Los medios de comunicación se han convertido en indudables espacios de poder. La lucha ideológica respecto a su regulación o no, respecto a la necesidad de sus propios controles internos o la ausencia de ellos, de censura, autocensura o auténtica libertad son parte del debate cotidiano de la sociedad y el poder. Y ese es un fenómeno mundial.
Los medios de comunicación se han convertido en indudables espacios de poder. La lucha ideológica respecto a su regulación o no, respecto a la necesidad de sus propios controles internos o la ausencia de ellos, de censura, autocensura o auténtica libertad son parte del debate cotidiano de la sociedad y el poder. Y ese es un fenómeno mundial.
En España, por ejemplo, hoy, uno de los grandes temas de debate es la próxima incursión del Grupo Prisa (editor, entre muchas otras actividades, del periódico El País y propietario del Canal Plus) en la televisión abierta, en un contexto en el cual lo que se está discutiendo es la concentración de medios, confrontada con la calidad de los contenidos y su influencia en la sociedad. En Estados Unidos, con un gobierno que ha restringido los derechos civiles mediante el acta patriótica, ahora el tema de la libertad de expresión se ha tornado crucial con la decisión judicial de encarcelar a la periodista del New York Times, Judith Miller por negarse a rebelar la fuente de una investigación que realizó, pero que no llegó a publicar.
El caso de Miller, va de la mano con el Matt Cooper, periodista de la revista Time, en la investigación sobre quién había sido el funcionario que “filtró” el nombre de Valerie Plame, una agente de la CIA casada con el diplomático Joseph Wilson. Este había escrito un texto en el New York Times diciendo que las pruebas presentadas por la administración Bush ante la ONU, de que Irak había intentado comprar uranio en Africa para producir armas nucleares, era falsa. La publicación despertó la ira de la Casa Blanca y alguien “filtró” la información de que Wilson había accedido a esos datos porque su esposa, la señora Plame, era agente de la CIA y se especializaba precisamente en el área de armas de destrucción masiva. A partir de allí se generó un debate en el que por una parte están la libertad de prensa y la utilización de fuentes confidenciales para avanzar en investigaciones periodísticas, y por la otra el esfuerzo de la justicia por llegar hasta el fondo en su propia investigación en lo que se considera en Estados Unidos un delito grave, como lo es el divulgar la identidad de un agente encubierto de la CIA. Para el fiscal especial del caso, Patrick Fitzgerald, el testimonio de los periodistas es fundamental. Estos y sus medios tomaron decisiones diferentes: la revista Time entregó al fiscal parte de la información relativa al caso y libró de la cárcel a su reportero Matt Cooper. El New York Times y su reportera Judith Miller decidieron no entregar la información porque consideraron que deben proteger sus fuentes y sus derechos y Miller está ya detenida, condenada a cuatro meses de cárcel. Paradójicamente, todo indica que quien filtró esa información, con base a los datos recibidos por el fiscal especial, es nada más y nada menos que Kart Rove, el principal estratega y asesor del presidente Bush, que podría sufrir una dura condena si la justicia lo considera culpable.
Es un debate fascinante entre el poder de los medios y la libertad de prensa y, por otra parte, la justicia y los márgenes de confidencialidad del propio Estado. No son esos, desgraciadamente, los debates que estamos viviendo sobre el tema en México. Por una parte, resulta lamentable que, desde todos los niveles del gobierno federal, se termine responsabilizando a los medios de la mayoría de sus males, incluyendo sus propios y evidentes yerros. Lo mismo hacen los partidos y sus numerosos precandidatos. Cuando no tienen una respuesta racional prefieren responsabilizar a los medios y, al mismo tiempo, tratan de utilizarlos para sus intereses cada vez que pueden.
Pero simultáneamente, las autoridades presumen de la libertad de prensa, aunque la realidad está mostrando otra cosa. Hay muchos datos que demuestran las presiones a las que está sometida la prensa en nuestro país. El caso más vergonzoso e impune es el ataque del gobierno de Oaxaca contra el periódico Noticias. Lo sucedido en ese estado es no sólo inadmisible sino hasta difícil de creer en estos tiempos: en su último día de gobierno, el gobernador José Murat permitió la invasión de las bodegas de Noticias. Su sucesor, Ulises Ruiz, redobló la invasión convirtiéndola en una ocupación definitiva. Luego lanzó una huelga a través de la CROC, una representación sindical que los trabajadores del periódico no aceptan, pero las autoridades locales, inexplicablemente, la declararon existente y la respaldan. Van más allá: permiten que el edificio sea rodeado por golpeadores ajenos al periódico y mantienen secuestrados, dentro del mismo, a 31 trabajadores y de eso hace ya más de un mes. Como el periódico sigue publicándose aunque sea con enormes dificultades, los golpeadores del sindicato con el beneplácito de las autoridades locales, cada vez que pueden roban la edición del periódico y siempre los ladrones quedan impunes, incluso en una ocasión en la que llevaron el objeto de su robo a las oficinas de la procuraduría local. Son innumerables las denuncias y las exigencias nacionales e internacionales de que se respete la libertad de expresión en Oaxaca y se acabe con el hostigamiento contra el periódico Noticias, y van desde Amnistía Internacional hasta Reporteros sin Fronteras, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta el Arzobispo de la Arquidiócesis Antequera-Oaxaca, José Luis Chávez Botello. A todos, el gobierno local los ha ignorado y el gobierno federal parece impotente para hacer cumplir la ley. Un capricho autoritario de un gobernador se convierte en un escándalo internacional y no pasa nada.
En Tijuana, el asesinato del editor asociado del semanario Zeta, Francisco Ortiz, cumplió un año, sin que los asesinos hayan sido detenidos ni las causas del mismo esclarecidas. Y ello pese a que Zeta, que dirige Jesús Blancornelas, realizó su propia investigación y dio a conocer el nombre de los responsables, una investigación cuyos datos fueron avalados por la propia PGR. Pero éstos no fueron detenidos, siguen en libertad y el crimen impune. El fundador y codirector de Zeta, Héctor Félix Miranda, había sido asesinado el 20 de abril de 1988, hace ya 17 años. El gobierno federal ha aceptado reabrir el caso ante presiones de la Sociedad Interamericana de Prensa, pero también sin resultados.
El dos de abril pasado, fue secuestrado el joven periodista de El Imparcial de Hermosillo, Alfredo Jiménez Mota. Todo indica que fue secuestrado por narcotraficantes, particularmente del grupo de los hermanos Beltrán Leyva. Cuando ocurrieron los hechos estaba investigando los nexos del ex director de giras de la presidencia de la república, Nahum Acosta, con esos narcotraficantes sonoerenses. Fue a una cita con “una fuente” (eso le comentó a una compañera de trabajo) y nunca se ha vuelto a saber de él. Ha habido compromisos de las autoridades federales y locales pero el hecho es que hasta ahora no ha pasado nada.
Ahí están los asesinatos de Raúl Gibb en Poza Rica o los de dos periodistas en Nuevo Laredo, ahí están las presiones contra distintos medios y comunicadores…y no pasa nada. No se trata de exigirle a las autoridades, sobre todo a las federales, que hagan lo imposible, que detengan a todo aquel que haya cometido un delito, sea o no contra periodistas: pero sí se trata de que se respete la libertad de prensa como un derecho social. Si todo se vale y todo queda en la impunidad, si un gobierno estatal puede tratar de matar a un periódico o un narcotraficante matar a un periodista sin que pase nada, el gobierno federal, aunque se diga respetuoso de la libertad de prensa, termina siendo culpable, él también, por omisión.