese fenómeno se la pasaban corriendo como ratones locos, sin lograr su objetivo.
Con todas las diferencias del caso es la estrategia que está utilizando en estos días el narcotráfico: la ola de violencia a la que estamos asistiendo no se basa sólo en la sucesión interminable de ajustes de cuentas entre los distintos grupos delicuenciales.

En alguna época no demasiado lejana estuvo de moda en las estrategias electorales, el famoso ratón loco , un mecanismo mediante el cual se enviaba gente a distintas casillas electorales con votos adulterados, pero como esas brigadas se movían de un lado al otro, aquellos que intentaban controlar ese fenómeno se la pasaban corriendo de una casilla a la siguiente como ratones locos , sin lograr nunca su objetivo.

Con todas las diferencias del caso es la estrategia que está utilizando en estos días el narcotráfico: la ola de violencia a la que estamos asistiendo no se basa sólo en la sucesión interminable de ajustes de cuentas entre los distintos grupos delincuenciales, sino de una forma de hacer correr a las escasas fuerzas de seguridad federales como ratones locos, de una punta a la otra del territorio nacional, para cubrir emergencias, concentrándose en lo urgente sin poder trabajar sobre lo importante. Si las fuerzas federales de apoyo llegan a Nuevo Laredo y Ciudad Juárez, asesinan a uno de los más importantes jefes policiales de Chiahuahua; si se concentran en Sinaloa se desata una ola de crímenes en Tamaulipas; cuando van a Tijuana los muertos aparecen en La Paz. Las fuerzas federales se dispersan, los resultados decrecen y, para reforzar esa sensación, en las mismas plazas a donde llegan, continúan los asesinatos, mismos que por sus propias características no están en condiciones de evitar.

La intención es obvia: no dejar asentarse a las fuerzas federales y distraerlas. Cualquier estratega militar que tenga conocimiento de la lógica de las guerrillas les podría decir lo mismo. El ejército, la PFP, la AFI, podrán colocar gente en el terreno de una ciudad como Nuevo Laredo, pero eso no los habilita, ni operativamente les permite, actuar como una policía preventiva local. Y lo que busca el crimen organizado es, precisamente, impedir que lo hagan, seguir alimentando su penetración en las policías locales por vía de la corrupción o la intimidación y así tener el control real del territorio. Es la tesis del poder local, que desde hace años vienen desarrollando los grupos del narcotráfico, haciéndose fuertes no por sus relaciones en el ámbito federal, que pueden o no tener de acuerdo a las circunstancias, sino con base en su penetración en las fuerzas de seguridad, políticas, económicas locales, con lo que fortalecen su forma de organización horizontal, pero también se hacen mucho más fuertes y enraizados en esas comunidades, y por lo tanto más difíciles de erradicar.

No se trata sólo de dispersas las fuerzas federales sino también de presionarlas. El ataque de policías municipales de Nuevo Laredo contra miembros de la AFI el fin de semana pasado en Nuevo Laredo, sólo puede entenderse en esta lógica. Es evidente la relación de por lo menos muchos miembros de la policía municipal de esa ciudad con el crimen organizado: las investigaciones del asesinato a las pocas horas de asumir el cargo, del ex presidente de la Canaco local y nuevo director de la policía municipal, Alejandro Domínguez Coello, un hombre ajeno a esa corporación, que llegaba con apoyo de la comunidad y la promesa de limpiar la policía podrían demostrar que en el crimen participaron sus subordinados. Paradójicamente, o quizás no tanto, el gobierno municipal lo que ha hecho ante la detención de 41 de sus agentes y el acuartelamiento de todos los demás elementos, no ha sido iniciar y reclamar una limpia de la corporación, sino enviar a familiares de los detenidos en autobuses pagados por el erario al Distrito Federal y tramitar un amparo para tratar de evitar que fueron enviados a las instalaciones de la SIEDO en el DF para ser interrogados. ¿Qué mejor demostración de la capacidad del narcotráfico de influir y controlar el poder local?

Las razones por las cuales los narcotraficantes llevan a cabo una estrategia de estas características es sencilla y realista. Saben que si permiten que se desarrollen las labores de inteligencia e información en los niveles superiores de las fuerzas antinarcóticos, particularmente en las unidades especializadas del ejército mexicano, la SIEDO y la AFI, pueden sufrir, como los han sufrido, fuertes golpes. Pero también saben que en los hechos, entre la AFI y la PFP apenas si pueden poner, simultáneamente, en la calle, unos ocho mil policías. Es verdad que el ejército tiene muchos más elementos, pero el ejército mexicano colaborará, como lo ha hecho, en todas estas batallas, aportará fuerzas especiales a la PFP y otras corporaciones, asumirá incluso costos que no le corresponden, pero no saldrá a la calle a garantizar la seguridad pública, a actuar como una policía preventiva local: no lo hará por convicción pero también porque su función no es ésa y que ni la tropa ni sus oficiales están formados con ese fin. Y también porque saben que si lo hacen se pondría en riesgo esa última barrera contra el crimen organizado que implica la presencia militar.

Por eso, operativos como el llamado México Seguro, pueden tener efectos coyunturales, pueden calmar las cosas en forma temporal, pero en el mediano y largo plazo no modifican nada. Sirven para la emergencia pero no para atender lo fundamental: confrontan, como decíamos, lo urgente y se alejan de lo importante.

La única forma de recuperar el control es trabajando con las fuerzas locales. Sí se deben ampliar y fortalecer las fuerzas federales pero se debe involucrar en la lucha contra el narcotráfico a las fuerzas de seguridad municipales y estatales. Las cifras son contundentes: mientras la PFP y la AFI, como máximo, pueden colocar en la calle unos 8 mil elementos, existen, por lo menos, unos 180 mil policías municipales y estatales que podrían cumplir labores preventivas. Son ellos, además, los que conocen el territorio, las calles y brechas de su ciudad y región, los que conocen a la gente y su idiosincrasia, los que pueden realizar una labor social además de policial y de seguridad. Cuando ocurrieron los atentados del 11 de marzo en Madrid no fueron las fuerzas de inteligencia federales de España las que detuvieron a los autores de los mismos, sino la guardia civil, la policía local, que utilizó la información sobre movimientos sospechosos de ciertos vecinos para terminar localizando, casi en horas, a los responsables. Lo mismo tendría que suceder en nuestros estados y municipios.

Pero en ellos no existe, salvo excepciones, voluntad política para hacerlo. Se escudan en la coartada de que el narcotráfico es un delito federal para no combatirlo, para no verlo, para dejarlo a merced de esas escasas fuerzas federales que saben que no están en condiciones de asumir por completo ese desafío. Lo que no comprenden esas autoridades estatales y municipales es que así están fomentando la impunidad en sus territorios, pero que también que ellos mismos, incluso si no se corrompen, están perdiendo día con día una parcela más de poder, hasta no tener ya el control real de sus entidades, con todo lo que ello implica. ¿Se necesitan reformas legales para que municipios y estados se involucren en esa lucha? No, se requiere voluntad política, respaldos del gobierno federal y recursos bien aplicados, además de rescatar de una vez por todas, el esquema y la estrategia del sistema nacional de seguridad pública lanzado desde mediados del sexenio pasado que era el instrumento adecuado para “fomentar” esa participación y que en estos años fue literalmente abandonado. Y esa sí es una responsabilidad ineludible del gobierno federal y en particular de la administración Fox. Pero aún puede corregir ese gravísimo error.

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