Desde hace varias semanas, el candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador ha emprendido una campaña contra diversas instituciones, pero sobre todo aquellas que no dependen del poder ejecutivo federal, y ha puesto el acento, sobre todo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como suele suceder con estas campañas del ex jefe de gobierno, la misma está basada en mentiras o medias verdades, con un fin político que pareciera identificarlo con la política seguida por Hugo Chávez en Venezuela, cuya decisión central para concentrar el poder político fue, precisamente, la desaparición de un poder judicial independiente en su país.
Desde hace varias semanas, el candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador ha emprendido una campaña contra diversas instituciones, pero sobre todo aquellas que no dependen del poder ejecutivo federal, y ha puesto el acento, sobre todo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como suele suceder con estas campañas del ex jefe de gobierno, la misma está basada en mentiras o medias verdades, con un fin político que pareciera identificarlo con la política seguida por Hugo Chávez en Venezuela, cuya decisión central para concentrar el poder político fue, precisamente, la desaparición de un poder judicial independiente en su país.
De otra forma resultan incomprensibles las declaraciones de López Obrador. Este fin de semana en Morelos, por ejemplo, reiteró que los ministros de la Corte ganan cuatrocientos mil pesos mensuales y que si llega a la presidencia reducirá esos sueldos para que ningún funcionario pueda ganar más de 75 mil pesos mensuales. Así, y con la eliminación de las pensiones vitalicias de los ex presidentes, aseguró que ahorrará nada más y nada menos que cien mil millones de pesos al año. Las cifras evidentemente no cuadran, pero lo que dice el candidato es mentira: el sueldo de los ministros de la Suprema Corte no es de 400 mil pesos y no es fijado por sus propios integrantes sino por los diputados en el congreso. El salario actual de cada ministro de la Corte no es superior al del presidente de la república sino que es el mismo que tiene un subsecretario de Estado y la homologación salarial tampoco es nueva: se acordó desde 1982. Pero el ex jefe de gobierno tampoco puede disminuir el salario de los ministros de la Corte, aunque le parezca excesivo. El artículo 94 de la Constitución establece que la remuneración que recibirán los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la judicatura federal, así como los magistrados electorales no podrá ser disminuida durante su encargo. Esa disposición está destinada precisamente a impedir que por la vía económica los otros poderes, y particularmente el ejecutivo, puedan presionar al poder judicial y mantener así su independencia. Si López Obrador dijera que eso sólo ocurre en México, también estaría mintiendo. Se trata de un principio establecido en casi todas las constituciones europeas desde el siglo 18. En México se estableció desde la constitución de 1824.
Fue más allá el candidato del PRD: aseguró que está estudiando propuestas para reformar el máximo órgano de justicia y acabar con “los privilegios y la impunidad” de la que gozan sus miembros. Aseguró que propondrá una reforma, en la que dice que está trabajando con Juventino Castro y Castro, para que los ministros y los jueces “no sean nombrados por el presidente, para que haya otro sistema de elección y que no sigan dependiendo del poder ejecutivo, para que no suceda lo que pasó con el desafuero (sic)”. O el ex jefe de gobierno no ha leído la constitución o nuevamente está mintiendo. ¿De dónde sacó que los ministros y jueces son designados por el presidente?. El presidente lo único que puede hacer es enviar una terna al senado, que es donde se hacen las designaciones. Si el senado, como ocurrió recientemente, no está de acuerdo con algún nombre de esa terna, la regresa al presidente, hasta que se logre un consenso en un nombre aprobado por dos terceras partes de los senadores. Los jueces tampoco son nombrados por el presidente: éste ni siquiera interviene en el proceso. Llama la atención que semejante barbaridad se diga cuando el candidato asegura estar asesorado por don Juventino Castro y Castro, un miembro de la Corte que se jubiló hace apenas dos años de ella.
