Dos informaciones, dos acciones contrapuestas, que demuestran porqué la incertidumbre sigue siendo la norma en términos jurídicos y legales en nuestro país: el lunes se reunió el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el gobierno federal y los estatales, llegaron a un acuerdo nacional que constituye el primer acercamiento serio a lo que sociedad viene demandando en términos de seguridad pública, a un programa integral con plazos y responsabilidades definidas, que se puedan evaluar. Horas después, se anuncia la legalización de dos millones y medio de autos de los llamados chocolates.
Dos informaciones, dos acciones contrapuestas, que demuestran porqué la incertidumbre sigue siendo la norma en términos jurídicos y legales en nuestro país: el lunes se reunió el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el gobierno federal y los estatales, llegaron a un acuerdo nacional que constituye el primer acercamiento serio a lo que sociedad viene demandando en términos de seguridad pública, a un programa integral con plazos y responsabilidades definidas, que se puedan evaluar. Sin duda, es un paso adelante en ese sentido. Horas después, se anuncia la legalización de dos millones y medio de autos de los llamados chocolates , o sea ingresados ilegalmente al país, utilizando los mismos argumentos que se han esgrimido en las quince otras legalizaciones similares que se han dado (casi siempre previo a procesos electorales) en los últimos 25 años. Una vez más el discurso de la legalidad se contradice con la práctica cotidiana del poder y la certidumbre jurídica se vulnera.
El llamado acuerdo nacional para un México seguro, es una buena medida. Es también una medida que se podría haber aplicado tiempo atrás: prácticamente todas las acciones que se acordaron entre el gobierno federal y los estatales el lunes pasado, estaban incluidas en los acuerdos de las últimas reuniones del consejo nacional de seguridad pública realizadas en el año 2000, en el periodo de transición entre la elección del 2 de julio y la toma de posesión del presidente Fox. Después, los devaneos en el área de seguridad pública y el abandono en el que cayó el sistema nacional, dejaron muchos de estos planes en el olvido. Se perdieron cinco años, pero, por lo menos, se tuvo la sensatez de rescatarlos y tratar, ahora, de reencauzar con algunas medidas concretas la virtual crisis en la seguridad pública.
Los diez puntos del acuerdo son positivos y habían sido reclamados desde tiempo atrás, incluso todos ellos formaban parte de las propuestas que presentaron los organizadores de la marcha ciudadana del 27 de junio del año pasado. Se pide un 20 por ciento más de presupuesto para seguridad, mil millones de pesos, que, además, deberían ir etiquetados o sea que no puedan ser destinados a otra cosa que a la seguridad pública. Se institucionalizan los operativos conjuntos, entre los tres niveles de gobierno, para combatir la delincuencia, sobre todo el crimen organizado. Es la única forma de atacar, por ejemplo, el narcotráfico y sobre todo el narcomenudeo. Se establece el pago de recompensas por información que lleve a la detención de delincuentes de alta peligrosidad. Finalmente, luego de años de retraso, se ha decidido interconectar las bases de datos del sistema nacional de seguridad pública con todas las policías especializadas y agencias de investigación del país. La clave aquí está en restaurar el esquema de cooperación que se comenzaba a construir a fines del 2000 y que, finalmente, se perdió cuando el eje del debate fue la insistencia de la nueva administración de la SSP federal, a inicio del sexenio, de cambiar los equipos Matra que tenían la Federación y la mayoría de los estados, por equipos Motorola. En el mismo sentido se vuelve a plantear la depuración de los elementos de seguridad de todas las instancias a partir de una base de control en el propio sistema nacional de seguridad pública. Se depurarán, también, las compañías de seguridad privada, que cuentan con miles de elementos y que en muchas ocasiones no cumplen con la normatividad más elemental o incluso sirven a grupos delincuenciales. Se tendrá un control, una regulación, sobre los automóviles blindados. Finalmente se decidió bloquear las llamadas de celular de los penales y establecer un control sobre las llamadas que salgan de éstos. Y quizás, para todos nosotros, el punto más importante es otro: que finalmente, a más tardar el 31 de diciembre próximo, en todo el país el número 066 sirva para todos los servicios de emergencia y el 089 para la denuncia anónima de delitos. No se requiere ser un genio de las telecomunicaciones para lograrlo y hasta ahora no se había podido avanzar en este sentido, simplemente, por falta de coordinación e intereses extremadamente individuales, de algunos personajes e instituciones. Un capítulo clave en este sentido, era el Distrito Federal y nunca había podido darse un acuerdo al respecto con López Obrador. Afortunadamente con Alejandro Encinas se pudo, en horas, acordar lo que se había demorado casi cinco años en resolver.
Insistimos, es un buen programa, que no solucionará la crisis de la seguridad pública pero establece bases concretas, con fechas de implementación y responsabilidades específicas, que deberán ser evaluadas, a más tardar, el 10 de enero próximo. Es una buena noticia ante la que sólo cabe preguntarse porqué se tuvo que tardar tanto en encontrar una respuesta que, paradójicamente, siempre estuvo ahí.
La antítesis de ese acierto es la legalización de los autos chocolate . Es verdad, ayer platicaba con el coordinador de políticas públicas de la presidencia, Eduardo Sojo, y decía Sojo que la realidad no puede obviarse: que el tránsito de los paisanos que vienen de Estados Unidos con un automóvil es muy intenso, que esas unidades se quedan en el país y que es preferible legalizarlas antes que no tener control alguno sobre ellas. Incluso, sostuvo Sojo, con este decreto, complementado con otras acciones como la reducción del ISAN a los automóviles nuevos utilitarios, el ejecutivo se adelantó a una posible legislación del Congreso que hubiera sido aún más radical respecto a la legalización de esos dos millones y medio de automóviles.
El punto, en todo caso, no es ir contra la realidad, sino establecer un marco legal idóneo, adecuado y hacerlo cumplir. Lo cierto es que ha habido 15 legalizaciones iguales a ésta en 25 años. Y ya sería hora de asumir que si es inevitable la importación de automóviles usados por la frontera norte o sur, entonces se debería establecer una normatividad clara, transparente y que se aplique desde el mismo momento en que cualquier carro cruce la frontera, trazando un límite que sólo puede establecerse sobre un principio: no habrá más legalizaciones de automóviles ilegales y la opción, si no se cumplen las normas de importación, será el decomiso del automóvil.
El hecho es que el actual proceso de regularización, incluso con las adecuaciones que se han implementado en esta ocasión, sigue sirviendo a los intereses de organizaciones clientelares, ligadas casi siempre a distintos grupos políticos, que hacen un negocio multimillonario con el registro y la presión para la regularización de los carros importados ilegalmente. Organizaciones clientelares que en muchas ocasiones están en contubernio con grupos del crimen organizado que mueven vehículos robados en México hacia Centroamérica (y desde allí a cualquier parte del mundo) e introducen en México muchos carros robados, sobre todo, en Estados Unidos. Ese círculo vicioso, en lugar de romperse, se fortalece con éstas decisiones, y la única forma de contrarrestar ese fortalecimiento es a través de un marco legal basado en la realidad, pero también exigiendo que la normatividad se cumpla en lugar de que sea objeto de negociación política.
No se puede, un día, establecer toda una estrategia para comenzar a atacar la inseguridad con base en la exigencia en el respeto a la legalidad y al día siguiente, aceptar que los grupos de presión, lograron doblegarla.