La propuesta presidencial para abordar la inminente emergencia energética ocasionada por el huracán Katrina, ha sido calificada de ?insuficiente?, ?parcial?, como un ?paliativo? que ?no resuelve los problemas de fondo?. El decálogo presentado por el presidente Fox no resuelve los problemas centrales del sector energético, pero aunque contenga algunas medidas que podrían ser consideradas como ?populistas?, el hecho es que en general es una propuesta positiva: ayuda, intenta ser, como han dicho algunos de sus críticos, un ?paliativo? para atender una situación de emergencia y no una solución definitiva para un sector en el que se requieren reformas mucho más profundas.
La propuesta presidencial para abordar la inminente emergencia energética ocasionada por el huracán Katrina, ha sido calificada de “insuficiente”, “parcial”, como un “paliativo” que “no resuelve los problemas de fondo”. Es verdad, el decálogo presentado el lunes por el presidente Fox no resuelve los problemas centrales del sector energético, pero aunque contenga algunas medidas que podrían ser consideradas como “populistas” (incluyendo el control de precios en el gas, por ejemplo, aunque en ocasiones la responsabilidad del Estado es precisamente esa, amortiguar algunas de las presiones del mercado contra sectores que pueden ser notoriamente desfavorecidos por éste, pero pensando no en el interés sectorial sino en el global), el hecho es que en general es una propuesta positiva: ayuda, intenta ser, como han dicho algunos de sus críticos, un “paliativo” para atender una situación de emergencia y no una solución definitiva para un sector en el que se requieren reformas mucho más profundas. Pero es una propuesta que ayuda a resolver esos problemas, en lugar de permitir que se sigan deteriorando. Un “paliativo”, una reforma “parcial” porque ya sabemos que ninguna reforma de fondo será aprobada en lo que resta de esta administración.
México importa altísimos volúmenes de gas natural, pese a que tenemos reservas que permitirían, sin apuros, garantizar el abasto para nuestro mercado e incluso exportar. Peor aún: importamos la mayor parte de ese gas de Texas, un país con el que compartimos buena parte de nuestras reservas, con la diferencia de que ellos las explotan y nosotros no. Siendo rigurosos, estamos importando, al precio más caro del mercado mundial, un gas que, si pudiéramos extraerlo del subsuelo, sería nuestro. Ello en la llamada Cuenca de Burgos, porque existe otra enorme cantidad de gas que se termina desperdiciando en el proceso de explotación petrolera.
Pero el tema de la cuenca de Burgos es clave porque además de estar allí las mayores reservas de gas no ligadas al petróleo, la zona aledaña, la de nuestro proveedores texanos, ha sido gravemente afectada por el huracán Katrina, que destruyó, además, buena parte de la infraestructura energética del sureste de los Estados Unidos. O sea que tendremos que pagar más caro por ese gas y, además, corremos el serio peligro de no contar con él por la sencilla razón de que la capacidad productiva de nuestros proveedores ha disminuido.
La propuesta presidencial demanda una reforma constitucional para que en ese sector pueda existir una coinversión pública y privada para explotar esas reservas y contar con un gas más barato y un suministro seguro del mismo. Incluso se especifica, para no generar susceptibilidades, que esa coinversión sólo podría darse en la explotación de gas no ligado al petróleo. Nadie, con cierta sensatez, podría decir que ello afecta nuestra soberanía, y cualquiera que supiera matemáticas podría comprender que afecta más a la soberanía y a los bolsillos no utilizar esas reservas por falta de recursos y tecnología, al tiempo que se compra a Estados Unidos un producto caro y ahora, también, escaso.
Algunos preguntarán porqué no se invierten recursos públicos en ello. El problema es que esos recursos públicos son finitos y que para la explotación de esas reservas, el que los inversionistas sean públicos o privados, no hace una diferencia. O mejor dicho sí la hace: no contamos hoy con los recursos multimillonarios necesarios para explotar el sector y aprovechar la ventana de oportunidad que se presenta, y si existieran esos recursos sería mucho más positivo que se utilizaran en programas sociales y de infraestructura.
La otra propuesta de reforma es un más directa: propone que se acepte la posibilidad de que exista inversión pública y privada, para el mantenimiento y la renovación de los ductos de PEMEX, que requieren desde hace años mantenimiento y deben ser reemplazados con la secuela inevitable de accidentes, incluyendo derrames y explosiones. Pero hacerlo puede costar, sólo atendiendo lo más urgente, unos dos mil millones de dólares. El problema va más allá de las consecuencias humanas, sociales y ecológicas que implican derrames y estallidos de los conductos: una parte de los petroquímicos y del crudo que circula por los mismos se pierde, ya sea por filtraciones como por la explotación ilegal que se hace de ellos, aprovechando los déficit que ocasiona el deterioro de los ductos y su añeja tecnología.
¿Alguien puede pensar que se pone en riesgo la soberanía nacional porque se pueda invertir en tubos, en conductos, ya sea en su renovación o mantenimiento? Por supuesto que no. Se podrá argumentar que, obviamente, con ello no se solucionan los problemas que aquejan a la industria petrolera, pero se liberan muchísimos recursos para invertirlo en lo sustantivo, mientras que se abre un espacio para la inversión que solucionará problemas, generará fuentes de trabajo y, además, mejorará la calidad de vida de las poblaciones amenazadas por conductos que tienen más de dos décadas de antigüedad.
Desgraciadamente, no parece que estas reformas vayan a pasar. Ya los priistas y los perredistas han dicho que no la apoyarán. Emilio Chauyffet el coordinador de los diputados priistas hizo una declaración de antología a pocas horas de que se conociera la propuesta presidencial. Dijo que su partido, por principio, no apoyará reformas constitucionales en esta administración, pero que todavía no había leído la iniciativa gubernamental. El presidente de la mesa directiva, Heliodoro Díaz, sostuvo que respladarán las medidas que “apoyen a la población” pero no los cambios estructurales. En el PRD, insistieron en que no era suficiente y que lo que se necesita es que la CFE y PEMEX inviertan más en sus propios proyectos, argumentando que el veto presidencial al nuevo régimen fiscal de la paraestatal es el que impide esas inversiones, sin explicar porqué sus propios gobernadores fueron los que pidieron ese veto para no perder recursos fiscales y sin asumir que el nuevo régimen fiscal para PEMEX sólo puede ser viable en el contexto de una reforma fiscal más amplia que garantice los recursos públicos que el fisco dejará de recaudar vía PEMEX.
Estos son los temas importantes. De poco importa que los candidatos presidenciales, hablen de si irán a vivir a palacio nacional o no, o si quitarán o no las pensiones a los ex presidentes, si quieren financiar sus campañas con “redondeos” en supermercados o de cualquier otra manera: el hecho es que si no toman posición hasta estos temas todo lo demás pierde sentido. ¿Qué quieren hace en este ámbito Madrazo, Montiel, López Obrador, Creel, Paty Mercado, Calderón, Cuauhtémoc Cárdenas? Los dos últimos han presentado propuestas concretas sobre el tema, lo otros no y particularmente los priistas y el perredista no quieren ni hablar de propuestas concretas para no comprometerse.
El gobierno federal en este caso, sólo puede ser responsabilizado de no haber avanzado en esta negociación con el congreso antes de dar a conocer la iniciativa. En realidad es una suerte de historia circular: el gobierno federal dice que los congresistas, simplemente, lo bloquean y le regresan todo lo que envía. Los legisladores sostienen que lo que sucede es que el gobierno no tiene capacidad de operación política y no negocia esas iniciativas. Lo terrible es que los dos tienen razón.