Una frase sintetiza la promesa 49 que presento el domingo el candidato único del Andrés Manuel López Obrador: no usaré, dijo, la presidencia para ayudar amigos, ni para destruir adversarios. Qué bueno que se comprometa a ello si llega a ese cargo, qué lástima que no lo esté haciendo, incluso en sus últimos días en el gobierno capitalino.
La ansiedad por aparecer en los medios, ha llevado a López Obrador a cometer demasiados errores en los últimos días. Uno de ellos es insistir, en atacar a México Unido contra la Delincuencia por su campaña contra el secuestro.
Una frase sintetiza la promesa 49 que presentó el domingo el candidato único del Andrés Manuel López Obrador: no usaré, dijo, la presidencia para ayudar amigos ni para destruir adversarios. Qué bueno que se comprometa a ello si llega a ese cargo, qué lástima que no lo esté haciendo, incluso en sus últimos días en el gobierno capitalino.
La ansiedad por aparecer en los medios, luego de la sobreexposición que tuvo en ellos por el desafuero, ha llevado a López Obrador a cometer demasiados errores en los últimos días. Uno de ellos es insistir, incluso ayer, luego del secuestro del técnico del Cruz Azul, Rubén Omar Romano, en atacar a México Unido contra la Delincuencia por su campaña contra el secuestro, insistiendo en que se trata de una campaña impulsada por Carlos Salinas de Gortari para atacarlo. La industria del secuestro en la ciudad de México es una realidad que no se combate a fondo por la complicidad de las autoridades con los delincuentes: qué mejor demostración que las dos turistas brasileñas secuestradas también el martes, por policías judiciales capitalinos que las tenían retenidas y estaban negociando el rescate desde las mismas oficinas de la policía judicial del DF. Qué mejor demostración que la aceptación a regañadientes que tuvo que hacer el gobierno de la ciudad de que el número de secuestros denunciados (la cifra negra es mucho mayor) ha crecido. Qué mejor demostración que después de cinco años, de una marcha de millones de personas, de toda una campaña nacional por el tema, el secretario de seguridad capitalina, Joel Ortega, anuncie ayer (después del secuestro de Romano) que finalmente se formará un equipo antisecuestros en la policía capitalina, que entrará en funciones dentro de algunas semanas…cuando López Obrador ya haya dejado el cargo. ¿Tuvieron que pasar cinco años y cientos de víctimas de secuestro para que las autoridades dieran ese paso o finalmente lo aceptaron porque le tocó en suerte ser secuestrado a un personaje público como el técnico del Cruz Azul? La única explicación posible para que esa unidad antisecuestros no se formara antes es que no podía formarse porque el gobierno local no aceptaba su necesidad.
Ayer, al mismo tiempo que lamentó que el secuestro de Romano “empañe” su labor, López Obrador dijo que tiene “la conciencia tranquila” por lo realizado en materia de seguridad y volvió a atacar a la organización México Unido contra la Delincuencia diciendo que mantiene una campaña en su contra por denunciar los secuestros. Es inadmisible: el candidato López Obrador, debería recordar que, por lo menos formalmente, todavía gobierna la ciudad de México y que se supone que gobierna para todos los que vivimos en esta capital. Atacar y difamar a las víctimas de secuestro, a personas que han perdido partes de su cuerpo atacados por bandas de criminales que siguen impunes, a personajes como Eduardo Gallo, de México Unido, que perdió a su hija a manos de los secuestradores, es un insulto a nuestra inteligencia pero también a la ciudadanía a la que el jefe de gobierno le debe rendir cuentas: no lo hace y al contrario de lo que promete realizar desde la presidencia de la república, utiliza esa posición de poder para tratar de destruir a los que considera sus adversarios y ayudar a sus amigos.
Otro ejemplo de ello lo tenemos con el caso de Carlos Ahumada. ¿Por qué está en la cárcel Ahumada y están en libertad René Bejarano, que recibió 12 millones de pesos y Carlos Imaz, ex delegado en Xochimilco, que también se llevó algunos cientos de miles?
