La decisión de la Suprema Corte de Justicia respecto al caso de los procesos contra el ex presidente Luis Echeverría y el ex secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, sin duda es controvertida, pero como me comentó ayer el fiscal Ignacio Carrillo Prieto, es un avance en la dimensión de lo posible para tratar de hacer justicia respecto a ese episodio triste de nuestra historia política nacional.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia respecto al caso de los procesos contra el ex presidente Luis Echeverría y el ex secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, sin duda es controvertida, pero como me comentó ayer el fiscal Ignacio Carrillo Prieto, es un avance en la dimensión de lo posible para tratar de hacer justicia respecto a ese episodio (ya ni tan reciente) triste de nuestra historia política nacional.
Es una decisión controvertida porque muchos dirán que se queda a la mitad. Lo que los magistrados decidieron no entra, plenamente, al fondo de la cuestión: lo deseable hubiera sido que se declarara que el genocidio es un delito imprescriptible, pero se atuvieron a la legislación que lo declara prescripto a los 30 años de cometido. Pero, también, consideraron que los años en los que los funcionarios gozan de fuero, y ese era el caso de Echeverría y Moya Palencia, no se deben contabilizar para establecer el año de prescripción, por lo cual ese delito, sólo en el caso de ambos ex funcionarios, recién quedaría fuera de posibilidades jurídicas hasta fines del 2006. Y por lo tanto pueden ser acusados de ese delito.
Ahora viene lo más complejo para la fiscalía: demostrar que lo cometido en el halconazo de junio del 71 es un delito que puede entrar en la definición de genocidio. Si nos atenemos a la definición estricta de la búsqueda del aniquilamiento de un grupo social, religioso o étnico, es difícil asumir que la represión, por más brutal que haya sido, a una manifestación, puede inscribirse en esa categoría. La fiscalía que encabeza Carrillo Prieto argumenta que ese momento, la represión del jueves de corpus, debe tomarse como eso, como un momento de un proceso iniciado en 1968 y que continuó durante los años siguientes y que tenía como objetivo el aniquilamiento físico de un grupo social: el de la dirigencia de esas corrientes opositoras en la época. El límite entre una y otra visión es muy delgado y no será sencillo para los jueces establecer tanto la responsabilidad como la hipotética inocencia de los acusados, más aún cuando todo ello se concentrará en el ex presidente y el ex secretario de Gobernación.
Son muchos los elementos que se deben tomar en cuenta y desde ya se podrá argumentar que posiblemente nadie quedará satisfecho. Para muchos, el ejemplo que se debe tomar es el que recientemente adoptó el gobierno argentino de anular la ley de punto final y abrir el proceso contra decenas de represores de la última dictadura militar en ese país. Esto luego de un largo proceso de investigaciones, denuncias, de aproximaciones sucesivas que permitieron finalmente este desenlace que aún dará mucho de qué hablar. En Chile, con mayor timidez, pareciera que se está avanzando en el mismo sentido. Y evidentemente, lo que se está poniendo de manifiesto es que, pese al paso de los años, la presión social para que se haga justicia en este tipo de crímenes que afectaron tan profundamente el cuerpo social, continúa y finalmente, pese a los esfuerzos (realizados por buenas o malas razones) para mantener sofocada esa presión, la misma termina estallando y obligando a hacer justicia.
Pero otros dirán que la situación que se vivió en esos dos países sudamericanos no se puede equiparar a lo sucedido en México en aquellos años: ni por la magnitud de la represión, ni tampoco por la legitimidad constitucional de los gobiernos que la ejercieron: que en nuestro caso se podrá hablar de violación de derechos humanos, incluso de crímenes y torturas, pero que la magnitud de lo sucedido es demasiado dispar como para equiparar ambos procesos o hablar de genocidio. Y además, que la presión social, la exigencia de justicia es, también, por ello, de una magnitud diferente. Ambas partes tienen probablemente una parte de razón. Pero también es verdad que existe toda una corriente de opinión, de distintos sectores, que sostiene que reabrir esos capítulos de la historia y además colocarlos como crímenes de tal calibre, lo único que propiciará será una mayor inestabilidad política y social en un escenario que ya de por sí parece ser demasiado volátil.
