Algo está pasando en la PGR porque lleva dos días consecutivos cayendo en graves contradicciones. Primero, cuando el secretario de la Defensa advirtió sobre la posibilidad de que soldados guatemaltecos de los llamados kaibiles pudieran estar relacionados con el grupo paramilitar de Los Zetas, al servicio del cártel del Golfo, la procuraduría se apresuró a sacar un comunicado, de alguna manera desmintiendo al general Ricardo Clemente Vega García, y diciendo que sí habían sido detenidos siete guatemaltecos en la zona de Tapachula, que sólo tres de ellos tenían relación con las fuerzas armadas de Guatemala y que ninguno era un soldado de élite.
Algo está pasando en la PGR porque lleva dos días consecutivos cayendo en graves contradicciones. Primero, cuando el secretario de la Defensa advirtió sobre la posibilidad de que soldados guatemaltecos de los llamados kaibiles pudieran estar relacionados con el grupo paramilitar de Los Zetas, al servicio del cártel del Golfo, la procuraduría se apresuró a sacar un comunicado, de alguna manera desmintiendo al general Ricardo Clemente Vega García, y diciendo que sí habían sido detenidos siete guatemaltecos en la zona de Tapachula, que sólo tres de ellos tenían relación con las fuerzas armadas de Guatemala y que ninguno era un soldado de élite. Desconcertante, porque dudo que en esos temas, exista alguien con mejor información que el secretario de la Defensa, pero más desconcertante aún es que en lugar de comunicarse en forma privada el procurador Cabeza de Vaca con el general secretario, lo desmienta a través de una comunicado, cuando, además, es pública la presencia de militares y ex militares guatemaltecos en las redes del narcotráfico que operan desde el sur del país. Pero en eso profundizaremos más adelante.
Ayer mismo, a través de un comunicado oficial, la PGR informó que el empresario Javier Moreno Valle, principal propietario de Canal 40 y acusado de fraude fiscal por tres millones de pesos, había sido localizado en Estados Unidos, extraoficialmente se dijo que en Houston, a través de la INTERPOL y que la PGR presentaría inmediatamente la solicitud de extradición. El tema fue ampliamente difundido durante todo en día en distintos medios. Pero ya en la noche, la agencia oficial Notimex distribuyó una entrevista con el agregado en Texas de la procuraduría, Fernando Morones, en la que éste asegura que la PGR no tiene ubicado a Moreno Valle ni en Texas ni en ningún otro lugar de la Unión Americana. Pero el agregado fue más allá: afirmó que desconocía de dónde había salido esa información a la que calificó de una “falsedad”. Pues bien, salió de las oficinas centrales de la dependencia que dice representar el señor Morones. Al momento de escribir estas líneas, en la PGR estaban doblemente desconcertados porque no sabían la razón por la cual Morones había descalificado la información de la propia procuraduría, pero tampoco nadie explicaba que sucedía con Moreno Valle. Apenas 72 horas antes, la presidencia de la república decía que Ramón Martín Huerta y otros funcionarios habían recibido amenazas de muerte, pero el entonces encargado de despacho de la SSP lo desmentía y la propia PGR, horas después, decía que ningún funcionario de esa dependencia había recibido, tampoco, amenazas de muerte. Unas horas más tarde era asesinado en Monterrey el fiscal antidrogas de la PGR para Nuevo León.
No pueden darse semejantes contradicciones en áreas tan sensibles. Que los funcionarios de todas las áreas de seguridad que están en ámbitos operativos han recibido amenazas es una verdad difícil de ocultar. Que Moreno Valle aparentemente sí ha sido localizado por la INTERPOL parece ser, también, verídico. Que militares y ex militares guatemaltecos están involucrados en el narcotráfico es algo de lo que existen pruebas desde fines de los noventa. ¿Por qué se dan estas confusiones?¿o estamos ante un enfrentamiento político interno realmente muy difícil de explicar?
