Ningún artista, ningún futbolista, tiene un contrato siquiera equivalente al de nuestros partidos y estructura electoral. Si ya es difícil de explicar que las elecciones del año próximo, incluyendo el financiamiento a los partidos y el voto en el exterior, cuesten unos mil 200 millones de dólares, mucho más incomprensible es que el monopolio de la participación en la vida política esté en manos de los partidos y que la ciudadanía no tenga opciones de participar en ella si no es a través de los mismos.
Ningún artista, ningún futbolista, tiene un contrato siquiera equivalente al de nuestros partidos y estructura electoral. Si ya es difícil de explicar que las elecciones del año próximo, incluyendo el financiamiento a los partidos y el voto en el exterior, cuesten unos mil 200 millones de dólares, mucho más incomprensible es que el monopolio de la participación en la vida política esté en manos de los partidos y que la ciudadanía no tenga opciones de participar en ella si no es a través de los mismos. Un proceso que, además, se hace cada día más difícil, primero, porque los partidos están concentrado en cada vez menos manos sus decisiones y, por la otra porque los mismos partidos han elevado los requisitos para cualquiera que les quiera hacer competencia a los actuales.
El argumento que se suele utilizar es que ello dispararía el costo de la política, al haber más partidos y recordando casos vergonzosos como el del “partido” de la sociedad nacionalista. Es una verdad a medias, porque la solución no está en restringir cada día más la existencia de los partidos, sino en disminuir los recursos públicos que se les entregan, buscando nuevas fórmulas de financiamiento y reduciendo los tiempos de campañas y precampañas, medidas, entre otras, que los partidos no quieren adoptar porque, simplemente, implicaría menores recursos para sus tesorerías.
Pero en este caso, además, no se debería analizar la parte financiera como un componente clave: las candidaturas independientes deberían permitirse con un mecanismo diferente, que no fuera oneroso y cumpliendo ciertos requisitos para evitar, también, que se tratara de figuras vacías. ¿Se deberían financiar o no esas candidaturas con recursos públicos? Recordemos que esos recursos deberían disminuir drásticamente respecto a los partidos y que se deberían abrir y transparentar mucho más los aportes privados. Las candidaturas independientes entonces, no deberían recibir recursos públicos, salvo los que correspondan a los partidos que, finalmente, decidan apoyarlas.
No debería ser interpretada, tampoco, ésta como una decisión destinada a Jorge Castañeda, que es el que ha presentado uno de los amparos que deberá resolver la Corte hoy, o incluso para el Dr. Simi, o cualquier otro aspirante que se defina como independiente. Son medidas de apertura y modernización que, en la medida en que quiten candados anacrónicos a nuestra legislación electoral, harán más eficiente y abierto el sistema político. Además de que ese tipo de medidas, difícilmente se puede adjudicar a personalidades específicas: en el 93, muchos especularon que las reformas electorales que permitían que fueran candidatos presidenciales las personas cuyos padres no fueran nacidos en México (un anacronismo insostenible en la mayoría de los países), estaba destinada a Jaime Serra Puche para que pudiera ser candidato en el 2000. Sirvió políticamente pero para que fuera candidato y ganara la elección Vicente Fox. Lo mismo, por encima de Castañeda o cualquier otro, podría suceder el día de mañana.
Porque, muy probablemente, avanzar en este tipo de posibilidades no se aplicaría necesariamente en las candidaturas presidenciales: es probable que lo veamos mucho más, si se autorizaran las candidaturas independientes, en el ámbito municipal o estatal. ¿En cuántos casos, verdaderos líderes locales se ven impelidos a buscar una candidatura a través de un partido, aunque no estén de acuerdo con él o no les interese la actividad partidaria, porque de otras formas no pueden competir?¿cuántos no participan en la vida política activa porque no se les abren esos espacios?¿cuánto distorsiona en muchas ocasiones la vida partidaria el que se escoja a cualquiera de estos candidatos, aunque no coincidan en nada con el partido que les otorgó el registro? Los casos son innumerables pero preguntémonos, por ejemplo y para citar casos recientes, si Zeferino Torreblanca, en Guerrero, o Gabino Cué en Oaxaca, o el propio Miguel Angel Navarro en Nayarit, no hubieran preferido lanzarse como candidatos independientes (aunque luego los apoyaran, quizás, los partidos que lo hicieron en sus campañas) en lugar de registrarse, necesariamente, por uno de los partidos existentes. Para ambos, para los candidatos y para los partidos, la situación sería mucho más cómoda.