Formalmente, el gobierno capitalino dirá que Ahumada está acusado por otros delitos relacionados con obras en el DF y no por los videoescándalos. Pero da la casualidad que inicialmente fue acusado por cuatro delitos y obtuvo cuatro amparos definitivos sobre los mismos y entonces se le inventó un quinto delito para que pudiera permanecer en la cárcel. Da la casualidad que de todos los constructores que han trabajado para el DF en este sexenio, el único que está en la cárcel y que ha sido juzgado por la vía penal, ha sido Ahumada, a pesar de que muchos otros no han cumplido con obras o lo han hecho mal o a destiempo, como sucedió, sin ir más lejos con el Metrobus o con los segundos pisos. Por esa razón, todos los licitan para realizar obras para un gobierno, sea estatal o federal, deben contratar a su vez una fianza que los ampara ante incumplimientos parcial o total de los contratos. Y cuando se supone que existe un incumplimiento de los mismos se recurre a un procedimiento civil o mercantil. No a un juicio penal.
La entrega de dinero de Ahumada a Bejarano, a Imaz y a otros miembros del equipo de López Obrador, es injustificable, pero el empresario, aunque se haya equivocado en ello, asegura que estaba siendo objeto de un chantaje, de una extorsión de parte de esos funcionarios capitalinos. En uno de los videos ello se torna evidente cuando Bejarano habla con la delegada Leticia Robles para ordenarle una designación de un funcionario en la delegación Alvaro Obregón o cuando explica que no puede lograr que le paguen a Ahumada o cuando dice que hace cosas que Andrés Manuel ni siquiera quiere saber. Quizás Ahumada utilizó el método equivocado para denunciar esa extorsión de la que dice era objeto, al difundir públicamente los llamados videoescándalos, pero lo menos que se podría exigir es que las autoridades capitalinas investigaran si hubo o no un chantaje; que se investigara porqué iba Bejarano una y otra vez a buscar dinero a las oficinas de Ahumada y trataba con éste la designación de funcionarios en distintas delegaciones; que se investigara, por lo menos, a dónde fue a parar ese dinero y que no se dejara en libertad a Bejarano, por lo menos, hasta que no se respondieran esas preguntas.
Ese trato desigual a los amigos y enemigos lo escenifica el gobierno capitalino también con el trato dado al propio Bejarano y a Ahumada en sus respectivas detenciones. Ahumada fue traído de Cuba e incluso fotografiado, contra su voluntad, en calzoncillos en las instalaciones del reclusorio norte y esa foto distribuida a los medios. A Bejarano se lo fue a buscar a su casa, se esperó durante horas que llegaran amigos y familiares a saludarlo, se lo trasladó en su propio automóvil al reclusorio, muchas horas después de detenido seguía utilizando ropa que no era la reglamentaria, su celda fue acondicionada desde días antes para que no tuviera incomodidades. Cuando ante la inminencia del desafuero, López Obrador parecía que sería detenido, la asamblea legislativa del DF se apresuró a cambiar los reglamentos de los penales capitalinos para permitir que los detenidos pudieran ofrecer entrevistas a los medios de comunicación. La reforma allí quedó, pero el único al que se le ha permitido disfrutar de ella, hasta ahora, ha sido a Bejarano. En quince meses y a pesar de su solicitud reiterada a las autoridades, a Ahumada se le ha impedido cualquier contacto con los medios para que no pueda explicar cuál es su versión de los hechos. Ahora Ahumada anunció una nueva huelga de hambre e incluso una medida tan drástica como coserse los labios si no se le permite hablar y explicar su situación. El gobierno capitalino, una vez más, ha tratado de ignorarlo o de “bajar” la nota en los espacios que le son afines. Se podrá prometer lo que sea, pero en los hechos lo que López Obrador ha hecho con sus amigos, desde las autoridades policiales hasta Bejarano, es aplicarles la ley con “justicia y gracia”, mientras que a sus adversarios, desde México Unido hasta Ahumada, les ha aplicado “la ley a secas”.