Vamos al caso de los militares guatemaltecos. Las primeras redes organizadas con participación de militares guatemaltecos en el narcotráfico fueron detectadas desde 1994-95, precisamente en la zona de El Petén, donde se libraba una cruenta lucha de esos grupos militares encabezados por los kaibiles, con dos organizaciones armadas, la ORPA y la URN. En el 96, con la firma del acuerdo de paz, muchas de esos elementos quedaron “desempleados” y se concentraron en el crimen organizado: tráfico de drogas, de gente, de armas y también de maderas preciosas. Ya en 1999, estaba plenamente conformado lo que se conoce como el cártel Sayaxché, por la ciudad cercana a la frontera desde la cual opera. En él participan militares y ex militares e incluso varios integrantes de lo que fueron la ORPA y la URN. El primer jefe del cártel de Sayaxché fue quien era en esos años el alcalde de la ciudad, Carlos Cifuentes, y la operación se realizaba con el respaldo de un grupo de narcotraficantes mexicanos, de origen poblano, de apellido Aguilar. Han desarrollado diversas vías para ingresar la droga a México: una partía de Sayaxché, cruzaba por Benemérito de las Américas, iba a Frontera Corozal y de allí a Palenque. La otra partía de los pueblos de San Benito y la Libertad, cruzaba hacia Tenosique, en Tabasco y de allí tomaba distintas rutas. La mayor parte del transporte se hace con camiones, pero se utilizan también los ríos Usumacinta y Lacantúm, además de la carretera Palenque-Comitán. Esto se viene desarrollando de esa forma desde hace años. Quizás la mayor diferencia es que buena parte de esos contactos se mantenían con grupos que aparentemente estaban relacionados con Joaquín El Chapo Guzmán que asentó su gente en esa parte de la frontera desde inicios de los 90.
¿Qué podría haber cambiado? Algo que es clave: la importancia de Guatemala en toda la operación continental. De la costa del caribe colombiano parte poco más de una tonelada diaria de cocaína pura en lanchas rápidas. Más del 60 por ciento de esa drogas pasa, antes de llegar a Estados Unidos, por México. La mayor parte de lo que está llegando a México (sin contar la droga que llega por otras vías como la costa del Pacífico), está pasando previamente por Guatemala, aunque haya realizado una escala anterior en Panamá u otros puntos de Centroamérica y el Caribe. Las versiones de fuentes de inteligencia sobre todo estadounidenses, insisten en que la penetración del narcotráfico en Guatemala es cada día mayor y afecta, obviamente, a las fuerzas militares y que son en su mayoría militares y ex militares o ex guerrilleros los principales operadores, ligados obviamente con grupos mexicanos. Hace apenas unas semanas, uno de los principales operadores de esa red, escapó sin que nadie pudiera explicar cómo, de un reclusorio del DF, cuando estaba a punto de ser extraditado a los Estados Unidos. Hay mucha droga en Guatemala, hay mucha oferta y los grupos se han diversificado. Para el cártel de Osiel Cárdenas, abrir un espacio en esa parte de la frontera es fundamental y es parte del enfrentamiento que sostiene con el Chapo Guzmán y sus asociados. Golpeado en Nuevo Laredo, con buena parte de sus redes destruidas en el golfo de México, con sus contactos colombianos también golpeados, Cárdenas debe mantener algunas posiciones clave: por eso lo que estamos viendo en Michoacán y Guerrero (el resto del Pacífico parece estar en manos de los grupos ligados a Guzmán), y muy posiblemente el movimiento del que advirtió el general secretario de la defensa en su comparecencia en el senado.
Quizás, es una especulación, ello debe ser entendido como un mensaje dentro, pero también fuera del país, quizás porque se considera que las fuerzas armadas de Guatemala no están haciendo lo suficiente para enfrentar ese desafío.
Pero inexplicablemente parece que en el gobierno federal, los problemas realmente delicados no se comprenden. La verdad es que importa muy poco saber si Gil Díaz se reunió o no con Salinas para hablar de temas fiscales. Estos son algunos de los temas claves de la agenda nacional y ni siquiera existe coherencia en ciertas áreas gubernamentales para abordarlos.