Y la misma disyuntiva se presenta en los otros casos que la fiscalía ha trabajado con mucho ahínco en estos años, como la causa contra Miguel Nassar Haro y Luis de la Barreda Moreno, entre otros, por la desaparición de Jesús Piedra Ibarra, que permitió definir a la Corte que el periodo de prescripción del delito de secuestro comienza a correr desde el momento en que la persona que sufrió la privación ilegal de la libertad aparece, viva o muerta, pero que si continúa desaparecida el crimen en sí mismo continúa prolongándose. Pero al mismo tiempo, se ha topado con la imposibilidad, de hecho, de la detención de Luis de la Barreda, y la decisión de la prisión preventiva domiciliaria de Nassar Haro (que incluso en el caso de que Echeverría y Moya Palencia fueran enjuiciados y hasta condenados por esos delitos, los dejaría, por su edad, en la misma situación). O una acusación sobre la desaparición de cinco personas detenidas en el estado de Hidalgo, entregadas a la DFS en noviembre de 1974 y que, posteriormente y hasta ahora, continúan desaparecidas.
No sé si finalmente los jueces aceptarán la posición de la fiscalía o una visión más ortodoxa de la ley; no sabemos tampoco hasta dónde se puede llegar en el esclarecimiento real de estos hechos, después de tantos años y de un porcentaje relativamente escaso de información; es difícil también establecer qué es lo más conveniente para el país en la compleja coyuntura que esta viviendo y con tantos actores esperando politizar, en cualquier sentido, estas decisiones, pero lo que sí debería quedar claro es que esas historias, todas, las de todos los ámbitos, deberían transparentarse; dejar, independientemente de prescripciones o no, una verdad histórica que en blanco y negro, pero respetando también la gama de grises, nos permita colocar, una vez más las cosas en su real perspectiva. Y asumir quienes, puedan o no ser castigados hoy por ello, han cometido delitos repudiables por el resto de la sociedad.
EU y el dedo en el renglón
El gobierno de Estados Unidos no saca, ni sacará el dedo del renglón en el tema de la seguridad. Washington, en su lista de desafíos a la seguridad nacional en este hemisferio ubica en primer lugar el terrorismo; en segundo, el narcoterrorismo y en tercero el narcotráfico. Inmediatamente después coloca a lo que ellos llaman el “populismo radical” y todos sabemos a qué se refiere con ello. Por lo tanto, México, en esos cuatro temas está expuesto a esos peligros y si bien la colaboración bilateral se ha dado en muchos de esos ámbitos, del otro lado de la frontera ven que las cosas se pueden salir de cauce y, de este lado, las autoridades parecen no asumir que de poco sirve atrincherarse en el discurso nacionalista cuando es evidente que las fallas señaladas existen. Lo dicho por Anthony Placido, el funcionario de la DEA que sostuvo que uno de los mayores problemas en México en la lucha contra el narcotráfico es la corrupción en las policías, sobre todo las municipales y estatales, es una verdad indiscutible. ¿Qué sentido tiene negarlo y profundizar un conflicto que no tendría razón de ser si se asumiera la realidad como es?
Por cierto, habría que explicarle al vocero presidencial Rubén Aguilar, que el vocero del departamento de Estado, aunque se haya equivocado palmariamente en su declaración sobre la colaboración México-EU, no es “el personero” de esa institución. Y también, que no ayuda en todo esto, que el propio vocero presidencial se reúna con una persona que aún continúa siendo acusada de relaciones con el narcotráfico por el propio gobierno federal (y por el estadounidense) para tratar de conseguirle trabajo.