También, en Yautepec, López Obrador rescató el episodio de la reunión del presidente de la Corte, Mariano Azuela, con el presidente Fox cuando se abordó el tema del desafuero, para decir que el presidente de la Corte actuó así como un “empleado del presidente”. Es otra barbaridad. Dos ejemplos: cuando estaba decidiéndose la integración o no del Consejo de Transparencia en el DF, al que siempre se opuso López Obrador, se presentó un amparo por parte de los consejeros independientes electos. El caso llegó a las manos del ministro Genaro Góngora Pimentel, que terminó aplazando esa integración del Consejo, coincidiendo con lo que quería el gobierno del DF. Se dijo que el ministro Góngora había actuado de esa manera por la amistad que tenía con López Obrador y incluso se dijo que se reunían regularmente para desayunar. Ambos reconocieron que tenían una buena relación y que sí, que se reunían para desayunar, pero que eso no afectaba la independencia y el criterio del ex presidente de la Corte. Muy probablemente sea así, pero de seguir el razonamiento de López Obrador tendríamos que concluir que don Genaro tendría que excusarse de todos los casos que involucren a López Obrador o peor que se trata de un “empleado” o algo similar del ex jefe de gobierno. Es un despropósito. Otro ejemplo: ¿cuántas veces se reunió López Obrador durante su gestión en la capital del país con los integrantes del Tribunal Superior de Justicia del DF?. Seguramente muchas. ¿Eso los convertía en sus “empleados”?
Algo similar dijo López Obrador en Teziutlán, en Puebla para golpear a los integrantes del IFE y a su presidente, Luis Carlos Ugalde porque éste osó recordarle que el IFE, por ley no puede quitarle prerrogativas a los partidos políticos para destinarlas a los damnificados por Stan como proponía AMLO. Esa, dijo, debe ser una decisión voluntaria de cada partido (como el gobierno del DF no podía quitarle, como lo hizo, una parte de su salario a sus trabajadores para financiar la campaña contra el desafuero). Para López Obrador la razón de esa negativa no era legal, ni siquiera se refirió a ello, es que el director del IFE, dijo, “gana 200 mil pesos mensuales”. Y agregó “que se vayan preparando porque si llego a la presidencia esos sueldos no se van a poder cobrar”. Olvida, una vez más, que el salario de los consejeros del IFE no los fija ni el presidente ni el propio IFE, sino el congreso mediante un acuerdo constitucional: cobran lo mismo que un ministro de la Corte. Así se estableció desde que existe un IFE independiente y fue una de las medidas impulsadas por el PRD para garantizar, precisamente esa independencia. Por lo tanto, salvo que el congreso realice una reforma constitucional, López Obrador no podrá modificar esos salarios.
Llama la atención tanta insistencia en la austeridad y el accionar recto de su equipo en un hombre que, hasta el día de hoy no ha explicado de dónde salían los recursos que manejaba su secretario de Finanzas, Gustavo Ponce Meléndez, actualmente preso por acusaciones de lavado de dinero. O que tenía un chofer que ganaba casi su mismo sueldo. Pero incluso que mantiene, hasta el día de hoy, asesores para su campaña pagados por el propio gobierno capitalino. Su sucesor, Alejandro Encinas, declaró, apenas el 13 de octubre pasado, que los funcionarios del GDF tienen permiso para colaborar en el equipo del candidato presidencial de su partido y aceptó que ése es el caso de José María Pérez Gay, que está en el consejo de notables de López Obrador y sin embargo seguirá cobrando en el GDF un salario de 68 mil pesos mensuales. Incluso Encinas lo justificó, diciendo que en el caso de sus asesores, como Pérez Gay, para él es suficiente tener una reunión con ellos un día de la semana y que el resto del tiempo lo puede utilizar en otros asuntos, ya que están en su derecho de colaborar con cualquier partido político. Vaya, qué extraño que para un candidato que está proponiendo que nadie en el gobierno y en los otros poderes de la Unión, gane más de 75 mil pesos, no le parezca mal que el salario de uno de sus asesores lo pague el gobierno del DF y que obtenga esa cantidad sólo por reunirse una vez a la semana con su jefe. El problema no es el salario: es la intención de presionar y buscar tener control sobre las instituciones autónomas del poder ejecutivo y lo mismo se aplica a la Suprema Corte que al IFE que a las instituciones financieras. No le gusta a AMLO la comparación, pero eso, exactamente, es lo que hizo Hugo Chávez.