La actuación del sindicato de trabajadores del IMSS es deplorable. Los dirigentes del sindicato, encabezados por su secretario general Roberto Vega Galina, en pos de posiciones electorales para el año próximo amenazan con un conflicto laboral de graves consecuencias, paralizando a partir del 16 de octubre próximo hasta los servicios de urgencia que presta el IMSS, sin poder argumentar nada sólido, fuera de exigir mejoras en un contrato colectivo de trabajo que ya es, con mucho, uno de los mejores, sino el mejor, de los trabajadores del país.
La actuación del sindicato de trabajadores del IMSS es deplorable. Los dirigentes del del sindicato, encabezados por su secretario general Roberto Vega Galina, en pos de posiciones electorales para el año próximo (algunos de los dirigentes, como el propio Vega, en el PRI, muchos otros en el PRD, algunos más en la “otra campaña” zapatista) amenazan con un conflicto laboral de graves consecuencias, paralizando a partir del 16 de octubre próximo hasta los servicios de urgencia que presta el IMSS, sin poder argumentar nada sólido, fuera de exigir mejoras en un contrato colectivo de trabajo que ya es, con mucho, uno de los mejores, sino el mejor, de los trabajadores del país.
El problema, por supuesto, no es que los trabajadores del IMSS traten de estar lo mejor posible. El problema es que no pueden obtener sistemáticamente esa mejoría en demérito de los millones de trabajadores que aportan al Seguro Social y que mantienen a éste y a sus trabajadores sindicalizados. El intento, que ni siquiera está disimulado, es echar para atrás las reformas a la ley de IMSS recientemente aprobadas. Esas reformas lo que dicen es relativamente sencillo: las aportaciones de los trabajadores de aquí a futuro se destinarán para los servicios de los afiliados, el IMSS no las puede utilizar para gasto corriente o sea, para pagar a sus propios empleados. Ello lleva a replantear, sobre todo, el sistema de pensiones de los propios sindicalizados del IMSS, que hoy están en condiciones muchísimo más favorables que los de cualquier otro trabajador.
Es sencillo demostrar porqué: este año pasado, el IMSS gastó más en el pago de pensiones para sus propios trabajadores (no confundir con las pensiones de los trabajadores que durante años aportaron al IMSS y que cobran pensiones misérrimas en la mayoría de los casos) que suman unos 120 mil pensionados sobre un total de 370 mil trabajadores, que en medicamentos para sus 13 millones de afiliados, que, con sus familias suman unos 45 millones de personas, más tres millones y medio de jubilados y pensionados. No tiene sentido: no puede ser que casi 50 millones de personas, que son además las que con sus cuotas mantienen al IMSS, sean sacrificadas y no reciban los servicios mínimos necesarios por lo que además pagan, para mejorar las condiciones laborales de 370 mil trabajadores sindicalizados. Simplemente no es justo.
El hecho es que el sindicato quiere echar para atrás las reformas y lo está haciendo con el argumento de que quiere mejorar las condiciones del contrato colectivo de trabajo (en realidad, aunque a algunos les parezca un argumento excesivamente neoliberal, el hecho es que por contratos colectivos como éstos es que nuestra competitividad como país está en el lugar 55 a nivel mundial: es imposible ser competitivo cuando alguien puede jubilarse a los 45 años y recibir como pensión, por el resto de su vida, que en las actuales condiciones puede fácilmente duplicarse, el 130 por ciento, indexado, año con año, de su último salario y eso es sólo un ejemplo, de un contrato colectivo que resulta lisa y llanamente inviable). Pero como las cuotas obrero-patronales están “etiquetadas” o sea que no se pueden utilizar para ese fin, la propuesta sindical es que el gobierno ponga aún más recursos de su parte para sustentar esas peticiones (lo que implica lo mismo: que sea con recursos fiscales, o sea con las aportaciones en impuestos que hacemos todos quienes los pagamos, que se financien las demandas del sindicato del IMSS) o que se reforme la ley para seguir recibiendo una tajada mayor de las cuotas obrero-patronales.
Es más injusta aún la demanda del sindicato porque las reformas a la ley no son retroactivas. Todos los trabajadores del Seguro Social que fueron contratados antes de que entrara en vigor la reforma a la ley, conservan plenamente sus derechos adquiridos, las modificaciones se aplicarán sólo a los nuevos trabajadores que se vayan incorporando de ahora hacia el futuro, como una forma de frenar el crecimiento geométrico de un problema que, si no es atacado de esta forma, provocará una crisis financiera global, una suerte de Fobaproa mucho más costoso económica y socialmente, porque, como ha ocurrido en otros países, simplemente la falta de recursos terminará paralizando la seguridad social.
La posición del gobierno ha dejado mucho que desear en todo esto. Aceptó, por las presiones del sindicato, deshacerse, de mala manera además, de Santiago Levy, un hombre con el que se puede o no estar de acuerdo en muchas cosas, pero que dio una lucha denodada por hacer viable financieramente al Seguro Social y obtuvo, en ese sentido, logros importantes. Por supuesto que ello le generó la animadversión del sindicato, porque en muchas ocasiones solo, sin respaldo del resto del gobierno federal (que como sabemos prefiere aplicar ante cualquier conflicto aquella vieja máxima de que “soldado vivo sirve para otra guerra”) se tuvo que enfrentar con el sindicato y, finalmente, con base en argumentos y números, logró que saliera adelante la reforma que ahora se quiere echar para atrás.
El sindicato exigió la salida de Levy no para acabar con el conflicto, sino, sólo, para sentarse a dialogar. Y el gobierno se lo concedió. Colocó en la dirección general del IMSS a un hombre con credenciales intachables, Fernando Flores, quien es, además, alguien de toda la confianza del secretario de Gobernación, Carlos Abascal. Flores conoce perfectamente bien al IMSS, y es reconocido como un buen negociador con organizaciones sindicales y ojalá tenga éxito en su encargo. La pregunta es qué puede negociar. La ley, ha dicho el gobierno una y otra vez, y se lo han exigido la mayoría de los legisladores del PAN y del PRI, no es negociable y mayores recursos públicos no se pueden destinar al mantenimiento de los trabajadores sindicalizados del IMSS. Y allí se llega al límite de las posibilidades de negociación. Todos los ex directores del Seguro Social, en forma particular dos de ellos, hoy senadores, Emilio Gamboa Patrón y Genaro Borrego Estrada, insisten en que lo que queda por hacer es sí ir revisando el contrato colectivo de trabajo pero para adecuarlo, para ponerlo más en consonancia con el del resto de los mexicanos. La única excepción es Ricardo García Sainz, actual dirigente perredista y que fue el principal responsable de la debacle financiera del Instituto al despilfarrar durante su gestión los fondos de pensiones en otros gastos, incluyendo el actual contrato colectivo. Hoy García Sainz dice que con las reformas se está “afectando a las generaciones futuras” de trabajadores del seguro social. Olvida, por ejemplo, que sin ellas se está afectando no sólo a generaciones futuras de millones y millones de mexicanos que verán como el Seguro Social se dirigirá hacia una inevitable quiebra técnica, sino también a las generaciones actuales de trabajadores que aportan y mantienen el Seguro Social y que no pueden gozar ni de un servicio médico adecuado, ni de las medicinas que requieren, ni de una atención digna. Y si los trabajadores de “generaciones futuras” de sindicalizados del IMSS deben sacrificar algo durante los años entrantes para que casi 50 millones de trabajadores puedan hoy y mañana recibir algo más en consonancia con los aportes que realizan para mantener el Seguro Social, me parece una acción de mínima justicia social. Lo demás, es politiquería barata.