Es verdad que lo que decidirá la Corte el día de hoy no alcanza, ni remotamente, a involucrar todos estos temas: decidirá sobre un amparo presentado por una fuerza que impulsa la candidatura de Castañeda, nada más. Pero una decisión en el sentido correcto de la Suprema Corte, podría ser una de las muy pocas cosas que podrían presionar a los partidos a asumir sus responsabilidades y a abrir un sistema político que tienden, por el contrario a cerrarse cada vez más. En ello deben estar pensando los magistrados hoy cuando aborden nuevamente este tema.
Lo que no se debería buscar, sería una votación en la cual se intentara una suerte de “cambalache”, de trueque o regateo político en la Corte, que, por encima de las consideraciones legales, busque dejar a todos los actores relativamente contentos. Porque a este tema de las candidaturas independientes se suma el de la decisión sobre el juicio político del gobernador Sergio Estrada Cajigal e incluso continúa la presión del gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada para que la Corte dé marcha atrás en una de sus decisiones anteriores y permita la libertad de Armando Medina Millet, condenado por asesinar a su esposa Flor Ileana Abraham Mafud el 15 de noviembre de 1995. El caso ha recorrido todos los niveles judiciales, pero Patrón Laviada y su hermano, amigos del asesino, miembro de una de las familias más tradicionales del estado, se comprometieron públicamente a obtener su libertad. En eso están y tratan, ahora, de que la Corte falle en un sentido diferente al que lo han hecho ya todas las instancias judiciales en el estado, incluyendo el Tribunal Superior de Justicia.
¿Cuál podría ser el acuerdo de compensación? Por ejemplo, aceptar el amparo de Castañeda, que le dolería, sobre todo al PAN, pero en general a los partidos; rechazar el amparo de Estrada Cajigal que lo dejaría en camino directo a ser separado de su cargo acusado de dar protección a narcotraficantes en el estado, con el costo que ello implicaría para el PAN, y, para compensar, liberar a Medina Millet para que otro gobernador panista, Patrón Laviada, pueda mostrar algún triunfo político en un momento en que está siendo duramente criticado por haber decidido, fase track, construir, con una inversión de mil 400 millones de pesos, un nuevo aeropuerto para Mérida a unos pocos kilómetros del actual, el cual podría ampliarse sin problemas, y a un costo mucho menor. La decisión sobre este caso está, en buena medida, en manos del ministro Sergio Valls.
Podrían ser éstos u otros los equilibrios, los regateos políticos, a buscar a la hora de tomar decisiones, pero si se actuara así, bajo esa visión, la Corte estaría cometiendo un grave error: independientemente de los costos políticos que sus decisiones acarreen para cualquiera de los actores, la Corte debe buscar, con sus resoluciones, tanto apegarse a la letra como la espíritu de la ley. Si se parte de esa base, se deberían permitir las candidaturas independientes (estableciendo, por supuesto, un marco legal para las mismas), se debe desatar las manos del congreso local en el desafuero del gobernador Estrada Cajigal, que tanto debe explicar respecto a la penetración del narcotráfico en su gobierno, y se debe ratificar lo que en todos los niveles de la justicia yucateca ya se ha juzgado: que Medina Millet no puede ser absuelto del crimen que cometió para cumplirle un capricho a un gobernador. Es tanto lo que está en las manos de la Corte en estos días, en el ámbito de la justicia, de la política, de la ética y de la equidad (en todos los sentidos) que ojalá los ministros tomen las decisiones correctas.