Dentro de una semana se cumplirá un año de la multitudinaria marcha contra la inseguridad que movilizó a millones de personas en la ciudad de México y todavía estamos esperando no sólo la disculpa pública del jefe de gobierno capitalino, sino también y más importante, que las autoridades del Distrito Federal, pero también la de los estados de la república y el propio gobierno federal asuman las demandas, los compromisos que se plantearon aquel domingo y que hasta ahora, en la mayoría de los casos, han ignorado
Dentro de una semana se cumplirá un año de la multitudinaria marcha contra la inseguridad que movilizó a millones de personas en la ciudad de México y todavía estamos esperando no sólo la disculpa pública del jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador que nos calificó a los marchistas de “ultraderechistas” y “pirruris”, sino también, y más importante, que las autoridades del Distrito Federal, pero también la de los estados de la república y el propio gobierno federal asuman las demandas, los compromisos que se plantearon aquel domingo y que hasta ahora, en la mayoría de los casos, han ignorado.
Una análisis superficial de lo que ha sucedido en el último año en términos de seguridad, nos permite comprobar que, sencillamente, hemos avanzado en forma sustancial en muy pocos ámbitos (la intervención en La Palma y otros penales federales es quizás lo más destacado), mientras que el rezago que se presenta en otros, como el combate al narcomenudeo, es notable. Por otra parte, ni los partidos ni los muchos precandidatos presidenciales están planteando con seriedad una propuesta para la seguridad pública y nacional seria, de fondo: parecen considerar que ello les generará costos y no les produce beneficios: no comprenden que el que pueda dar una respuesta con certidumbre sobre el tema, tendrá un largo trecho hacia Los Pinos recorrido (y si no lo ven así que observen lo hecho por el presidente colombiano Alvaro Uribe). En realidad creo que ninguno de ellos tiene claro qué quiere o a qué se podría comprometer en este tema. Algunos, lisa y llanamente no tienen propuestas; otros, como López Obrador, tampoco pero salen con ocurrencias, que son casi un insulto, como transformar el penal de las Islas Marías en una “isla de los niños”, una propuesta absurda que no considera siquiera el grave problema de saturación en los penales estatales y federales y la necesidad de hacer crecer ese sistema, no de transformarlo en “parques de diversión” porque “está por llegar la alegría”.
Lo que sí han logrado las distintas autoridades a un año de la marcha es dividir a las organizaciones que convocaron aquella movilización. Para el próximo día 26, una de esas organizaciones, la del consejo consultivo de la secretaría de seguridad pública del DF, encabezada por Fernando Schütte, ha convocado a una serie de manifestaciones en distintos puntos de la ciudad. Las demás organizaciones no han aceptado sumarse a esa convocatoria: consideran que no existen las condiciones para ello en estos momentos y, además, con razón o sin ella, por la relación de esa organización con la SSP del DF, desconfían de la independencia de la misma y creen que puede ser manipulada a favor de alguno de los precandidatos perredistas a gobernar la ciudad. No creo que sea así, pero tampoco le veo sentido lanzar una convocatoria de esas características si las demás organizaciones no aceptan participar en ella. Otros grupos, más afines a sectores muy conservadores del PAN, han terminado cerca de instituciones como la SSP federal y parecen manejar su propia agenda, excesivamente partidizada. El Consejo Consultivo de Seguridad Pública de la PGR, conformado por varios de los principales empresarios del país, y cuya presidencia asumió esta semana Raúl Abraham, está cumpliendo una importante labor, al comunicar las inquietudes de distintos sectores sociales a la procuraduría y el gobierno federal, al mismo tiempo que, por la posición que ocupan muchos de sus integrantes en empresas y medios, pueden influir en forma intensa, particularmente con campañas que permitan involucrar a la sociedad en estos temas. Finalmente otras organizaciones se han mantenido independientes y todo indica que la que más se ha consolidado en este año y mantiene una posición de mayor autonomía es México Unido contra la Delincuencia que encabeza María Elena Morera.
Las autoridades han argumentado que se requieren reformas legales para poder avanzar en los temas de la seguridad. En parte es verdad, pero sólo en parte. En realidad hay muchas acciones, planteadas por los propios convocantes a la marcha del año pasado, que podrían implementarse sin necesidad de cambio legal alguno. México Unido está realizando una campaña para lograr un millón de firmas certificadas para impulsar un plan de cinco puntos que podrían echarse a andar simplemente con decisión política. ¿Qué es lo que piden?. Que se pueda instrumentar en todo el país el 066 como número de emergencia y que realmente funcione y sea eficiente. Parece ridículo, pero las autoridades federales, estatales y municipales no pueden sacar adelante algo que parece ser tan sencillo. Las excusas con muchas: desde problemas de líneas telefónicas hasta simples caprichos respecto a si debe ser 066 o 060, como en el DF, pero mucho más grave aún es que cuando se implementa, como en la capital, en los hechos ese número no funciona: ahí está el caso, dramático, de un empresario secuestrado que en el lugar de su reclusión logró hacerse de un teléfono y llamó en varias oportunidades a ese “número de emergencia”. En tres ocasiones se pudo comunicar, pero quienes atendieron la llamada simplemente lo ignoraron: “pensábamos, dijeron en su descargo, que era una broma”. ¿Para qué sirve un número de emergencia si las llamadas son tomadas por los operadores como bromas potenciales y entonces las ignoran?.
Plantean también que se institucionalice el registro nacional de seguridad pública: que todas las instituciones tengan que brindar, obligatoriamente, toda la información sobre sus funcionarios, particularmente los relacionados con la seguridad y que, antes de cualquier designación (desde un policía hasta un secretario) sean checados sus antecedentes. No puede ser que, como el anterior director de La Palma, se permita acceder a un cargo de esas características a alguien acusado de haber permitido la fuga de reos en un penal de Sonora. O que ahora se descubra que varios de los arraigados policías municipales de Nuevo Laredo tenían órdenes de aprehensión en su contra.
Piden la profesionalización de las policías y los ministerios públicos. No que se establezcan algunos cursos de un par de semanas pensando que así ya se profesionalizó a los policías o ministerios públicos. Se requiere una labor muy profunda de renovación de esos cuerpos para que, sobre todo en los niveles estatales y municipales, se pueda contar con policías serias y profesionales.
Abordan también el tema de los penales, como dijimos saturados y perneados por la corrupción. Hay en el país unos 11 penales ya terminados, completamente construidos y equipados, que, por distintas razones no están en funciones, mientras que los existentes están en condiciones, la mayoría, deplorables.
Finalmente, un tema central, en el que coinciden con casi todas las organizaciones preocupadas en este tema, está la exigencia de luchar con mayor firmeza contra el narcomenudeo, que se ha convertido en un detonante clave para buena parte de los fenómenos de la inseguridad, además de convertirse en un terrible lastre para la salud pública en el más amplio sentido de la palabra. Para ello se requiere, una vez más, de voluntad política más que de reformas legales: no es verdad que para atacar el narcomenudeo se deba recurrir exclusivamente a fuerzas federales. Lo pueden y deben hacer las autoridades locales. De otra forma resulta un fenómeno incontenible. Y nos debemos involucrar, también, desde la sociedad. Sin las denuncias y la presión de la gente la inseguridad seguirá beneficiándose del reino de la impunidad